«Clara desviación de poder»: la Audiencia de Madrid apuntala la vía Moncloa en los negocios de Begoña Gómez

Las empresas del grupo Barrabés, señala la Audiencia, resultaban una pieza clave en el desarrollo e implementación de la cátedra, para el «lanzamiento y supuesta excelencia profesional desde la que se habrían urdido el resto de actividades, sobre la que se proyecta la sospecha delictiva consistente en una clara desviación de poder». Según los magistrados existía una clara determinación «objetiva, subjetiva y temporal» de los hechos investigados por Peinado: toda aquella actividad desarrollada por Begoña en relación con el «despegue» de su actividad profesional, desde la creación de la cátedra quele ha dado soporte y en relación con terceros (personas físicas, empresas o instituciones) que le han dado soporte.

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Y precisamente por estar perfilados los hechos los magistrados sostienen que no se puede admitir la investigación de otros hechos distintos, como el Departamento África Center, Globalia o la solicitud de documentación de documentación a la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) en relación a las ayudas otorgadas a Air Europa. De ahí que la Audiencia estime parcialmente los recursos presentados contra la decisión de Peinado de investigar esos hechos, excluidos de este procedimiento al no apreciar los magistrados que la simple analogía o relación entre sí de los distintos delitos sea una causa de conexión. No obstante, dejan la puerta abierta a que estos hechos se investiguen. «De entender el instructor la existencia de indicios racionales de criminalidad de algún hecho que haga presumir la comisión de un delito distinto, ajeno al procedimiento que se está instruyendo, deduzca los correspondientes testimonios para su tramitación separada», dicen.

Respecto a la citación del presidente del Gobierno como testigo, recurrida por la Fiscalía, la Audiencia resuelve desestimar el recurso y ve justificada la diligencia del instructor pues «resulta útil y pertinente» porque de las diligencias practicadas «se deducen múltiples reuniones para la constitución de la Cátedra de Transformación Social Competitiva, celebradas en el entorno institucional de la Presidencia del Gobierno, habiendo estado presente en alguna ocasión el presidente».

En el mismo auto los magistrados levantan la imputación del exconsejero madrileño y actual directivo de Instituto de Empresa Juan José Güemes (entidad que contrató a Gómez en 2018) porque no coinciden con la conclusión del instructor, que le imputó al encontrar supuestas contradicciones entre su declaración y la de la directora de Recursos Humanos del Instituto de Empresa, Sonsoles Blanca Gil de Antuñano.

«En este caso se interrumpió su declaración y se le comunicó su próxima citación como investigado, en relación a una supuesta contradicción de lo declarado en relación con lo manifestado en la testifical de [...] Gil de Antuñano; declaración esta última de la que no se obtiene la conclusión, extraída por el instructor, respecto a que Begoña Gómez hubiera sido contratada por el Instituto de Empresa para África Center por ser la esposa del presidente del Gobierno», señala el auto.

La Audiencia acuerda dejar sin efecto también la condición de investigado del rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, en relación a la creación de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva del centro, de la que fue directora Begoña Gómez. Lo hace «ante la ausencia de datos objetivos incriminatorios en los que asentar su condición de investigado en los delitos de tráfico de influencias en el momento de su declaración».

A quien sí mantiene imputado es al empresario Juan Carlos Barrabés, avalado por Gómez en adjudicaciones públicas, y a la asesora de Moncloa Cristina Álvarez, que actuó como asistente personal de la mujer de Sánchez.