La CUP advierte a JpS de que la ley de transitoriedad tiene que estar registrada en el Parlament antes del 1-O

«Si hay dificultades para entrarla a registro o hacer una tramitación conjunta, como CUP estamos dispuestos a hacer una entrada a registro de esta ley exclusivamente como CUP », ha explicado el diputado antisistema en una entrevista para Ep.

Este escenario se plantea porque en el seno de JpS hay disparidad de criterios sobre qué hacer con esta ley: algunos son partidarios de aprobarla antes del 1-O, mientras que otros sostienen que solo puede aprobarse si gana el «sí» en el referéndum ilegal del 1-O -ya que es la ley que materializaría la independencia-.

Salellas señala que es «un debate que tiene internamente JpS y que es JpS quien tiene que resolver esta cuestión», pero advierte de que la CUP está dispuesta a tramitarla si el otro grupo independentista de la cámara catalana no llega a un consenso interno.

La llamada ley de transitoriedad jurídica es una de las «leyes de desconexión» y la que diseña la transición de Cataluña del ordenamiento jurídico legal actual a uno exclusivamente catalán fuera del orden legal constitucional e internacional, y la CUP considera que debe aprobarse antes del referéndum para que los catalanes conozcan las consecuencias de la victoria del «sí» y para que quede claro que este referéndum ilegal «no puede ser otro 9-N».

«Para nosotros y para una parte importante del independentismo, la ley de transitoriedad tiene que estar aprobada antes del 1 de octubre porque la ley de transitoriedad es lo que hace vinculante el referéndum», agrega el diputado autonómico.

La CUP teme, por un lado, que si no se aprueba la ley antes del referéndum ilegal, una eventual victoria del «sí» abra el debate de «cuáles son las consecuencias del referéndum», mientras que con la ley aprobada las consecuencias serían evidentes: la independencia.

Por el otro, sostienen que aprobar la ley antes del 1-O «es una interpelación clara al conjunto del país, de dejar claro qué pasa si votas sí y qué pasa si votas no; si no quieres que esto salga adelante, pues ve y vota no».

En conclusión, aprobar la ley de transitoriedad antes del referéndum ilegal para la CUP es un mensaje claro: «Pues mire, las consecuencias de la independencia son esto», igual que señalan que si el 1-O gana el «no», la ley perdería cualquier sentido y validez.

«Esta ley es un instrumento de determinación política, es un instrumento de claridad democrática y es un instrumento que nos da seguridad al conjunto del independentismo de saber qué pasará el día siguiente del 1 de octubre», ha concluido Salellas.

Preguntado por si la Generalitat tiene las urnas para hacer este referéndum ilegal, Salellas ha explicado que a la CUP no le han comunicado nada el respecto, pero considera que debería tenerlas porque el Estado cada vez pondrá más impedimentos contra el 1-O.

«Habrá una cierta aceleración del contexto, de la coyuntura política y, por lo tanto, todo lo que no se haya hecho pues cada vez será más difícil hacerlo», ha zanjado el diputado, que también ha dicho que la CUP está convencida de que la Generalitat avanza en los preparativos de esta votación.

Entre los preparativos que debe realizar el gobierno autonómico figura la polémica elaboración de un censo, y Salellas expone: «Nos han dicho que tienen un censo y también nos han dicho de donde sale, lo que pasa es que no lo haré público. Es dramático, pero es así», resuelve.

Salellas reivindica que la CUP ha fiscalizado al gobierno autonómico en cuanto a la celebración de este referéndum ilegal preguntando, controlando y supervisando la labor de la Generalitat y fruto de esto han recibido información que ha hecho «que este Govern exista a día de hoy».

«Si hubiéramos visto que el referéndum no avanzaba en la buena dirección, nosotros teníamos la obligación de denunciarlo y de hacer caer este Govern. No lo hemos hecho porque el Govern nos ha dado unas informaciones de que se está desplegando», concluye.

Admite que el secreto que mantiene la CUP sobre este tema «ni es sano, ni es democrático, ni entra en una lógica política normal», pero defiende que es imprescindible por el rechazo frontal del Estado a la consulta y las investigaciones que hay en marcha como por ejemplo la de la Guardia Civil.

Sobre el papel de los Mossos d'Esquadra el 1 de octubre, Salellas confía en que velarán por la seguridad de la jornada electoral y nada más: «Me cuesta mucho imaginar cualquier cuerpo público haciendo un ejercicio tan antidemocrático como sería la retirada de urnas, el precinto de colegios, etc.».

Tampoco considera que un juez pueda frenar la celebración de la consulta, ya que no se imagina «que una persona o un tribunal sea un juez o 12 o 16 puedan aniquilar el trabajo institucional de un Parlament o un Govern en torno al cual hay una mayoría social tan amplia».