Colau destina más de 209.000 euros a afines con la excusa de la cooperación

Así se concluye de la convocatoria de subvenciones de cooperación para la justicia global del ayuntamiento de este año 2022, cuya resolución provisional de finales de junio, con las partidas otorgadas y denegadas, ha consultado ABC. De allí se comprueba, una vez más, que el Observatorio DESC (Derechos Económicos, Sociales y Culturales) e Ingeniería sin Fronteras (ISF), señaladas en la querella –archivada– que puso contra la alcaldesa la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática, vuelven a pellizcar cuantiosas cantidades de las arcas del gobierno municipal.

Curiosamente, en esta ocasión, estas agrupaciones 'amigas' de Colau consiguen que todos los proyectos presentados obtengan la subvención, al menos de manera inicial. Años atrás, algunas de sus peticiones habían sido denegadas. En todo caso, y a modo de resumen, solo el Observatorio DESC e ISF consiguen, para este año y por esta vía, 209.582,14 euros. Eso, además, sin contar con las cuantías de otras convocatorias de convenios, subvenciones y contratos, algunos con concurso público de por medio y otros por la vía directa.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y la Alianza contra la Pobreza Energética (APE), las otras dos entidades mencionadas explícitamente en la querella sobre los supuestos tratos de favor, no presentan ningún proyecto en esta convocatoria.

Independientemente de los candidatos, resulta como mínimo curioso que, con la causa judicial tan presente y la consecuente mirada con lupa de las subvenciones que se otorgan, el gobierno de Colau no se corte y siga beneficiando a sus aliados.

En concreto, el Observatorio DESC recauda 174.570,2 euros con dos proyectos aceptados entre la convocatoria plurianual. Uno de ellos, «Repensemos el derecho a la ciudad pospandemia», consigue un importe total de 74.806 euros, de los que se prevé una partida de 29.882,5 euros para este año y otros 29.167 para 2023. «Contratación pública, empresa y derechos humanos en época de transición ecosocial» es el segundo programa subvencionado, en este caso con un fondo de 99.764,2 euros durante varios años y por el que esta organización percibirá 39.699,64 euros este año y otros 39.393,59 euros el próximo curso.

Por su parte, ISF se lleva 254.853,83 euros por tres proyectos que también se extenderán durante más de doce meses. Para su programa «Promoción del asociativismo local en defensa de la justicia ambiental», esta entidad consigue 142.353,83 euros (de los que 80.000 euros se proponen para este 2022). Además, para «Coherencia de políticas para transiciones socioecológicas con justicia global» recibirá de las arcas municipales 75.000 euros (30.000 de ellos este año) y para «Juventud en acción para la justicia ambiental global» también pellizca un total de 37.500 euros, de los que 30.000 euros son de las subvenciones de 2022.

Además de a estas dos asociaciones, a otra afín a los comunes se le autorizan 25.075 euros, de los que 19.975 euros se entregan este año, para ejecutar el proyecto «ApS en finanzas éticas en las universidades y ciclos formativos de Barcelona». La beneficiaria es la asociación FETS (Finançament Ètic i Solidari), que se engloba dentro del entramado de organizaciones vinculadas a la economía social y solidaria que comparten sede social física con el edificio en el que se encuentra el Observatorio DESC, en la calle Caspe, 43 (Barcelona).

Tampoco queda al margen otra vieja conocida entidad para Colau, la asociación Irídia. El también conocido como Centro de Defensa de los Derechos Humanos, fundado, entre otros, por la madre del antisistema Rodrigo Lanza, que en 2017 mató a un hombre en Zaragoza por llevar unos tirantes con la bandera española, recibe una partida de 50.000 euros, de los que 36.500 euros se entregarán este año, por «Alertas transfronterizas ante vulneraciones de derechos a migrantes en Marruecos».

Años atrás, Lanza fue condenado por su implicación en unos disturbios en Barcelona durante el desalojo de una fiesta ilegal en los que quedó tetrapléjico un agente de la Guardia Urbana. El actual diputado de los comunes en el Congreso Jaume Asens fue uno de los abogados que le asesoró y, poco después, se implicó profesionalmente con Irídia. De hecho, años después, durante su etapa como concejal en el ayuntamiento barcelonés, fue el primer responsable de los beneficios a esta entidad con cuantiosas partidas públicas, sobre todo para denunciar la actuación policial durante el referéndum ilegal del 1-O, lo que ya supuso un aluvión de críticas.

Ahora, la responsabilidad de la convocatoria de las subvenciones recae en la cuarta teniente de alcaldía, Laura Pérez, que dirige el área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y Lgtbi y en la actualidad es uno de los pesos fuertes del gobierno municipal. En el mismo concurso salen beneficiados fundaciones locales y con presencia en zonas en conflicto, asociaciones especializadas en desigualdades, derechos de la mujer, población infantil o colectivos indígenas y también grandes ONG, como ProActiva Open Arms, Acción contra el Hambre, Médicos del Mundo, Oxfam Intermón, Vicente Ferrer o Cruz Roja.