Un exdiputado socialista declara que sus asesores contratados por Imelsa trabajaron en el PSPV

Rubio, que ha declarado como investigado (imputado) ante el juez instructor del caso Imelsa , ha negado en consecuencia el carácter ficticio de las contrataciones de los asesores, un asunto que se investiga en una pieza separada del caso, centrada en los supuestos delitos de prevaricación, malversación, fraude, tráfico de influencias y falsedad documental.

En esta pieza figura una veintena de imputados, entre ellos el expresidente de la Diputación Alfonso Rus ; su jefe de gabinete, Emilio Llopis; y el exgerente de Imelsa Marcos Benavent .

"Si Benavent sabía que había gente contratada que no hacía su trabajo, debería haber actuado. D e todas formas, he de reconocer que en sus declaraciones respecto a mi persona dijo la verdad , jamás le pedí un favor", ha declarado a los periodistas a la salida del juzgado.

" Me han preguntado por dos asesoras que tuve durante cuatro meses y he dado una explicación que es de lo más lógica. Como único consejero socialista de Imelsa tuve dos asesores que se nombraron en enero de 2008 y se les hizo un contrato de obra y servicio vinculado a mi persona; pero en 2010 se aprueba la Ley 35/2010 por la que los contratos que pasaban los 3 años quedaban como fijos", ha añadido.

" Esos tres años vencían el 15 de enero de 2011 , entonces se me dijo que no podían seguir porque implicaba que fuesen fijos, pero como había dotación presupuestaria, pedí que se sustituyese a esas dos personas, y entraron otras dos el 1 de marzo de 2011, sabiendo que iban a cesar el 30 de junio, cuatro meses, porque yo no seguía como diputado y acababa la legislatura", ha detallado Rubio.

Estos asesores, según ha asegurado, trabajaban en Imelsa pero no en su sede física, "donde no había despachos ni para los consejeros", sino en el grupo socialista en la Diputación, desde donde controlaban las adjudicaciones de esta empresa pública, observaban carencias de infraestructura y conversaban con alcaldes y concejales socialistas.

"En mi época dimos mucha caña; muchas de las cosas que salen ahora, como el asunto de los campos de césped artificial, fueron denunciadas y peleadas por el Partido Socialista. Conseguimos que se rebajase el precio de las adjudicaciones a niveles más razonables", ha insistido.

Además de Rubio, h an declarado hoy como investigados los también ex diputados provinciales Raúl Pardos (PSPV) y Salvador Enguix (PP), además del asesor del PP Juan Antonio Sanz.

Por su parte, Enguix ha negado, a su llegada al juzgado, haber justificado en un documento la asistencia al trabajo de una de sus asesoras , que supuestamente se ausentaba, y tras declarar ha abandonado los juzgados por una puerta trasera.

Según ha podido saber Efe de fuentes judiciales, Enguix ha declarado ante el juez que ni siquiera conocía a la asesora en cuestión y que firmó sin mirar un certificado que acreditaba que acudía a su lugar de trabajo.

La investigación se centra ahora en determinar la responsabilidad de estos exdiputados que , en su calidad de consejeros de Imelsa , gozaron de los servicios de unos asesores cuya contratación propusieron, al parecer, a dedo, sin publicidad y sin atender a los criterios de mérito y capacidad, han explicado a Efe fuentes del proceso.

De hecho, todos los exdiputados han coincidido en señalar ante el juez que desconocían qué normativa les permitía contratar asesores y las fórmulas para ello.

Las mismas fuentes han explicado a Efe que ninguno de los contratados ha acreditado que trabajase como asesor de la empresa Imelsa, sino atendiendo redes sociales, realizando fotocopias o cualquier otra gestión de apoyo a los grupos políticos.

En la causa está también imputado José Adolfo Vedri, responsable de la empresa de comunicación Engloba, por su participación en la supuesta contratación fraudulenta de dos de sus trabajadores cuyo sueldo costeaba Imelsa.

Esta misma modalidad de contratación se daba, supuestamente, con un jugador del Olímpic de Xàtiva, equipo de fútbol presidido por Rus.

Además de la contratación fraudulenta, se sospecha que pudo haber algún tipo de "maquinación concertada" entre los responsables de Imelsa y algunos trabajadores para que éstos cobrasen elevadas indemnizaciones que podrían haber supuesto un "innecesario y arbitrario enriquecimiento" a costa del erario público.