Un CGPJ partido en dos opta por mandar dos propuestas antagónicas sobre su modelo de elección

Como informó ABC, la división entre los bloques conservador y progresista (cada uno de ellos con diez vocales) era insalvable en un aspecto básico: la participación de las Cortes en la designación de los doce vocales de procedencia judicial. Así mientras que los vocales propuestos por el PP consideran que el Parlamento no debe participar en la elección de estos doce togados, que deben ser elegidos por la carrera en listas abiertas sin intervención política alguna, dicen, los propuestos por el PSOE creen que no se puede despojar al Consejo de la legitimidad parlamentaria, pues se trata de un órgano constitucional.

Las discrepancias entre uno y otro bloque para consensuar una sola propuesta eran patentes porque el planteamiento que tendrían que haber llevado al Gobierno y al Parlamento exigía su aprobación por 13 de los 20 vocales que conforman el Consejo, y eso implicaba que tres de ellos hubieran cambiado de bloque.

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De esta forma, la solución por la que optó la presidenta, Isabel Perelló, es por un informe conjunto que incluyera las dos propuestas. Este informe ha sido aprobado por unanimidad, lo que viene a corroborar que los dos grupos están de acuerdo en que el acuerdo es imposible.

La proposición de ley pactada entre PSOE y PP en junio con la mediación de Bruselas daba seis meses al nuevo Consejo para elaborar «un informe que examine los sistemas europeos en la elección de los miembros de los Consejos de la Magistratura análogos al CGPJ español» y para presentar una propuesta de reforma del modelo de elección de los vocales de procedencia judicial (que son 12 de los 20) aprobada por una mayoría de tres quintos del Pleno. Esa propuesta tenía que garantizar la independencia de esos 12 vocales con la «participación directa» de jueces y magistrados acorde con los estándares europeos y posteriormente sería trasladada al Gobierno, al Congreso de los Diputados y al Senado «con el fin de que los titulares de la iniciativa legislativa la sometan a la consideración de las Cortes Generales para su debate y, en su caso, tramitación y aprobación.

Para los conservadores, en base a las recomendaciones de las instituciones europeas, no puede haber otra opción que no sea la participación directa de la carrera sin intervención parlamentaria. Los progresistas, por contra, sostienen en su propuesta, a la que ha tenido acceso ABC, que «ni los tribunales europeos, ni los organismos consultados, ponen en duda la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional de los jueces y magistrados españoles. Tampoco, por cierto, de los miembros del Consejo. Como mucho, por parte del Grupo Greco se señala que respecto de delitos de corrupción y con carácter preventivo, podrían generarse alguna duda respecto de los nombramientos en la cúpula judicial, esto es, en el Tribunal Supremo. Eso es todo».

Para justificar que no es necesario alejar la intervención política del CGPJ, los progresistas insisten en que el Consejo, en primer lugar, es un órgano constitucional, con unas funciones señaladas constitucionalmente. Es el órgano de gobierno del Poder Judicial pero no forma parte de dicho poder. «Esto es, no goza de la potestad jurisdiccional que se predica de los órganos judiciales, a los que la constitución reconoce que deben ejercer «la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado».

En este sentido consideran que precisamente por ser un órgano constitucional de gobierno de un poder del Estado la elección de sus miembros tiene que hacerse con la participación de las Cortes Generales, participación, dicen, «que hace efectivo el principio democrático y representa el pluralismo de la sociedad y de la carrera judicial».

El sistema de elección de los doce vocales de procedencia judicial que propone este grupo son también listas abiertas o por categorías de la carrera judicial, circunscripción única y garantía de que estén presentes todas las categorías de la carrera con dos magistrados del Supremo (ahora tienen que ser tres), seis magistrados y cuatro jueces. La propuesta prevé que puedan proponer candidaturas las asociaciones judiciales legalmente constituidas y agrupaciones de magistrados y jueces. También que pueda concurrir cualquier juez de forma individual, mediante la presentación de una candidatura con el aval de 30 electores.

Los progresistas proponen además que las candidaturas respeten la presencia equilibrada de hombres y mujeres. "Una vez confeccionadas las listas de resultados con las candidaturas de las tres categorías de la judicatura, certificada por la Junta Electoral, se elevarán al Congreso y al Senado para que cada Cámara elija de entre las candidaturas a 6 vocales del Consejo General del Poder Judicial». Después se llevaría a cabo la comparecencia de cada candidato en audiencia pública, en la que expondría su currículo y un programa de actuación en el seno del Consejo. Hasta ahora esto sólo tenían que hacerlo los ocho vocales juristas.

«El Congreso y el Senado deberán respetar en su elección el principio de representación equilibrada entre mujeres y hombres, deberán mantener un equilibrio entre las diferentes asociaciones, evitando exclusiones y sobrerrepresentaciones, y las candidaturas de personas no asociadas; asimismo, se tendrá en cuenta la pluralidad territorial», señala el texto.