El PSC, atrapado una vez más por la inmersión

Para los socialistas, en la línea de lo que ya aprobaron en su último congreso (2019), «la mejor opción para asegurar la igualdad de oportunidades es la evolución hacia un modelo plurilingüe » en las aulas de Cataluña. De esta manera, el PSC trata de contrarrestar la cesión que el PSOE ha hecho a ERC con la «ley Celaá», y no frustrar así la recuperación del voto de Cs.

En el borrador de 131 páginas el aspecto lingüístico aparece en el segundo epígrafe del primer eje, titulado «Cataluña somos todos y todas», dejando claro así la importancia que el PSC otorga a este asunto. Entre sus propuestas, señalan que hay que «reforzar el castellano o el catalán en función de las necesidades del alumnado , garantizando el pleno dominio de las dos lenguas al finalizar la escolarización, e impulsando una mejora de los proyectos lingüísticos del centro de la mano de los equipos docentes», de manera que se establezcan «medidas compensatorias en aquellos centros en los que se detecte que de alguna de las lenguas no se han adquirido las competencias pertinentes».

De esta manera, el PSC abre la puerta a que la inmersión lingüística obligatoria en catalán se modifique en su práctica, si bien no como los detractores de este modelo (padres y asociaciones cívicas) reclaman, pues la propuesta de los socialistas, a «grosso modo», significaría que en las zonas o colegios de mayoría catalanoparlante se reforzaría el uso del español y a la inversa. De forma que los niños seguirían sin poder estudiar en la lengua materna, si esta es el español .

Aun así, el partido liderado por Miquel Iceta da un paso en la dirección opuesta a la que ha defendido en las últimas décadas, pues el modelo de inmersión obligatoria nació del PSC. Lo apunta el mismo borrador del programa electoral, que recuerda que para los socialistas su modelo lingüístico se basa en «el respeto absoluto a los derechos lingüísticos de los hablantes, tanto en catalán como en castellano», eso sí, teniendo en cuenta que el catalán debe ser «el centro de gravedad del sistema educativo y de los medios públicos de comunicación», así como la defensa de «la escuela común, de manera que no se separen los niños por razón de lengua». Y con estos mimbres apostaron por el modelo de inmersión y la planificación lingüística en todos los ámbitos.

Sin embargo, señalan en el borrador, los socialistas se encuentran en medio de dos nacionalismos, a su parecer. «Por un lado, está la voluntad del nacionalismo español de instrumentalizar electoralmente el debate lingüístico negando la realidad plurilingüe de España. Y por el otro, vemos como el nacionalismo desde el Govern y una parte del independentismo en los últimos años han acabado defendiendo un criterio monolingüe tratando de marginar al castellano».

Por todo ello apuestan por flexibilizar el modelo lingüístico en las escuelas y, además, «derogar» las multas que se recogen en el Código de Consumo autonómico y que se imponen, por ejemplo, en casos como el de los comerciantes que no tengan sus carteles y folletos de cara al público en catalán. El PSC propone eliminar las infracciones «en relación al uso del castellano» y sustituir estas multas por «un plan de ayudas a la rotulación en catalán». Además, los socialistas insisten igualmente en defender una ley de lenguas para toda España, que debería aprobarse en las Cortes Generales, para hacer realidad lo que denominan «federalismo lingüístico», promoviendo «iniciativas de reconocimiento de la pluralidad lingüística» del país.

Por otro lado, el PSC plasma en su borrador de programa electoral -sujeto a cambios hasta enero- lo que, a grandes rasgos, ya figura en la Declaración de Barcelona, documento firmado por las direcciones del PSC y el PSOE en 2017, y que supuso por primera vez la asunción de los de Ferraz de las tesis de corte nacionalista de los socialistas de Cataluña. Así, por ejemplo, el PSC se presenta a la cita del 14-F insistiendo en la necesidad de impulsar la llamada mesa de diálogo entre los dos Gobiernos (central y regional), establecer una «hacienda federal», mejorar el autogobierno y conseguir más transferencias de la Administración central del Estado a la Generalitat.

Entre las propuestas también se hace referencia a un punto que el PSOE ya aceptó en la Declaración de Barcelona : una reforma federal de la Constitución española de 1978. Eso sí, los socialistas catalanes reconocen que «si no se supera la polarización política presente, la reforma no podrá ser implementada en el actual escenario» que se vive en la comunidad y, por extensión, en toda España.