El Gobierno aprueba 746 millones en ayudas por la DANA, ni la mitad de los daños

Según la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá , hacen falta unas políticas públicas que supongan «un giro radical en relación con el clima». Los fondos atenderán no solo este último desastre en el sureste e interior de la península, sino que se tendrán que repartir para los daños causados por las tormentas e inundaciones de julio en Orense; los efectos de otra DANA en agosto en Madrid, Zaragoza, Cáceres, La Rioja, Segovia, Valladolid, Ávila, Toledo, Ciudad Real, Murcia y Baleares; o los incendios forestales de grandes dimensiones de ese mes en Canarias o en junio en el Bajo Ebro y, finalmente esos « gravísimos» sucesos que no ocurrían desde hace 140 años en la Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía, Baleares o Madrid. Por todos estos episodios, estos territorios son considerados como «zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil», antes llamados zonas catastróficas.

El plazo en el que se podrán cobrar estas ayudas podría ser de un año y podrán acogerse particulares , personas físicas y jurídicas, empresas , establecimientos industriales, mercantiles, agrarios, pesqueros, turísticos, corporaciones locales para gastos derivados de obras inaplazables no contempladas en sus presupuestos. Además, el decreto exime del pago de la cuota del IBI , del de actividades económicas en el ejercicio correspondiente y, las ayudas personales estarán exentas en el IRPF.

En este capítulo que representa 58,4 de los 746 millones, se concederán bonificaciones , moratorias, exenciones de cuotas de relaciones laborales y los pagos a la Seguridad Social de empresarios por trabajadores por cuenta ajena y autónomos. También habría que descontar del volumen global de fondos otros 130,2 millones en «actuaciones» de la Administración del Estado, con lo que la cifra real de ayudas se quedaría en 557,7 millones de euros, si bien el Ejecutivo de Pedro Sánchez matizó ayer que se trata «provisional». Existe también el compromiso de emprender obras para restaurar el dominio público marítimo terrestre y la reparación de los daños en infraestructuras públicas, en especial, las hidráulicas, con la implicación de varios ministerios.

También ayer, la Generalitat Valenciana sacó adelante dos decretos urgentes de ayudas, uno para bienes personales de primera necesidad, con 1.500 euros «inmediatos y sin papeleos» hasta un máximo de 4.500 por persona , y otro para los ayuntamientos, con diez millones más.

En una reunión «en la zona cero», en Orihuela (Alicante), el Gobierno autonómico precisó que estos fondos de adjudicación más urgente tienen como fin la compra de ropa o utensilios de cocina «sin necesidad de garantía alguna» y al margen de la valoración posterior de daños, y después podrá llegar a un máximo de 4.500 euros por persona. El montante total de esta partida asciende a 13,5 millones.