El Síndic reparte culpas entre el Govern y los Maristas por los abusos

El Síndic hizo estas valoraciones después de la reunión con representantes de las consellerías implicadas en el caso -Enseñanza, Asuntos Sociales e Interior-y de los Mossos, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), la Fiscalía Superior de Cataluña y la Delegación del Gobierno en Cataluña para analizar su actuación y buscar medidas para evitar que se puedan repetir casos parecidos.

Ribó aseguró que las consellerías implicadas no dieron «una respuesta como gobierno» porque tras la denuncia de 2011 no se activaron los mecanismos de protección y denunció la descoordinación, falta de comunicación y el «flagrante» incumplimiento del Protocolo Marco contra el maltrato infantil, que se acordó en 2006 a raíz del «caso Alba». Su aplicación ha «fallado estrepitosamente», incidió Ribó, que convocó otra reunión el 17 de marzo con todos los implicados para abordar nueva medidas.

En la misma línea, el Síndic denuncia que la dirección del centro «no respondió como lo tendría que haber hecho». Los Maristas, según Ribó, ocultaron las quejas a las autoridades responsables y también lo silenciaron ante la comunidad educativa y las familias. Ribó también considera que el hecho de que la familia de este alumno decidiera finalmente no denunciar es «insuficiente» para «justificar» que no se adoptaran medidas.

Por otro lado, el Síndic recrimina a Enseñanza que no hiciera más difusión y formación de la obligatoriedad de cumplimiento de los protocolos. Tampoco entiende que los Mossos no informasen a la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) y a otros departamentos de los supuestos abusos cometidos por Benítez y considera «inadmisible» que la policía no investigara si otros alumnos habían sido víctimas.

En una línea similar, Ribó lamentó que la Fiscalía aceptara que el juez archivara el caso de 2011 y porque al no reabrirlo dejó «desprotegido el interés superior del menor». También recriminó la falta de medidas al Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia.

Ribó, que recordó que la Generalitat tiene pendiente de desarrollar el artículo 93 de la Ley de Protección del Menor de 2010 y crear un centro de atención para casos de abusos a menores, confía en que la Generalitat revise la actuación de los Maristas, adopte medidas para descubrir si ha habido otras víctimas de abusos para ofrecerles asistencia e impulse medidas transversales entre consellerías.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Barcelona informó ayer que solicitará la retirada del concierto en la escuela Maristas de Sants-Les Corts en caso de que se confirme la actuación irregular del centro ante los abusos cometidos por Benítez y anunció que estudiará personarse en la causa judicial como acusación a través del Consorcio de Educación a favor de las víctimas.