El banco público valenciano: «Es improbable que todas las entidades privadas se aliaran para favorecer a Puig»

«El IVF adoptó en todo momento criterios estrictamente profesionales en la toma de decisiones, amparados en la lógica económica y la normativa vigente», ha argumentado en su cuenta de Twitter. Illueca ha recordado que se trataba de una operación avalada por toda la banca acreedora (Caixabank, Popular, Sabadell, ICF, BBVA, BBK, BPI, Santander y Liberbank), a lo que ha añadido: « Parece improbable que todas estas entidades privadas se aliaran para favorecer al Molt Honorable President , descuidando los intereses de sus accionistas».

Resulta evidente, sin embargo, que los hechos conciernen a Puig. El análisis que lleva a cabo Deloitte es respecto al Grupo Zeta, propietario de Promociones y Ediciones Culturales SA (Pecsa) al 85% –editora del Periódico Mediterráneo de Castellón– y en la cual el presidente de la Generalitat es accionista del 1,16% . En 2019, Zeta fue adquirido por Prensa Ibérica, conformando el mayor conglomerado mediático de la Comunidad Valenciana del que el dirigente, por tanto, es socio.

Esto fue posible gracias a una quita de la deuda del 70% que perdonó, entre otras entidades, el banco público valenciano con esa condonación de 1,3 millones de euros. La Generalitat, y especialmente Illueca, adujeron hace un año que la decisión se tomó porque que el informe de Deloitte concluía que la liquidación del Grupo Zeta podía resultar más perjudicial para las arcas públicas que una quita de la deuda, ya que el cálculo era que los acreedores sólo podrían recuperar entre el 18% y el 31% de la deuda.

Efectivamente, se trataba de una de las tesis, pero dentro del escenario más desfavorable que dibuja la consultora. En su análisis existían otras alternativas menos gravosas en base a las propuestas de la dirección de la empresa y a medidas de mayor certeza que podían llevarse a cabo ante la incapacidad de Zeta de cumplir con sus compromisos financieros –como obtener financiación para realizar una reestructuración de personal o un plan digital–. La recuperación de la deuda por parte de los acreedores en todas ellas oscilaba entre un 44% y un 57%. Es decir, en el mejor escenario, casi el doble de lo que el IVF consiguió con el traspaso a Prensa Ibérica (un 30%).

Tras estas nuevas informaciones, Illueca explica que la compañía presenta en 2017 ante el pool bancario el referido análisis de la consultora, que valora dos escenarios: uno de liquidación y otro alternativo en que la banca debía aportar dinero nuevo para la digitalización del negocio. Pero finalmente, el pool bancario no accede a aportar dinero nuevo . «La empresa resuelve sus problemas inmediatos de liquidez mediante la venta de Ediciones B, aunque las dificultades subsisten: el dinero previsto y disponible para financiar la transformación digital es insuficiente».

Ya en 2018, detalla el director del IVF, la situación se deteriora. De un lado, el dinero previsto para la digitalización se utiliza para atender gastos corrientes. Y, de otro, existen incumplimientos de obligaciones fiscales que derivan en Actas de Hacienda y la compañía deja de atender sus obligaciones de pago con el pool.

«A principios de 2019, y ante el deterioro de Grupo Zeta, la posibilidad de que la banca preste dinero nuevo para que la compañía acometa la digitalización del negocio ya no está sobre la mesa. Se entiende que este proceso debe liderarlo un nuevo inversor. La alternativa a la venta es simple y llanamente la liquidación de la sociedad, con las pérdidas que se conocían gracias al informe presentado por Deloitte en 2017. Teniendo en cuenta las conclusiones de este informe, la oferta de Prensa Ibérica superaba lo que, en el escenario central y más probable, se esperaba obtener en el proceso de liquidación. Al IVF le pareció razonable vender, y al resto de los bancos también», concluye.

Más allá de su pronunciamiento, los partidos del Gobierno autonómico han evitado estorbar a Puig con esta cuestión incómoda. El presidente de la Generalitat aseguró hace un año que comparecería en el Parlamento autonómico para ofrecer las explicaciones oportunas, pero finalmente sólo lo ha hecho con evasivas durante las sesiones de control.

Los portavoces de Compromís y Podemos en las Cortes Valencianas, Fran Ferri y Naiara Davó respectivamente, se han limitado a señalar de nuevo y con la boca pequeña que «si hace falta más explicaciones que las dé», aunque no ha habido exigencia alguna de ellas por su parte .