La imputación de la tesorera del PP acentuaría la brecha entre el partido y el grupo municipal

Esta documentación se ha facilitado tras la petición por parte del juez Víctor Gómez tras ampliar la investigación del blanqueo a la de un presunto delito electoral por la procedencia supuestamente ilícita del dinero con el que se financiaron las campañas del partido.

La intención del instructor es identificar a los responsables electorales siguiento el artículo 149 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General. En él se especifica que el delito afectaría a los administradores generales y de las candidaturas de los partidos que falseen las cuentas, reflejando u omitiendo indebidamente en las mismas aportaciones o gastos o usando de cualquier artificio que suponga aumento o disminución de las partidas contables.

En el caso de dos de las campañas que se investigan, la de 2011 y la de 2015, el Ministerio del Interior identifica en su oficio que la Administradora General era Carmen Navarro y que no consta ningún administrador de la candidatura en ninguno de estos dos años.

Sería, pues, una de las personas que, según fuentes cercanas a la causa, podrían ser imputadas en el marco de la investigación, dado que el delito electoral no se puede atribuir a un partido político , sino sólo a personas físicas.

En el seno del PP no ocultan su preoupación sobre esta posibilidad. Si desde Génova ya existe descontento debido a la situación generada en Valencia, ahora el caso toca de lleno en la cúpula del partido sin que exista, indican, una responsabilidad directa de Carmen Navarro en los hechos, «sino que se debe únicamente a su cargo» .

Fuentes de la dirección regional del partido consideran que, en el caso de que la tesorera tuviera que declarar como investigada, se acabaría produciendo un enfrentamiento directo con el grupo municipal en sede judicial . «El PP se tiene que defender, como es lógico, puesto que no tenía nada que ver en la gestión de las cuentas del Ayuntamiento como ya explicó el representante jurídico en su declaración . Y esa defensa acabaría en un ataque hacia aquellos que se encuentran más cerca de los hechos», admiten.

Una nueva brecha más que se uniría a la política. Las mismas fuentes entienden que si Carmen Navarro acabara teniendo que declarar, Génova aceleraría también la expulsión de los ediles , con un expediente informativo abierto en este momento que no se resolverá hasta después de elecciones.

La intención del partido es abordar su situación inmediatamente después de los comicios, pero los acontecimientos judiciales podrían marcar igualmente estas decisiones. Aunque la instrucción del blanqueo está prácticamente finalizada , la del delito electoral (que previsiblemente acabe en una pieza separada) se extenderá más en el tiempo y todavía no está claro a quién podría alcanzar.