Jorge Rodríguez, en una imagen de archivo
Jorge Rodríguez, en una imagen de archivo - MIKEL PONCE
Caso Alquería

La Fiscalía acusa a PSOE y Compromís de crear un gobierno paralelo para enchufar a afines en Valencia

Anticorrupción destaca el clima de «tensión, presiones y amenazas» dentro de Divalterra

VALENCIAActualizado:

La campaña electoral del PSPV-PSOE se ve desde este martes empañada por el levantamiento del sumario del caso Alquería, que investiga contratos irregulares en la Diputación de Valencia. Su expresidente, el socialista Jorge Rodríguez, fue detenido en junio de 2018 junto con otros cargos de la empresa pública Divalterra, heredera de Imelsa y centro de otros casos de corrupción.

Junto a él fueron arrestadas otras cinco personas de su círculo de confianza en el marco de una causa abierta por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, si bien en su vertiente de administración desleal. Se trataba de los cogerentes de Divalterra Agustina Brines (de Compromís) y Xavier Simó (del PSPV); el secretario-letrado asesor de esta empresa pública, Jorge Cuerda; y dos asesores de la Diputación, entre ellos el jefe de gabinete de Rodríguez, Ricard Gallego.

En la querella formulada por Fiscalía Anticorrupción que figura en el sumario, al que ha tenido acceso ABC, se apunta a una actuación «arbitraria y caprichosa» en la contratación de directivos de la cual tenían conocimiento los querellados «de forma incuestionable». En este sentido, hace hincapié en los «artificios» buscados para tratar de amparar unas contrataciones «que responden al puro voluntarismo político de favorecer a los miembros del partido dominante en la Diputación y afín a su presidente».

Unas prácticas que, en opinión de Anticorrupción, revelan la creación de una «estructura de gobierno» paralela a la auténtica voluntad del Consejo y formada tan sólo por los consejeros de los partidos que sustentan la corporación provincial (PSPV y Compromís).

Ésta, señala, no estaría amparada en los estatutos y evidencia el desplazamiento de las funciones que corresponden al Consejo de Administración de la sociedad y el claro abandono de las funciones de gestión en beneficio social que deben realizar los gerentes. Unos cargos que son reemplazados en sus funciones, indica Fiscalía, por Cuerda.

La ampliación de la denuncia que dio origen a esta investigación reseña, en opinión de Anticorrupción, el «clima de tensión, presiones y amenazas» dentro de la empresa para que los técnicos realicen el trabajo siguiendo determinadas órdenes al margen de si las mismas son ajustadas al derecho.

«El hijo de puta del auditor»

Como ejemplo describe un episodio concreto. En una reunión del Consejo de Administración de Divalterra en noviembre de 2016, figuraba en el orden del día la dación de cuentas de la auditoría interna relizada por Alejandro Muñoz en la que se avisa de actuaciones irregulares en el uso de los fondos púbicos seguidas por el director gerente Víctor Sahuquillo.

Durante la cita, el jefe de Gabinete de Jorge Rodríguez, Ricard Gallego, afirmó al entonces secretario José Luis Pellicer, según describe Fiscalía, que «iba a despedir al payaso e hijo de puta del auditor y a todos los demás directores». En varias ocasiones se dirige a Alejandro Muñoz llamándole «hijo de puta», no siéndole permitido finalizar su intervención sobre la auditoría por parte del presidente de la Diputación, quien dice a Pellicer que «va a despedirlos a todos».

Un coste de dos millones de euros

Mientras, la UDEF ha cifrado en cerca de dos millones de euros el coste para las arcas públicas que hubiese supuesto la contratación, durante toda la legislatura, de las siete personas supuestamente colocadas irregularmente en la Diputación de Valencia en otoño de 2015, a razón de 70.000 euros brutos cada uno.Los contratos de alta dirección se realizaron sin los preceptivos informes jurídicos ni financieros y, según la declaración de testigos, por indicación de Presidencia o asesores cercanos.

El auditor interno de la empresa, en su declaración ante la Fiscalía en calidad de testigo, dijo que estos nombramientos «tenían un marcado cariz político y no había necesidad de realizarlos». De ellos, tres son afines a Compromís y cuatro al PSOE, partido este último al que pertenecía Jorge Rodríguez.