El exconcejal Llorens confiaba en los técnicos para los pagos a Isjoma

A la salida del interrogatorio, el exedil ha afirmado, en declaraciones a los periodistas, que no estaba "en absoluto" preocupado por su situación procesal porque, según ha dicho, siempre ha actuado "con honestidad" en este asunto. "He intentado poner luz a este proceso que espero que acabe pronto. Confío en el buen hacer de los técnicos municipales. Esto es un problema entre empresas que espero se solucione pronto y bien", ha añadido.

En esta causa figuran como investigados tanto Llorens como el exedil de Hacienda Juan Zaragoza , también del PP, por los presuntos delitos de prevaricación y fraude a la Administración en la adjudicación de contratos a Isjoma, SL.

Ambos políticos eran miembros de la mesa de contratación que resolvió conceder a esta mercantil el montaje de infraestructuras para actividades festivas y culturales de la ciudad.

Llorens, que presidía entonces ese órgano de contratación, también firmó un reconocimiento de "obligación en relación a gran número de contratos objeto de investigación", según el juez instructor, Ángel Manuel Villanueva.

La investigación comenzó en 2009, después de que otro empresario, José Alavés , que también aspiraba a hacerse con la contrata, denunciara un presunto trato de favor hacia la firma que finalmente resultó adjudicataria. Junto a los políticos, en las diligencias aparecen como sospechosos el dueño de Isjoma, Isidro García , un antiguo jefe de área de la Concejalía de Atención Urbana y otros dos técnicos.

El contrato para el montaje de infraestructuras destinadas a actos festivos y culturales fue adjudicado a la citada mercantil en febrero de 2009 para un plazo de seis años por un importe cercano a los 4,6 millones de euros. La Fiscalía Anticorrupción sospecha que la oferta presentada por Isjoma al Ayuntamiento fue redactada por los propios funcionarios municipales investigados.

El interrogatorio de Llorens se ha centrado este jueves en los pagos efectuados a la empresa fuera de contrato para la reposición de sillas en el paseo de la Explanada y que ascendieron a unos 840.000 euros. Según fuentes próximas al caso, Llorens ha asegurado ante el juez que desconocía los pormenores de esos pagos y ha indicado que firmaba las certificaciones correspondientes porque confiaba en los técnicos.

El funcionario encargado de ese servicio, que también ha prestado declaración como investigado, ha mantenido que el ayuntamiento sufría cada año la sustracción de 800 sillas en la Explanada que era necesario reponer y ha negado cualquier irregularidad en los abonos a Isjoma.