El exalcalde socialista de Benidorm pagaba a los funcionarios sin control fiscal

Dicho informe, al que ha tenido acceso Efe, señala que hasta junio de ese año el expediente de nómina mensual fue "reparado periódicamente por la Intervención al no haberse sometido a fiscalización previa", tal y como se establece en el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales (TRLHL).

Navarro no solo se despidió del poder local con esta práctica en sus últimos seis meses al frente del consistorio, sino que dicha irregularidad ya había sido puesta de manifiesto por el propio Síndic de Comptes en su informe sobre Fiscalización de los gastos de Personal del ayuntamiento de Benidorm en los ejercicios 2011 y 2012, también bajo mandato socialista, "sin que hasta la fecha se tomase medida alguna para subsanarla".

Además, este organismo autonómico de control contable resalta la "falta de justificación de las modificaciones de la nómina respecto a la del mes anterior y omisión de la fiscalización previa", y recuerda que en todos los casos el reparo de Intervención fue levantado mediante decreto del alcalde, "por el cual se ordenaba que se formalizase el pago de las nóminas correspondientes".

En el documento se hace constar asimismo que, según les había comunicado el departamento de Intervención, a partir de la nómina del mes de junio de 2015, y tras la toma de posesión del nuevo equipo de gobierno, "el expediente de nómina mensual ha sido sometido periódicamente a fiscalización previa, cumpliendo con lo establecido legalmente".

La revelación de esta contabilidad incorrecta por parte de Navarro se suma a un historial de polémica en la gestión del personal municipal, ya que el actualmente diputado provincial sigue pendiente de investigación judicial por posibles irregularidades en la contratación de eventuales al inicio de la anterior legislatura, además de casi medio centenar de posibles caso de enchufismo a familiares y vinculados al PSOE.

No obstante, en reiteradas ocasiones el exalcalde ha manifestado que cualquier posible infracción quedaría en el ámbito «administrativo» y no se puede considerar un asunto de corrupción, pese a que el fiscal primero y el juez después le investigan por los supuestos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.