El PP denuncia en la Fiscalía al alcalde Echávarri por prevaricación

Así lo ha anunciado en rueda de prensa el portavoz popular, Luis Barcala, quien ha concretado que, de momento, su grupo no va a pedir la dimisión del alcalde socialista, que dirige también la Concejalía de Comercio, sino que va a dejar trabajar a la Fiscalía, pues el PP no es "juez y parte".

Si finalmente su denuncia fuera admitida a trámite, se personarían en la causa y sí solicitarían responsabilidades políticas , ha detallado.

Para Barcala, la anulación de los contratos aprobada por la junta de gobierno local y el posterior reconocimiento extrajudicial de créditos para pagar los servicios de esos contratos menores "no frenan la responsabilidad política ni la penal, si existiera".

Ha negado que los hechos sean "un error administrativo", como han señalado desde el equipo de gobierno tripartito (PSOE, Guanyar Alacant y Compromís) en alguna ocasión, sino que es "una irregularidad como una catedral".

Según Barcala, "los indicios -de que ha habido fraccionamiento de contratos- son muy claros", por lo que su partido no se está "lanzando a la piscina", sino que está "actuando con responsabilidad", pues "solo es posible completar la investigación por vía judicial".

Además, ha explicado que la decisión del tripartito de elevar los contratos al Consell Jurídic Consultiu (CJC) "no es un acto de buena fe ni de transparencia", ya que es obligatorio por ley una vez el servicio de Intervención ha mostrado dudas sobre el procedimiento.

Para el portavoz popular, la alerta levantada por el jefe de servicio "es gravísima" y la búsqueda de una solución, por parte de Alcaldía , no se ha hecho para subsanar "un error administrativo, sino para eludir posibles responsabilidades penales".

En cuanto a las facturas en sí - un total de 25 por valor de 189.000 euros -, Barcala ha afirmado que 18 de ellas están firmadas exclusivamente por el alcalde, sin que haya participado previamente ningún jefe de sección, algo que ha considerado "anómalo".

También ha criticado que alguna de las facturas aparezca firmada por un asesor , algo que, en su opinión sería ilegal, pues el alcalde no puede delegar en su personal de confianza el pago de ningún servicio, salvo que se haya aprobado un decreto para tal fin, extremo éste que Barcala ha dicho que no le consta que exista.

Bien es cierto que ha asegurado que no existe fraccionamiento en todas las facturas, pues éste se limita a los servicios prestados para la Gala de Comercio , la campaña "Alicante está de moda" y la señalización de mercados y mercadillos.

En este sentido, ha informado de que se grupo ha llevado a cabo una investigación después de que Echávarri les facilitara los expedientes de anulación de los contratos menores, pero que, sin embargo, no existen antecedentes para estos servicios en el área de Comercio, algo que ha calificado como "absolutamente sorprendente".

Por ello, ha manifestado que "no es casual" que todas estas facturas no apareciesen en el portal de transparencia del Ayuntamiento, mientras que otros pagos del área de Comercio sí están.

" Ésta no es, en absoluto, una cuestión menor ; si la junta de gobierno tiene que anular un contrato, tienes un problema, pero si tiene que anular 25 contratos menores, tienes un grandísimo problema", ha sentenciado el portavoz del grupo popular.

Barcala ha descartado cualquier tipo de vinculación de las empresas proveedoras en todo este asunto, aunque sí ha considerado que los contratos se han dado "a quien se ha querido", obviando así la libre concurrencia.