Un alto cargo de la Conselleria de Mónica Oltra corrige su versión ante el juez sobre el caso de abusos a una menor

Así se desprende del escrito, consultado por Europa Press , enviado al Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia , órgano que investiga la denuncia de la víctima del centro de menores Niño Jesús, que ahora es mayor de edad, contra la conselleria. Por ahora hay trece personas investigadas , la mayoría funcionarias de Igualdad.

Fenollosa prestó declaración como investigada el 3 de marzo de 2022 y, ante el «bloqueo mental» que sufrió durante su testimonio «por la situación de fuerte nerviosismo que padeció en sede judicial», ha presentado un nuevo escrito en el juzgado.

La investigada, que en el momento en que se producen los hechos era funcionaria y directora de la Dirección Territorial de Castellón, ha defendido que el expediente informativo que abrió Conselleria sobre la investigación al exmarido de Oltra -sobre el que la Generalitat mantiene que no coincidió con la menor tras denunciarse los abusos- se tramitó «correctamente» .

Fenollosa aportó en su declaración primera ante el juez este expediente informativo -pese a que no se había solicitado- y ha querido ahora hacer unas precisiones sobre el proceso de comunicación entre el juzgado y la conselleria respecto al auto judicial de 28 de julio de 2017 , en el que se informa de la orden de alejamiento del educador sobre la menor. Es decir, cuando se da traslado de que hay una investigación judicial abierta.

La vicepresidenta y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, ha mantenido en sus intervenciones públicas que su departamento no recibió ninguna comunicación judicial hasta el 8 de agosto. Sin embargo, frente a ello, de la primera declaración de Fenollosa y de la documentación que se aportó, el juzgado entendió que el departamento público sí conocía la investigación desde el 28 de julio y, pese a ello, encargó elaborar a nivel interno un expediente informativo del asunto.

Sobre estos extremos y la notificación del fax del auto de 28 de julio, la directora afirma que el mismo no fue entregado a la Conselleria: «Se evidencia que el motivo de que no se recibiera por parte de la Dirección Territorial fue que el número de fax al que se remitió era un número equivocado», advierte. Y ha afirmado que presentó este documento en el juzgado en el momento de su declaración porque su abogado lo obtuvo de los propios autos de la instrucción. No porque constara en Conselleria .

Sobre la notificación del auto en sí, la investigada ha manifestado que tampoco se recibió el 28 de julio. «Se debe reparar en el hecho, del no se dio cuenta nuestra representada en sala cuando fue interrogada, probablemente por el nerviosismo del momento y por la seguridad con la que el juez instructor efectuaba sus afirmaciones, del hecho claramente observable de que ninguno de los registros de entrada, ni de los seis números referenciados, ni tampoco de los sellos estampados corresponde a la Generalitat Valenciana, ni mucho menos a la Dirección Territorial de Valencia de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas», se expone en el escrito.

Y agrega: «Se aprecia que ninguno de los dos cuños estampados corresponde a la Dirección Territorial . Salvo error u omisión de esta parte en la lectura de los sellos, se observa que el primer sello parece que se corresponde con el del registro de la unidad de enlace judicial; y el segundo sello con el registro de la unidad de distrito número 5 de la Policía Local de València».

Por tanto, la investigada ha concluido afirmando que no es cierto que se hubiera notificado el auto judicial el 28 de julio a la Conselleria, por lo que nadie de su departamento tuvo conocimiento de su existencia ese día. Ha agregado que se enteraron de los hechos el 8 de agosto , tal y como se desprende de una notificación con el acuse de recibo y registro de entrada de la Conselleria.

Por otro lado, la investigada ha insistido en que todas las actuaciones administrativas efectuadas se realizaron «según el leal saber y entender de los técnicos» , según su experiencia, y según sus códigos deontológicos, y algunos de ellos además con la garantía de ser funcionarios garantes del adecuado ejercicio del servicio público.

Ha recordado, además, que «todos» los investigados han declarado que no recibieron ni instrucciones ni interferencias de sus superiores; y ha subrayado que «todo» el trabajo realizado se efectuó «sin ningún tipo de ocultación y con traslado de información y su puesta a disposición del ministerio fiscal, y ahora al juzgado». «Y evidentemente sin prejuzgar, predeterminar ni obstaculizar ningún tipo de actuación judicial, y siguiendo el cauce habitual de tratamiento de estos casos», ha apostillado.

La causa se originó a raíz de una denuncia de la menor que sufrió los abusos a manos del educador e, inicialmente, se abrió una investigación judicial contra seis funcionarios, la directora y una psicóloga del centro de acogida de menores donde ocurrieron los hechos por los que el educador fue condenado a cinco años de prisión por la Audiencia de Valencia, ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

El juez, tras escuchar la declaraciones de estos seis investigados, decidió imputar a otras cinco personas más: una directora general, una subdirectora general, un secretario territorial, una jefa de servicio y una técnico. Un total de 13 investigados.