La exportavoz de Podemos en Valencia deja el cargo de asesora en el Gobierno tras su procesamiento

El juzgado de Instrucción número 19 ha iniciado el procedimiento abreviado contra María Oliver y José Manuel Rodríguez Victoriano, profesor de la Universitat de València y director del proyecto que supuestamente le fue encomendado de forma irregular.

Entre las anomalías o irregularidades descritas como indiciarias en el auto de procesamiento, se cita que el convenio firmado por el Ayuntamiento con la Universitat de València, presupuestado en 106.351 euros, abarcaba aspectos que no eran habituales en el ámbito del mapa escolar.

Así, se utilizaron recursos distintos a los contemplados (becarios que realizaron una parte sustancial del trabajo de campo) y se subcontrató con una empresa cuando se tenía que haber realizado directamente por el personal de la universidad.

Se relata también que la memoria económica, que "adolecía de suficiente concreción", no se cumplió y, además, el personal universitario "no percibió los conceptos presupuestados, sino que las cuantías "se destinaron a otros gastos incurridos supuestamente en el marco de la actividad".

El juez hace referencia a compras realizadas por el profesor universitario que no eran subvencionables como una cámara Panasonic, un ordenador portátil, una cámara fotográfica/vídeo, una grabadora, una mesa de juntas y una tableta, u otros gastos no contemplados en el convenio como la asistencia a un congreso de sociología en Valdepeñas, una cena homenaje a la primera promoción de sociólogos de la Complutense de Madrid y consumiciones en establecimientos de hostelería.

María Oliver ha presentado hoy su renuncia como asesora y el vicepresidente segundo del Consell, Rubén Martínez Dalmau, la ha aceptado , según han informado fuentes de esta Conselleria.

Martínez Dalmau ha expresado su "confianza en la Justicia y en la inocencia de María Oliver por los hechos objeto de la denuncia".

El nombramiento de Oliver como asesora de Asuntos Generales en el Consell fue publicado en el Diario Oficial de la Generalitat el pasado 29 de julio.