El profesor castigado por combatir el adoctrinamiento en Cataluña: «Me ven como un intruso»

El Ministerio Fiscal ha detectado «irregularidades» tanto en la forma en la que se tramitó su expediente como en la sanción que se le impuso. Sin embargo, descarta «provisionalmente» abrir procedimiento penal en espera de lo que determine la vía contencioso-administrativa. ¿Está decepcionado por esa primera respuesta de la Fiscalía?

Siento una sensación agridulce. Por un lado, la Fiscalía reconoce sin ambages la realidad del adoctrinamiento ideológico en el centro; los intentos de desprestigio profesional que me infringió el director, así como su desprecio hacia mi libertad de cátedra; la pasividad del director ante actitudes supremacistas y de falta de respeto a mi persona por parte de un sector minoritario de alumnos; la hostilidad y malos modales de la inspectora de centro, intentando dejarme en evidencia ante mis alumnos; el despliegue de pancartas insultantes hacia mi persona, tanto en el interior como en el exterior del instituto. Admite también la realización de asambleas políticas fuera del centro, en horario escolar, con asistencia de alumnos de ESO; el incumplimiento sistemático de sus obligaciones por parte del director; la necesidad de que se realice una amplia depuración de responsabilidades ante el cúmulo de irregularidades detectado, cometidas por el director y los inspectores.

Por otro lado, como usted apunta, el fiscal desecha provisionalmente abrir la vía penal y se limita a dar copia de su decreto al departamento de Enseñanza y a la Delegación del Gobierno en Cataluña para su remisión a la Alta Inspección Educativa a fin de «investigar y depurar las responsabilidades que correspondan». A tenor de los antecedentes, sería una sorpresa mayúscula que el departamento de Enseñanza decidiera investigar, no digamos sancionar, estas irregularidades. En cuanto a la Alta Inspección, entiendo que no tiene potestad sancionadora y sólo podría informar, en el mejor de los casos, al Ministerio de Educación, el cual jamás ha hecho nada que pudiera ser interpretado como una injerencia en las competencias educativas de la Generalitat. Ni siquiera en circunstancias políticas mucho más favorables que las actuales, con un Gobierno sostenido por los separatistas catalanes.

Mi expediente sancionador se abrió y se empezó a instruir durante el periodo de aplicación del artículo 155, a raíz del intento de golpe de Estado secesionista. En esos momentos la educación en Cataluña dependía exclusivamente del Ministerio de Educación. Y estaban perfectamente informados de mi caso, pues el sindicato CSIF les remitió abundante documentación y yo mismo me entrevisté personalmente en Madrid con el Secretario de Estado de Educación, Marcial Marín. En aquel momento podían haber archivado mi expediente de inmediato. Pero sólo obtuve buenas palabras y el expediente siguió adelante. En definitiva, no puedo esperar nada de las autoridades políticas y educativas, sólo de la Justicia. Por ello, el desistimiento de la Fiscalía me deja un regusto amargo.

¿Cree que la situación general en Cataluña afecta de alguna manera al trabajo de la Fiscalía?

Hay que reconocer que los jueces y fiscales no lo tienen nada fácil en Cataluña. Hemos comprobado como cualquier actuación que el separatismo considera contraria a sus intereses pone en marcha un protocolo de acoso implacable: señalamiento en las redes, insultos, sabotajes a sus propiedades, pintadas en sus casas… Para el poder separatista, el único fiscal o juez bueno es el sumiso, el que consagra su impunidad. Hace falta mucha entereza, en esta situación, para sobreponerse a la presión y seguir cumpliendo con tu trabajo con la independencia que exige la función judicial. No es extraño que muchos soliciten el traslado y sea cada vez más difícil cubrir las vacantes. El Gobierno tampoco parece que esté planificando medidas que puedan revertir la situación, de manera que, si esto sigue así, en unos años podríamos encontrarnos con que sólo quedan en Cataluña los jueces y fiscales sumisos o los de ideología separatista. Con lo cual se cumpliría, al menos en la práctica, una de las grandes aspiraciones del separatismo: el control efectivo del poder judicial.

Sin embargo, tampoco sería adecuado dramatizar en exceso la situación de jueces y fiscales en Cataluña. No dependen directamente de la Generalidad, por lo cual no sufren acoso laboral o sanciones económicas, como pasa con profesores, mozos de escuadra, policías municipales, personal administrativo… Y tampoco se ha materializado ninguna amenaza contra su integridad física: aún no ha sido asesinado ningún juez o fiscal, como en el País Vasco por la acción criminal de ETA o en Italia por la mafia. Por consiguiente, hay margen en Cataluña para la acción independiente de la Justicia. Pero tienen que creer en ella los jueces y fiscales. La independencia judicial es una conquista, hay que luchar por ella, no cae del cielo. Y menos en Cataluña.

El fiscal acepta en su escrito que las versiones aportadas por los alumnos y los profesores son contradictorias y que ni el centro ni los alumnos que presuntamente le acosaron eran neutrales respecto al 'procés'. ¿Por qué cree que la Fiscalía ha descartado, finalmente, componentes políticos e ideológicos en el acoso que usted ha sufrido?

Cuando algún caso de agresiones físicas o morales por motivos ideológicos, con funcionarios de la Generalitat como sujetos agentes o pacientes, llega a los tribunales, está claro que el asunto les quema en las manos a jueces y fiscales. El curso pasado, una maestra de primaria en Tarrasa agredió a una niña de 10 años, la humilló delante de sus compañeros, la zarandeó y lanzó contra el suelo. Le destrozó el trabajo que había hecho y después la expulsó de clase. ¿Motivo? La niña había pintado una bandera constitucional de España para su álbum de fin de curso. La Generalitat intentó minimizar el asunto y no tomó medidas cautelares contra la maestra. Cuando abrió un expediente para investigar los hechos, se concluyó, tal como avanzó ABC, que había sido una falta leve, que no existían motivaciones ideológicas y que no hubo maltrato físico a la niña. En definitiva, la maestra se fue de rositas.

El tribunal tampoco encuentra animadversión ideológica en la actitud de la maestra y relativiza el informe psicológico sobre la menor, en el que se detallan la ansiedad y trastornos que le ha causado el episodio. En definitiva, el Tribunal no se ha atrevido a ir más allá de la calificación que puso la Generalitat en su momento a los hechos.

¿Piensa, entonces, que el estamento judicial elude sistemáticamente estas cuestiones en Cataluña?

Nunca me atrevería a hacer una afirmación tan general, sería injusto y pretencioso por mi parte. Pero no se puede negar que algo de eso ha sucedido en ocasiones. Por ejemplo, en el caso de los 9 profesores del IES El Palau, que humillaron a los hijos de los guardias civiles tras el golpe secesionista de octubre de 2017, la Generalitat y su Sindic de Greuges se volcaron en la defensa de estos docentes. Y, finalmente, todos los casos fueron archivados por el tribunal, con el argumento de que no había suficientes indicios para mantener abierta la causa por delitos de odio, a pesar de las evidencias y los testimonios unánimes de los alumnos.

En una reciente sentencia, el juez ha anulado 3 sanciones que el director general de la Policía autónoma catalana había impuesto a Ángel Gómez, presidente de la Unió de Mossos per la Constitució (UMC). Sin embargo, el juez ha denegado las pruebas que Ángel Gómez solicitaba, con la finalidad de determinar si dentro del cuerpo de Mossos d'Esquadra hay trato desigual por motivos ideológicos a los agentes que se manifiestan por el respeto a la legalidad constitucional con respecto a los que exhiben una ideología secesionista. Sencillamente, el juez no ha querido entrar en la cuestión de si existe discriminación y trato desigual por motivos ideológicos. Lo cual, dicho sea de paso, es una evidencia para todo el que está dentro de la administración catalana.

En definitiva, y volviendo a mi caso, la precavida actitud del fiscal descartando, al menos «por el momento», componentes políticos e ideológicos en la apertura de mi expediente, a pesar del cúmulo de indicios en sentido contrario, tiene precedentes en otros casos similares. Lo que demuestra que no les resulta fácil, a jueces y fiscales, ir contra la Generalitat. Sin embargo, esa misma fiscalía puede promover sin ningún problema una acusación por delitos de odio, con petición de tres años de cárcel, contra un sacerdote catalán por el mero hecho de haber publicado un artículo valorando muy negativamente el yihadismo violento. Está claro que resulta menos complicado proceder contra un cura que contra el gobierno de la Generalitat. Pero el sentido profundo y más puro de la Justicia es la defensa del débil frente a los atropellos del poderoso. Y el Gobierno de la Generalitat ya tiene sus propios medios, y sobrada falta de escrúpulos, para imponer su voluntad. Sólo falta que la fiscalía haga mutis por el foro.

En enero de 2019 el Consorcio de Educación de Barcelona le impuso una suspensión de empleo y sueldo de 10 meses, según arguyó, por incumplir con sus obligaciones docentes y otras irregularidades en el desempeño de su función docente. ¿Por qué se ensañaron con usted las autoridades educativas?

Hace 40 años que la educación pública es el instrumento principal para un ambicioso proyecto nacionalista de ingeniería social, el famoso 'Programa 2000', que tiene la finalidad de crear la mentalidad social adecuada para conseguir la secesión de Cataluña. Sus dos puntos fundamentales son: 1) La imposición del catalán a una población escolar mayoritariamente castellano hablante. 2) El adoctrinamiento en los mitos y la cosmovisión del separatismo catalán, en buena medida a través de los contenidos de los manuales de Ciencias Sociales, para crear en el alumnado un sentimiento de odio -al menos, de absoluto desapego y desprecio- hacia España.

Yo imparto siempre todas mis clases en lengua española, cosa que la mayoría de alumnos agradece mucho. E intento explicar una Historia de España que, reflejando los hechos con honestidad, contribuya a que los alumnos sientan afecto y orgullo hacia su país y hacia el conjunto de sus compatriotas. La escuela, en un país normal, tiene esa función complementaria de fomento de la cohesión social y del patriotismo cívico. Lo inaudito es que fomente la fractura social, el odio hacia los compatriotas y el desprecio al propio país.

Esta manera de proceder no me ha hecho muy popular, precisamente, en el mundillo nacionalista, que lo ve como un auténtico desafío. Me consideran un intruso que se ha colado en «su» escuela y han intentado infructuosamente más de una vez, prácticamente desde que aprobé las oposiciones, sacarme por las malas o por las peores.

Pero el detonante fue el fracaso del golpe de Estado secesionista en octubre de 2017 y la subsiguiente aplicación del artículo 155. Me convertí entonces en el chivo expiatorio de la frustración de mucha gente, que esperaba el advenimiento de la República Catalana como si fuera la llegada del Mesías. Además, expedientándome demostraban que, a pesar de todo, el secesionismo seguía controlando la situación. De manera que se pusieron manos a la obra ante la pasividad absoluta del Gobierno de la Nación. No fui un caso único, desde luego.

¿No cree que hayan podido existir también cuestiones de tipo personal?

Si descendemos a los responsables directos, hay que decir que tenían sus motivos particulares, efectivamente. El director del instituto no es catalán de origen y fue militante de extrema izquierda en su juventud, igual que yo. Pero ahí se acaban las similitudes, pues él quería hacer carrera política y se metió en el PSC. Tragó carros y carretas sin rechistar (normalización, inmersión, adoctrinamiento, trivialización de los contenidos… lo que hiciera falta) y el PSC lo recompensó con cargos municipales; así estuvo liberado de la enseñanza durante siete años. En cuanto a la inspectora a la que aludo en mi denuncia comparte con el director la característica de no ser catalana de origen, por lo cual ambos se sienten obligados a sobreactuar en todo lo relativo a su adhesión inquebrantable al Proyecto Nacional Catalán. Es lo que podríamos denominar el síndrome del charnego agradecido, que ha reportado un buen número de situaciones grotescas en el mundo de la enseñanza catalana. A este tipo de elementos les incomoda sobremanera tener delante colegas de su misma cepa sociológica que se han negado a transitar por ese camino de sumisión, pues lo sienten como un reproche mudo.

En cuanto al tercero en discordia, el otro inspector mentado en mi expediente, es un caso notable. Comenzó como maestro, incorporado posteriormente a la ESO. Entusiasta de la Logse, enseguida fue designado inspector de educación, función que ha ejercido durante más de 20 años. Y en todo ese tiempo no ha aprobado oposiciones, ha ejercido siempre como inspector interino designado a dedo por el departamento de Educación. Lo cual es signo inequívoco de su fidelidad al programa secesionista en la enseñanza. A pesar de ello, o tal vez precisamente por ello, fue nombrado director de la Alta Inspección Educativa del Estado en Cataluña durante los 7 años del mandato de Rodríguez Zapatero (2004 – 2011). Como si al zorro le nombraran director del gallinero. Durante ese tiempo no transmitió al Ministerio ni una sola irregularidad por parte del departamento que pudiera chirriar con la normativa estatal y cortó los puentes que sus predecesores habían tendido con los sectores de la comunidad educativa catalana descontentos. Cuando fracasó el intento secesionista, se discutió en el Congreso la posibilidad de reforzar la Alta Inspección para controlar el adoctrinamiento en las aulas catalanas. El mentado inspector manifestó su oposición a ello, con el argumento de que la Alta Inspección «no debería pasar por encima de la inspección técnica, que accede al puesto por oposiciones, por sus capacidades y méritos». ¡Y lo decía él, que ha estado ejerciendo de inspector técnico más de 20 años sin aprobar oposiciones! La Generalitat no ha publicado la convocatoria durante más de 15 años, con el resultado de que el 80 por ciento de la plantilla está formada por interinos sumisos designados a dedo. Una afirmación así revela toda la desfachatez del personaje, la cual reafirmó en su informe -clave para mi sanción- donde incluyó un cúmulo de falsedades realmente espectacular y que sería largo detallar.

En declaraciones a los medios ha asegurado que la Generalitat «ha forzado» su jubilación...

Durante la instrucción del expediente mi abogado solicitó, a petición mía, que se facilitara mi salida del centro por medio de una comisión de servicios en otro instituto. Es la praxis habitual en estos casos: cuando hay una situación de enfrentamiento y mal ambiente en un centro, la inspección tiene potestad para facilitar cambios de destino sin necesidad de esperar al concurso de traslados, así la tensión remite. Pero, de modo sorprendente, se me negó tajantemente esta posibilidad. El mensaje me pareció claro: «pierde toda esperanza de que dejemos de acosarte, la única salida que tienes es la jubilación».

Por otra parte, una vez comunicada la sanción comprobé que tardaban mucho en aplicármela. Era evidente que me estaban dando tiempo para jubilarme, así yo me libraba de la sanción y la administración se libraba del descrédito que supone aplicar un castigo tan desproporcionado e injustificable. Pero como yo no me jubilaba, acabó venciendo ampliamente el plazo legal de 6 meses de que dispone la administración en estos casos. Por cierto, este es uno de los aspectos formales por los que reclamo la nulidad de la sanción.

A pesar de que la suspensión de empleo y sueldo durante 10 meses había prescrito, me la aplicaron igualmente cuando comprobaron que continuaba en activo. Finalmente, no tuve más remedio que jubilarme, ante la perspectiva de completar los 10 meses privado de mi nómina para, al final, tener que reincorporarme al mismo centro donde me esperaba idéntica situación de acoso, como me habían dado a entender clarísimamente. Mi propósito inicial era seguir en activo hasta los 65 años, cuando menos, pero, dadas las circunstancias, no tenía mucho sentido.

¿Habrá más sanciones como la suya?

La administración catalana ha demostrado estar absolutamente desquiciada y no tener escrúpulos. De manera que es probable que sí, a pesar de la precaución que existe entre los docentes, los cuales saben cómo se las gasta la Generalitat con los funcionarios disidentes.

¿Qué debería cambiar para que los docentes denunciaran más?

Los sindicatos no controlados por el separatismo deberían implicarse mucho más en esta problemática. Los partidos constitucionalistas deberían llevar el debate sobre estas cuestiones tanto al Parlamento autonómico como al Congreso de los Diputados. Y sería fundamental que los tribunales entraran a fondo en estos asuntos, caiga quien caiga.