El Gobierno envía un requerimiento a Ribó para que rotule las señales de tráfico en castellano

Moragues, que ha asistido en Alicante a las II Jornadas de Seguridad Vial 'El reto de la conservación y la seguridad vial', ha recalcado que se debe aplicar la Ley de Tráfico y ha subrayado que en el caso del Ayuntamiento de Valencia han detectado un "incumplimiento" porque ha instalado señales únicamente en valenciano en contra de lo que dice la ley.

El delegado del Gobierno ha recalcado que "en ningún caso" están planteando un "conflicto lingüístico" ya que su departamento fomenta el uso del valenciano "como lengua cooficial" pero ha insistido en que "evidentemente" existe un "incumpliemnto" de la ley y por este motivo se enviará este mismo martes un requerimiento al consistorio para que cese de instalar señales con indicaciones únicamente en valenciano.

" Estamos atentos a que se cumpla la Ley, a que se cumplan las normas de tráfico , velando las seguridad de las personas", ha resaltado Moragues, quien ha hecho hincapié en que el mensaje es que no quieren "sancionar" sino "evitar sufrimientos, tragedias, y víctimas mortales".

En este sentido, ha explicado que están llevando a cabo numerosas campañas con la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y la Dirección General de Tráfico de concienciación y sensibilización.

" Si decimos que no se puede ir a más de 80 kilómetros por hora no es porque queramos fastidiar sino porque existen mayores posibilidades de sufrir un accidente", ha añadido.

En este sentido, ha destacado el envío del requerimiento al Ayuntamiento de Valencia para que las señales de tráfico en la ciudad " estén en castellano y en valenciano, o en castellano, y no sólo en valenciano porque incumple el artículo 57 de la Ley de Tráfico". "Para eso está la Delegación de Gobierno, para velar que se cumpla la ley en todos los ayuntamientos de la Comunitat y en este caso entendemos que el Ayuntamiento de Valencia incumple la ley" al instalar señales únicamente en valenciano.

En el requerimiento se da un plazo de un mes a la administración para corregir la actuación que se considera contraria a la ley y ha advertido de que si se produce un incumplimiento presentarán un recurso contencioso administrativo "para que sean los tribunales los que decidan".