El fiscal denuncia que el saqueo del Palau fue un «atropello» justificado por «la bandera»

Según sus cálculos, el total de dinero desviado de manera criminal fueron los más de 22 millones, de los que 3.741.898,83 euros presuntamente fueron comisiones ilícitas cobradas por CDC, según el fiscal.

«Eso hemos tenido aquí. Y ahora todo el mundo a rasgarse las vestiduras, pero se tenían que haber rasgado muchísimo antes», ha lamentado el fiscal, que hoy expone ante la sala de la Audiencia de Barcelona sus informes finales del juicio por el expolio, en que acusa a CDC de lucrarse a través del saqueo de la institución.

El tramo final del juicio llega pocos días después de que la Audiencia de Barcelona acordase no admitir el nuevo escrito que presentó el Consorcio del Palau de la Música para acusar a CDC de lucrarse a través del saqueo, argumentando que el trámite de conclusiones ha finalizado y ello podría provocar en un futuro la nulidad del juicio.

El Consorcio del Palau, formado por Ayuntamiento de Barcelona, Generalitat y Gobierno, cambió a principios de semana el sentido de su voto después de que tanto el Ayuntamiento de Barcelona como ERC afeasen al consejer catalán de Cultura, Santi Vila, y al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, su veto incial a acusar a CDC y reclamar 6,6, millones de euros.

En su conclusión, la magistrada y presidenta del tribunal, Montserrat Comas, subrayó que «no procede admitir el escrito modificando las conclusiones definitivas, que ya fueron presentadas el 17 de mayo».

Sánchez Ulled ha iniciado su discurso lamentando que el millonario expolio sucediera durante años sin que los organismos de control de la entidad lo advirtieran y ante un «círculo socio-político muy determinado, satisfecho, complaciente, donde parecer ser que la bandera justifica casi cualquier atropello a la cartera».

«Eso hemos tenido aquí», ha remachado el fiscal, que ha ironizado sobre el «inaudito» hecho de que el juicio por el saqueo se esté celebrando «en el lugar delito», en referencia a la Ciutat de la Justicia, un de las grandes obras que presuntamente logró adjudicarse la constructora Ferrovial a cambio de comisiones pagadas a CDC a través del Palau de la Música.

Tras recordar que la Fiscalía «no cuenta solamente con los reconocimientos de los acusados» para acreditar los hechos, Sánchez Ulled ha advertido: «hay cosas que hay que decir en voz alta porque, sin ellas, no se entiende nada de lo que pasó en el Palau de la Música durante diez años».

En ese sentido, se ha referido a una «fotografía social demoledora, que influye, explica y clarifica» los hechos que el fiscal cree acreditados, y ha recordado algunas de las declaraciones del juicio, en las que, a su parecer, «queda clara la prepotencia de mucha gente que se creía intocable. Es evidente, triste y estremece», ha deplorado.

Pese a admitir que los principales acusados «han reconocido todo excepto la parte relativa al fraude fiscal», Sánchez Ulled ha criticado que se esté imponiendo «la sensación» de que la confesión de los exrepsonsables del Palau de la Música delatando a CDC por el pago de comisiones «acredita los hechos».

Sin embargo, para el representante del ministerio público, el reconocimiento de los principales acusados solo "refuerza claramente, perfila y detalla la estructura de pruebas" en que se basa para mantener su acusación.

«No encuentro explicación alguna al patético papel de los organismos de control en todo este asunto», ha señalado el fiscal, tras denunciar que la Intervención General, dependiente de la Generalitat, no fue «capaz de ver nada cuando cantidades inusitadas de dinero salían en forma de cheques de una institución pública».

«Un ente que ha tenido un integrante con una determinada relación con la acusada y ni siquiera ha salido expedientado», ha apuntado el fiscal, en referencia a un excargo de Intervención General que fue pareja de la exdirectora financiera del Palau Gemma Montull.

Además de una Intervención que «no ha sido capaz de ver cómo cantidades inusitadas de dinero salían en forma de cheques de una institución pública», el fiscal ha arremetido contra la empresa que supervisaba las cuentas del Palau -Gabinete Técnico de Auditoría- y que, a su parecer, «prescindió total y absolutamente de todos aquellos elementos de especial riesgo».