La Generalitat alega al TSJC que han cambiado «las circunstancias» para revocar el 25% en los colegios con medidas cautelares

En total son una decena de centros, aseguró Gomà en declaraciones a RAC1. Son los colegios en los que el TSJC ya han dado la razón a los padres que solicitan bilingüismo para sus hijos y que, a la espera de que el Supremo ratifique la sentencia tras el recurso de la Generalitat, se aplica de manera cautelar el 25 por ciento de español en la clase del niño de la familia que tiene reconocido este derecho. Entre estos centros está el de Canet de Mar (Barcelona). Así como el Josefina Ibáñez (Abrera) y el Bogatell (Barcelona), cuyos proyectos lingüísticos están anulados. También hay escuelas de Gerona y Lérida.

«Hemos de acogernos al nuevo marco jurídico vigente, por lo que deberían dejar de aplicar el 25 por ciento», dijo Gomà, en relación a la decena de colegios que aplican, como medida cautelar, una parte de las asignaturas en español. En opinión de la secretaria general de la Consejería, la ley y el decreto ley que regulan las lenguas oficiales en la enseñanza (aprobados por el Parlament recientemente para burlar una sentencia del TSJC), y que impiden a los centros escolares planificar sus horas lectivas con porcentajes lingüísticos, obligan, a su vez, retirar un derecho reconocido judicialmente.

Así lo argumenta también la Generalitat en las alegaciones presentadas al TSJC en julio y consultadas por este diario. El Gabinete Jurídico de la Generalitat, que depende directamente de la Presidencia autonómica en manos de Pere Aragonès, se acoge al artículo 132.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, que señala que si cambian «las circunstancias» durante la aplicación de unas medidas cautelares, estas se pueden modificar o revocar. Y para la Generalitat, la ley 8/2022 (aprobada con el impulso y apoyo del PSC y los comunes) y el decreto ley 6/2022 han cambiado «las circunstancias».

«Debido a que han cambiado las circunstancias que permitieron adoptar las medidas cautelares dictadas (...), y en concreto, debido al nuevo marco legal existente, interesa a esta parte que, al amparo de lo que dispone el artículo 132.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, se revoquen y dejen sin efecto dichas medidas cautelares», señala el abogado de la Generalitat en las alegaciones presentadas al TSJC para retirar el 25 por ciento de español.

Este es el primer paso del ejecutivo autonómico para borrar el bilingüismo de los pocos centros de Cataluña en los que se aplica por orden judicial. De momento, en los que se hace de manera cautelar. El siguiente paso, en el que ya trabaja el Gabinete Jurídico, es eliminar el modelo bilingüe de los colegios que lo hacen con sentencia firme. «Todavía se está analizando la medida procesal más oportuna (para estos casos). El Gabinete Jurídico de la Generalitat está acabando de analizar la medida pertinente para dejar de aplicar estas sentencias», adelantó Gomà.

De esta manera, la Consejería de Educación pretende aprovechar la grieta temporal abierta por el TSJC, al elevar al Tribunal Constitucional la ley y el decreto ley autonómicos (que considera inconstitucionales), aprobados para impedir aplicar el 25 por ciento de español en todo el sistema, ordenado por el mismo tribunal autonómico en diciembre de 2020. Mientras el Constitucional no se pronuncie en contra, las dos normas aprobadas por el Parlament son legales y se han de aplicar, pero chocan con los derechos reconocidos judicialmente en materia lingüística y con la jurisprudencia del Constitucional, el Supremo y el TSJC.

Esta ventana temporal solo podría cerrarla el Gobierno de España si, como le reclaman las entidades catalanas a favor del bilingüismo, presentase un recurso ante el Constitucional pidiendo que paralice, hasta que el Alto Tribunal se pronuncie, la aplicación de la ley 8/2022 y el decreto ley 6/2022 autonómicos. El plazo para esta impugnación finaliza el 30 de agosto. Sin embargo, no parece que el Gobierno, por lo declarado hasta la fecha, vaya a adoptar esta medida. Ante esto y para protestar por la decisión del Ejecutivo, la plataforma Escuela de Todos ha convocado una manifestación en Barcelona el 18 de septiembre.