Interior dice que la actual tesorera del PP fue la administradora de las elecciones que investiga el juez

El juez Víctor Gómez amplió el pasado abril la investigación del blanqueo a la de un presunto delito electoral por la procedencia supuestamente ilícita del dinero con el que se financiaron las campañas del partido.

Dentro de ella, el instructor solicitó una serie de documentación, como información al Tribunal de Cuentas sobre una de las cuentas del PP para comprobar si pasó los controles oportunos o la identificación de los responsables electorales siguiento el artículo 149 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General. En él se especifica que el delito afectaría a los administradores generales y de las candidaturas de los partidos que falseen las cuentas, reflejando u omitiendo indebidamente en las mismas aportaciones o gastos o usando de cualquier artificio que suponga aumento o disminución de las partidas contables.

En el caso de dos de las campañas que se investigan, la de 2011 y la de 2015, el Ministerio del Interior identifica en su oficio que la Administradora General era Carmen Navarro y que no consta ningún administrador de la candidatura en ninguno de estos dos años.

Sería, pues, una de las personas que podrían ser imputadas en el marco de la investigación, dado que el delito electoral no se puede atribuir a un partido político, sino sólo a personas físicas.

En el caso de las elecciones de 2007, el extesorero Luis Bárcenas figuraba tanto de administrador general como de la candidatura.

Las sospechas apuntan sobre todo a la que fuera secretaria del grupo municipal Mari Carmen García-Fuster . Su última declaración ante el juez fue clave en este sentido. En ella se negó a desvelar la procedencia de los ingresos detectados en 2003, 2010 y 2011 por un importe superior a 200.000 euros (los cuales coinciden con convocatorias electorales), así como la identidad de la persona (el recaudador) que le entregaba ese dinero.

Este silencio resulta «significativo» para el magistrado pese a que la presunta naturaleza delictiva de comisiones o mordidas en el ámbito de la Concejalía de Cultura que se investigan en la pieza principal del caso Imelsa «son muy anteriores en el tiempo».

Al no estar acreditado el origen delictivo del dinero supuestamente blanqueado –los indicios se encontrarían en la pieza principal de la causa– las declaraciones de García-Fuster permitieron introducir ese ilícito y conllevaron la ampliación de la investigación a posible delito electoral.