Clamor en la educación concertada: entregan 45.000 firmas a la Generalitat contra el cierre de aulas

Junto a las firmas han presentado un escrito en el que recuerdan que el cierre de las aulas supone impedir el acceso a centros con demanda social de la Comunitat Valenciana a 1.085 alumnos durante el próximo curso y el despido del profesorado y de personal de administración y servicios.

Además, aseguran que supone la "restricción de un derecho fundamental" como es la libertad de enseñanza y recuerdan que este cierre se condiciona "únicamente a la existencia de oferta pública y a la aplicación de unos criterios preferenciales, algo que es contrario a derecho".

El presidente de la Plataforma, José Javier Sebastián , ha explicado a EFE que en el registro de la Conselleria de Educación han presentado algo más de 32.000 firmas recogidas en change.org, a las que se suman otras 9.592 recogidas por el Colegio Purísima-Franciscanas, así como cerca de 300 escritos de padres y madres a título personal.

En el registro de Les Corts Valencianes, y dirigidas al Sindic de Greuges, han presentado "peticiones de amparo" firmadas por los padres y madres de los alumnos afectados al considerar que la decisión de la Conselleria de Educación supone un "trastorno" y un "mazazo" tanto para los estudiantes como para sus familias.

En el escrito recuerdan que la sentencia del Tribunal Supremo del pasado 25 de mayo establece que para negar conciertos educativos "tiene que ser condición obligatoria que no exista demanda social en estos centros, independientemente de la oferta de los centros de titularidad pública existentes en la zona".

Los firmantes argumentan la defensa de la libertad de enseñanza como un derecho fundamental recogido en el artículo 27 de la Constitución española y solicitan el mantenimiento de aquellos puestos escolares en centros privados concertados con demanda social.

También reclaman que se proceda a la concertación de la totalidad de aulas de primero de Bachillerato para las que se ha solicitado concierto en la Comunitat.

A su juicio de los padres la medida de Educación puede perjudicar tanto a los alumnos que actualmente cursan cuarto de la ESO como a sus familias y resto de alumnos del centro que han optado por un proyecto educativo que abarca de los 3 a los 18 años.

El portavoz de la Plataforma ha recordado que la Conselleria de Educación t iene que resolver las alegaciones presentadas por cada centro , que confía se resuelva antes del 22 de mayo, fecha en la que empieza el proceso de matriculación.

" El tiempo se nos echa encima y creo que es una estrategia de la administración ", ha señalado José Javier Sebastián, quien ha indicado que no descartan la vía judicial y recurrir la resolución de Educación.