La Complutense también investiga tres pagos por 100.000 euros para la cátedra de Begoña Gómez

En concreto, la investigación es sobre un producto del centro de enseñanza pública por registrar una sociedad con un concepto muy similar al del 'software' que se puso en marcha dentro del programa de la cátedra extraordinaria de Responsabilidad Social Competitiva que ella comenzó a dirigir en octubre de 2020.

Los representantes legales de la UCM pusieron en conocimiento del instructor Juan Carlos Peinado el pasado día 1 que han realizado una serie de consultas en una investigación interna que no puede avanzar más por la «falta de colaboración» de Gómez y por el propio carácter docente de la universidad. De ahí que le pidan que continúe realizando pesquisas para despejar si hubo un uso individual o personal de dicho programa informático y éste pudo causar un perjuicio a la universidad. En caso de que Peinado aprecie indicios de apropiación indebida, el representante legal de la universidad solicita la personación de ésta como perjudicada en la causa seguida en el Juzgado de Instrucción 41 de Madrid.

La UCM puso en marcha el 'software' que elaboraron gratuitamente las compañías Indra, Telefónica y Google como herramienta de la cátedra codirigida por Begoña Gómez a pesar de no contar con una licenciatura. Dicha cátedra, que se desplegó por cuatro años (este 2024 vencería y no parece que vaya a haber renovación) iba unida al máster de Responsabilidad Social Competitiva que también dirigía Begoña Gómez y que, como publicó ABC, no figura como uno de los títulos para el próximo curso, a diferencia del de Dirección de Captación de Fondos (Fundraising) para ONL (Organizaciones No Lucrativas) que también dirige la mujer de Pedro Sánchez y sí constaba el mes pasado en la oferta formativa.

La Complutense comenzó a hacer consultas a organismos públicos con el fin de despejar si «hubiera existido una apropiación indebida de determinados productos que se entienden titularidad de esta universidad (plataforma o 'software')», y en concreto el producto que resultó de tres contratos y gastos por un valor total de 102.000 euros para poner en marcha el programa unido a la cátedra extraordinaria.

La Universidad se dirigió en primer lugar al Registro de la Propiedad Intelectual para saber si había «asientos registrales que pudieran existir a nombre de Begoña Gómez Fernández», así como «asientos registrales a nombre de 'Transforma TSC SL'», sin que se les aportara información relevante.

En segundo lugar, escribió a la Oficina Española de Patentes y Marcas para conocer «si alguna marca, modalidad de patente y/o modelo de utilidad figuraba inscrito a nombre de María Begoña Gómez Fernández o de la Sociedad 'Transforma TSC SL'». En este caso sí hubo respuesta. Se les trasladó que existía rastro de dos marcas registradas a su nombre con las denominaciones 'TSC - Transformación Social Competitiva' y 'TSC Transforma Plataforma de Medición de Impacto SociaI y Medio Ambiental, www.TransformaTSC.org'». En este punto, la UCM informó al juez de que «no tuvo conocimiento de la posible existencia de tales marcas hasta la publicación por los medios de informaciones referidas a María Begoña Gómez Fernández».

El representante legal también alertó al instructor de que «sin conocimiento ni participación de esta Universidad Complutense», Begoña Gómez registró la empresa unipersonal con domicilio en Madrid Transforma TSC SL con el objetivo de «impulsar y promover la estrategia de Transformación Social Competitiva integrando los objetivos de desarrollo sostenible (en adelante, ODS) en las organizaciones para promover una sociedad más justa y un planeta sostenible». Una sociedad que, para la universidad, «por cuanto su denominación, persona que la constituye y objeto, pudiera dar lugar a, como mínimo, confusión con el contenido y promotores del convenio para la creación de la cátedra extraordinaria para la Transformación Social Competitiva firmado entre la Universidad Complutense de Madrid y otras personas jurídicas».

Fue el pasado 11 de junio cuando la Complutense se dirigió por primera vez directamente a Begoña Gómez, en su condición de directora de la cátedra, así como a José Manuel Ruano de la Fuente, codirector, para pedirles explicaciones. Este último contestó el mismo día. Afirmó no tener la documentación requerida «ni, al parecer, respuesta a las cuestiones planteadas» por la universidad madrileña, según consta en el informe aportado al juzgado. Por su parte, la mujer del presidente del Gobierno respondió a través de correo electrónico, un día después: «Buenas tardes. Le informo de que he recibido el correo y estoy reuniendo la información y documentación que me solicita en cada una de sus cuestiones. Un cordial saludo, Begoña Gómez», se puede leer en el mensaje, incorporado al escrito entregado al juzgado.

Tras veinte días sin respuesta por parte de Gómez, la Complutense presentó el 1 de julio su informe de auditoría interna ante el juez Peinado, destacando que «dada la falta de cooperación de determinados participantes en los hechos y afectados por la cuestión», la universidad cree que «no podrá alcanzar, por sus propios medios, una conclusión definitiva más allá de los indicios existentes».

No es la única información que se quedó fuera del escrito. En el mismo se reflejaba, también, que a petición de la mujer del presidente del Gobierno, -que alegó «motivos personales»-, se pospuso la comisión mixta de la cátedra en la que se iba a evaluar la situación y el estado de la información previamente requerida a Gómez. Cuando el informe fue incorporado al Juzgado, la reunión aún no se había celebrado.