Divalterra: una herramienta política para la colocación de «peones» de PSPV y Compromís segun la Udef

Una de las tesis principales es que la empresa pública Divalterra -heredera de la antigua Imelsa, centro de otros casos de corrupción- fue utilizada como herramienta política de colocación de una serie de «peones» necesarios para poder llevar a cabo las aspiraciones de cada uno de los partidos instalados en el poder. Para ello, habrían formado un «gobierno paralelo» con el que crearon siete puestos de alta dirección que ocuparon personas afines a estas formaciones.

La Udef lo explica de la siguiente forma: existía un órgano llamado Consejo de Dirección de Divalterra totalmente ajeno a la estructura de la empresa pública sin que conste su composición y funciones en los estatutos (es decir, al margen de éstos). Se trataba por tanto, del auténtico órgano de gobierno. Todos y cada uno de sus miembros pertenecían a partidos políticos (PSPV, Compromís, València en Comú -marca de Podemos- y Esquerra Unida) sin que haya ninguno vinculado la oposición (PP y Ciudadanos).

Esta contratación de directivos, en opinión de la Udef, cuenta con «incongruencias e irregularidades jurídicas que tienen difícil explicación lógica». A lo que añaden otra de las importantes conclusiones de sus informes. « Todo se realiza y desarrolla con pleno conocimiento y anuencia de Jorge Rodríguez , sin cuyo consentimiento no podría ser posible», señalan.

Una parte importante de los correos estudiados son los encontrados en el servidor del expresidente de la Diputación de Valencia. Se los manda el que fuera gerente de Divalterra Víctor Sahuquillo, quien precisamente acabó dimitiendo tras conocerse un informe de un auditor interno que cuestionaba fraccionamiento de contratos y la inclusión de bebidas alcohólicas como gastos.

En decenas de comunicaciones y diversos informes, advierte a Rodríguez de las ilegalidades que se estaban cometiendo respecto a los altos cargos, algo que en cualquier momento podía «estallar». « No podemos seguir haciendo las mismas cosas que la anterior corporación . La existencia de los contratos es difícil de explicar y puede romper toda la credibilidad», llega a afirmar, en referencia a la anterior etapa del PP.

Por este motivo, aboga por suprimir los contratos y posteriormente redefinir las competencias en la empresa pública. En su opinión, los cargos nombrados no son en realidad altos directivos y los puestos deberían ser cubiertos por libre concurrencia.

Los correos de Sahuquillo también desvelan las cuitas internas con sus socios de Gobierno de Compromís. «Bajemos la tensión, hagamos que la división caiga en la parte de Compromís, paremos la fortaleza del Bloc en la empresa y desmontemos a Vera -jefe de los Servicios Jurídicos de Divalterra- quitándole al máximo sus competencias y sus expectativas. Y una vez arranque la reforma de brigadas, la modernización del Servicio de Información Territorial y las Oficinas Comarcales, el rédito político será nuestro», le sugiere al presidente de la corporación provincial.

En otra de las comunicaciones, además, llega a acusar a la cogerente Agus Brines de utilizar la empresa pública «como instrumento político para ganar posiciones en Compromís». Ésta, según le va relatando a Rodríguez, defendía los contratos y se mostraba disgustada por que Sahuquillo pidiera informes unilateralmente sobre las contrataciones al ser una cuestión que afectaba a todos.

Con todo ello, la Udef considera que los contratos no respondían a la verdadera necesidad de la empresa, produciendo de este modo una vulneración de los principios de austeridad, eficiencia y transparencia en la gestión pública. Las contrataciones tampoco se corresponderían con cargos de alta dirección reales y el nombramiento sería ilegal.

Para la Policía, se trataría de la colocación a dedo de personas afines a PSPV y Compromís a pesar de que no podían desarrollar líneas de negocio o estratégicas de alto valor. Unos hechos constitutivos de fraude de ley que habrían tenido lugar, bajo su punto de vista, con el conocimiento de Rodríguez ya que los contratos deberían haberse realizado en base a los principios Estatuto Básico del Empleado Público de igualdad, mérito y capacidad.

Los investigadores de la causa hacen asimismo hincapié en las posibles amenazas recibidas por los trabajadores de Divalterra que interpusieron la denuncia. El director de Recursos Humanos de la empresa pública, Vicente Domingo, acudió el 26 de enero de 2018 al despacho de José Luis Pellicer, responsable de Derecho Público, para comunicarle que el asunto de los altos cargos era «una ilegalidad y una mangarrufa» por dos motivos: «Jorge Cuerda (secretario-letrado asesor del Consejo de Administración) y Presidencia estaban saltándose el Estatuto Básico del Empleado Público y retorciendo la ley para realizar unas contrataciones con justificaciones absurdas, y estaban dejando al margen a la otra directora-gerente, Agus Brines». El segundo le recomienda que lo denuncie.

Este mismo trabajador indica que recibió de Jorge Cuerda «presiones y coacciones» para que, «contra lo acordado por el Consejo de Dirección de Divalterra, incluyera en la propuesta de Orden del Día del Consejo de Administración los asuntos de un convenio, el cese de Pellicer como secretario del Consejo y el posterior nombramiento de Cuerda como tal».

Remarca igualmente que Cuerda requiere a Pellicer que realice un informe jurídico para «legalizar jurídicamente» la contratación de los siete altos cargos, a lo que este último se habría negado.

Un mes después de esta conversación, el denunciante fue citado de urgencia por Manuel Reguart, asesor del presidente de la Diputación, a una reunión en Presidencia en la que informó a Pellicer de que Jorge Rodríguez había decidido cesarlo por pérdida de confianza , presionándole con que «sería mejor para todos que dimitiera o renunciase al puesto en lugar de ser cesado». Pellicer se negó, por lo que finalmente fue apartado por el presidente.

En otro momento, el director-gerente de Divalterra Xavier Simón llamó a Pellicer, según el denunciante, para que le ayudara a «disfrazar» la contratación de dos altos cargos del PSPV porque «es un compromiso de su partido y del presidente». Ante el aviso de que era ilegal y un fraude, señala que Simón respondió enseñándole un mensaje de Whatsapp enviado por el exjefe de gabinete del presidente Ricard Gallego, en el que le «presiona diciéndole que haga algo por dos compañeros del partido que están en el paro », al tiempo que Simón se refería a Gallego como «un hijo de puta que va a hundir al presidente y al PSOE».