El Consell aumenta su deuda en 2.530 millones e incrementa los gastos sin cobertura presupuestaria

Cucarella ha destacado que la Generalitat continúa incurriendo en déficit y en un aumento de la deuda . Los fondos propios negativos con los que cerró 2017 fueron de -29.294,8 millones de euros, y la deuda financiera subió hasta los 45.604,8 millones (2.531 más que en 2016). De esa cantidad, 37.131, 1 millones corresponden a los mecanismos extraordinarios de financiación autonómica del Estado. No obstante, el endeudamiento por porcentaje del PIB se ha reducido por primera vez desde el inicio de la crisis.

En total, el Ejecutivo autonómico gastó 1.368,2 millones más de lo que ingresó (14.535,9 millones de gasto y 13.167,7 millones de ingresos). El síndic ha reconocido el buen comportamiento de los ingresos por los tributos cedidos, que aumentaron en 1.236,3 millones de euros, pero ha subrayado que el sistema de financiación autonómica «continúa perjudicando a la Comunidad Valenciana de manera significativa».

En este sentido, ha pedido a la Generalitat que no «confíe» en que haya unos ingresos crecientes continuamente y que aumente la eficiencia y la eficacia en el gasto público mediante análisis previos de coste-efectividad y el establecimiento de prioridades de gasto público. «La Sindicatura recuerda que en el presupuesto sólo se han de incluir las previsiones de ingresos que se espera obtener de forma razonable , a pesar de los anuncios de mofidicación del modelo de financiación», expone. Una exigencia que choca con las cantidades ficticias que introduce cada año el Consell en sus cuentas. Para 2019, los ha duplicado con alrededor de 2.600 millones en ingresos no asegurados .

El síndic también observa que las consignaciones presupuestarias son insuficientes para pagar las subvenciones que habrían de haberse concedido durante el ejercicio de 2017 y se constatan «niveles de pago muy bajos en algunas líneas de ayudas».

Otro tirón de orejas del informe es el relativo a las conocidas como «facturas en los cajones», las cuales vulneran lo dispuesto en la ley. Según el documento, el Gobierno valenciano ha incrementado en 36,5 millones de euros (de 927,2 a 963,7 millones) la cuenta 409 del balance de acreedores, en la que se incluyen las operaciones pendientes de aplicar al presupuesto. En este ejercicio «se han puesto de manifiesto incumplimientos de la normativa aplicable a la gestión de los fondos públicos» relacionados con la cuenta 409, en la que se registran los gastos contraídos sin cobertura presupuestaria .

Además del capítulo de «acreedores registrados por las consellerias», crecen otros como el de la deuda con la empresa pública de construcción de centros escolares Ciegsa, de 203,2 a 210,7 millones de euros; el del gasto del personal sanitario (noviembre-diciembre) de 109,6 a 118,6 millones; y se crean dos nuevos capítulos por importe de 42,6 y 7,3 millones en concepto de un convenio entre la Conselleria de Educación y el IVVSA y facturas del IVO, respectivamente.

Otros capítulos de esta cuenta se han reducido, como es el de las ayudas del plan de vivienda (de 37,9 a 21 millones de euros), las prestaciones por dependencia (de 36,8 a 24,6) o el de las sentencias derivadas del cierre de RTVV (de 2,7 millones a cero).

El síndic de comptes también ha resaltado que, «a la vista del gran número de procedimientos judiciales en curso» que afectan a la Generalitat, existe un defecto de provisión para su cobertura superior a los 87 millones de euros. Esta cantidad serviría para pagos a los que pueda tener que hacer frente el Gobierno autonómico como consecuencia de estos procesos, algunos de ellos referidos a la época del PP.

Como ejemplo, el documento menciona la sentencia del Tribunal Supremo del pasado diciembre que ordenaba a la Generalitat la demolición de dos grandes rascacielos en Benidorm . Entre indemnizaciones y el derrumbe de las torres de Punta Llisera, el Ejecutivo valenciano tendrá que pagar 115 millones de euros.

«A fecha de elaboración del presente Informe, la información remitida por la Abogacía de la Generalitat, en la que no consta la cuantía de los procedimientos en litigio ni la estimación del importe al que podría hacer frente la Generalitat, no resulta suficiente ni adecuada para poder estimar razonablemente las responsabilidades probables derivadas de los mismos», señala.

En materia de contratación, la Sindicatura ha identificado incumplimientos como la indeterminación de los precios, la falta de preponderancia real de los criterios objetivos en los procesos de contratación o la falta de documentación acreditativa de la solvencia económica y financiera de los licitadores.

Igualmente, expone que hay diferentes instituciones no han comunicado al Registro Oficial de Contratos de la Generalitat determinados contratos menores ni otros pagos efectuados por el sistema de caja fija.

El documento apunta que una herramienta de control y seguimiento eficaz de los contratos menores «podría contribuir a evitar los posibles fraccionamientos del objeto contractual y facilitar su publicidad y el cumplimiento de las obligaciones legales de suministro de información».

Además, señala que la tramitación abreviada por razones de urgencia debe atender a factores y circunstancias que realmente lo requieran, sin que se produzcan retrasos y dilaciones injustificados tanto en la tramitación como en la ejecución del contrato.

En los procedimientos negociados por razones de protección de los derechos de exclusiva, debe quedar suficientemente acreditado que el contrato sólo puede encomendarse a un empresario determinado, añade.

Los órganos de contratación de cada Conselleria deben adoptar las medidas adecuadas para que la comunicación de los datos de los contratos al ROCG y a la Sindicatura de Comptes, sea «completa y adecuada, en tiempo y forma» y los informes jurídicos sobre los pliegos de contratación deberían incluir una conclusión expresa sobre la adecuación de dichos documentos a la normativa aplicable.

La Sindicatura de Comptes hace igualmente hincapié en la situación de los contratos de concesión administrativa para la prestación del servicio de asistencia sanitaria integral de los departamentos de salud de Alzira, Torrevieja, Dénia, L'Horta-Manises y Elx-Crevillent, donde al finalizar el ejercicio todavía quedaban «36 liquidaciones anuales pendientes de aprobación, en trámite de elaboración o contra las que se ha interpuesto recurso».

A lo largo de 2017, incide, «no se ha aprobado ni contabilizado ninguna liquidación» en estos centros sanitarios de gestión privada, conocidos como el 'modelo Alzira'. Cabe recordar que este 2018 se decidió no renovar la concesión precisamente en el departamento de salud de Alzira para volver a la gestión pública de la sanidad.

Teniendo en cuenta la situación anterior, la ausencia de estimaciones de los importes a los que podrían ascender las liquidaciones y la «incertidumbre jurídica existente sobre la validez de los acuerdos adoptados en ejecución de los contratos de concesión», no es posible determinar el efecto contable en la Cuenta de la Administración de 2017, señala el documento.