El decálogo que Puig ha planteado a Rajoy para el cambio del modelo de financiación

2. Alcanzar esos objetivos requiere un gran acuerdo político, tanto entre el Gobierno de España y las Comunidades Autónomas como entre los partidos con representación parlamentaria, que precise las metas a alcanzar en los dos ámbitos señalados, fijando escenarios financieros de referencia a medio plazo sobre el peso en el PIB de las principales partidas de los ingresos y gastos públicos.

3. La respuesta dada por la Comisión de expertos creada por acuerdo de la Conferencia de Presidentes al mandato de ésta es un punto de partida útil para forjar ese acuerdo porque, sin negar la existencia de diferentes puntos de vista sobre temas concretos, presenta un consenso muy amplio sobre la naturaleza de los problemas y buena parte de las posibles soluciones a los mismos, al tiempo que señala los aspectos en los que son los responsables políticos los que deben definir las prioridades en sintonía con los intereses de los ciudadanos.

4. El reto es concretar los elementos de un gran acuerdo sobre los recursos con los que deben contar las CCAA, de manera que sea compatible con otros objetivos que España ha de perseguir, como la consolidación de la estabilidad presupuestaria y la recuperación de un ritmo de reformas estructurales que haga duradero el crecimiento de estos años. Se trata de un objetivo ambicioso pero no imposible y, sobre todo, no eludible: renunciar a alcanzarlo implica aceptar escenarios sociales, políticos y económicos nada deseables.

5. Una primera pieza de ese nuevo acuerdo de Estado debe ser la suficiencia de recursos para que las CCAA desarrollen de manera adecuada sus funciones, a partir de un dato que constata el informe de los expertos: todas las Administraciones han sufrido en sus ingresos el impacto de la crisis económica y fiscal, pero el ajuste de gastos que han tenido que realizar las CCAA ha sido objetivamente mayor, tanto en sus competencias en servicios públicos fundamentales como en el resto de funciones. Las Comunidades se han visto obligadas a reducir durante varios años su gasto por habitante en educación y sanidad y frenado el despliegue de los servicios sociales –en particular de la atención a la dependencia- y, pese a ello, han tenido que endeudarse. Por tanto, es necesario acordar una nueva referencia de los recursos a dedicar a los servicios públicos, y en particular de las prestaciones de nuestro Estado de bienestar, del papel en los mismos de las diferentes Administraciones y de la financiación con la que cada una de ellas podrá contar para esa tarea.

6. La segunda referencia básica del acuerdo ha de ser clarificar la equidad interterritorial en la asignación de los recursos a las CCAA, atendiendo a criterios de necesidad transparentes basados fundamentalmente en la población y sus características. Avanzar en esa dirección implica poner fin a la discriminación que padecen los ciudadanos de algunos territorios –en particular los valencianos- como consecuencia de que sus Comunidades no cuentan con los recursos que les corresponden debido a que el modelo actual de financiación y los anteriores son complejos y están sesgados por la inercia del statu quo. España necesita clarificar que la solidaridad interterritorial que una gran mayoría de ciudadanos desea operar de manera general, sin excepciones como las existentes en la actualidad en algunos casos, como el de las Comunidades forales o, en sentido contrario, la Comunidad Valenciana. Las Comunidades ricas deben contribuir y las pobres recibir saldos fiscales positivos –algo que no siempre se cumple- y sus cuantías responder a criterios similares. A ninguna comunidad autónoma le sobran recursos para ejercer sus competencias, pero algunas estamos claramente discriminadas.

7. El tercer elemento del acuerdo ha de ser reforzar la autonomía fiscal de las Comunidades, para que sus compromisos de gasto vayan acompañados por la responsabilidad de demandar a sus contribuyentes que aporten los recursos correspondientes, sin olvidar que las diferencias de renta de las comunidades las colocan en posiciones desiguales en este sentido. Avanzar en la autonomía fiscal de las comunidades requiere otorgarles mayor capacidad normativa y mayor participación en la gestión tributaria, para hacerlas corresponsables. Requiere también crear las condiciones para una mayor cooperación institucional, a través del Senado, la Conferencia de Presidentes y el Consejo de Política Fiscal y Financiera, para dar una respuesta conjunta a los problemas que así lo requieran.

8. Un cuarto asunto a contemplar en el acuerdo es cómo recuperar el equilibrio presupuestario y la normalidad financiera, poniendo fin a los mecanismos extraordinarios de financiación sin cuestionar la viabilidad financiera de las comunidades, ni del Estado. Este asunto ha de ser abordado con realismo y reconociendo las distintas causas de los problemas, entre las cuales es importante señalar que algunas Comunidades, como la valenciana, están más endeudadas a pesar de gastar menos que la media y hacer un esfuerzo fiscal superior a la media, es decir, debido fundamentalmente a su infrafinanciación. Por esa razón, si no se mutualiza la deuda derivada de esa circunstancia se prolongará hacia el futuro la discriminación padecida en el pasado.

9. El retraso acumulado en abordar la reforma del sistema de financiación es grave porque cada año que pasa se prolonga el efecto del statu quo y se eleva el coste que tendrá compensarlo para que, en términos absolutos, ninguna Comunidad pierda. Si el modelo hubiera sido reformado en 2014, los incrementos de recursos de estos años de crecimiento hubieran permitido digerir buena parte de ese problema ya.

10. Definir los términos de ese acuerdo y alcanzarlo es urgente porque condiciona la estabilidad del Estado de las Autonomías y del Estado del bienestar y, por esa razón, dificulta el normal funcionamiento del conjunto del sector público y de las instituciones españolas, afectando negativamente a la confianza entre las mismas y, en consecuencia, de los ciudadanos en los poderes públicos. Y en el caso de los valencianos es absolutamente indispensable para lograr la viabilidad de nuestras instituciones de autogobierno, para acceder a un nivel de servicios públicos equiparable al del resto de los españoles y permitir que el sector público contribuya, en lugar de ser un lastre, al dinamismo económico que ha sido tradicional en la economía valenciana, contribuyendo así al del conjunto de España.