Meridiana, secesionismo contra los vecinos

No siempre fue así. En sus inicios, de forma diaria, a las ocho de la tarde, llegaron a reunirse en este punto hasta 200 de personas, que incluso cocinaron paellas en medio de la avenida, impidiendo así el paso de vehículos y provocando la desesperación, no solo de quienes trataban de regresar a sus casas tras la jornada laboral, sino también de vecinos y comerciantes de la zona. Todo ello, con el visto bueno del Govern, que aún alega que la protesta cuenta con todos los permisos . En ocasiones, también se han sumado a la movilización políticos de Junts como la actual presidenta del Parlament, Laura Borràs, ; miembros de la CUP, como Antonio Baños, o la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie. Pero en los últimos meses, el corte resulta casi residual.

Incluso antes de que el Gobierno central otorgase los indultos a los presos del 1-O, el colectivo, bautizado como ' Meridiana Resisteix ', ya había perdido músculo. De centenares pasaron a ser decenas. Pero estos más de dos años de cortes –a excepción del parón por las restricciones pandémicas, alguna interrupción veraniega, o con la prohibición de la Junta Electoral para los comicios del 14F– han tenido su impacto en las arcas municipales, ya que la protesta ha contado cada tarde con un dispositivo de la Guardia Urbana de Barcelona, lo que supone un coste de unos 1.700 euros diarios , según el propio consistorio.

De hecho, solo durante los primeros meses de la movilización, la policía barcelonesa remitió hasta cuatro informes al Departamento de Interior para alertar de las «alteraciones del orden público con peligro para personas y bienes » que suponía. Entre otros, a principios de 2020, varios encapuchados amenazaron a conductores y golpearon a los vehículos que no podían circular por el corte de tráfico. Uno de ellos «portaba líquido inflamable y tres cápsulas de aire comprimido», según indicaron los agentes.

Días más tarde, una veintena de individuos, también con el rostro cubierto, «golpearon a patadas y puñetazos a vehículos» que se quedaron atrapados por el corte de la Meridiana . «Diversas patrullas se acercaron para evitar enfrentamientos y agresiones ante la actitud hostil y violenta de los concentrados». Además, en sus inicios fueron habituales las hogueras en medio de esta avenida. Algunas veces llegaron a superar los «cuatro metros de altura» y a su llegada, los bomberos eran recibidos «con hostilidad».

Pese a estas advertencias, el entonces consejero de Interior, Miquel Buch, defendió la legalidad de la concentración, que llegó a amparar en el «derecho constitucional» a la protesta. También el actual titular del Departamento, Joan Ignasi Elena señaló, cuestionado por la permisividad del Govern, que los manifestantes tenían «todos los permisos» para plantarse en medio de la Meridiana.

Por su parte, el Ayuntamiento ha reclamado en varias ocasiones a la Generalitat que acabe con los cortes en esta arteria de la ciudad, pero sin éxito. Fue a finales de 2020, casi un año después de comenzar la movilización, cuando un grupo de residentes hartos del esperpento diario fundaron la asociación ' Meridiana sin cortes ' para plantar cara a los independentistas. De hecho, entre agosto y diciembre de este año, solicitaron la autorización para manifestarse en el mismo espacio e impedir así el corte. Algo que han conseguido con éxito, enviado al otro grupo a la acera.

«Se pueden manifestar el día entero si lo desean, el problema no es que reivindiquen algo con lo que podemos estar en desacuerdo. No se trata de limitar sus derechos, sino de que ellos respeten los de los demás, porque se dedican a imponer lo que les place», explicó Pedro, su portavoz, a ABC. Desde 'Meridiana sin cortes' lamentan que la movilización se produzca «siempre en la misma zona, un barrio de trabajadores», ante la inacción de las administraciones . Reprochan además que tengan que ser los propios afectados quienes organicen cortes con sus coches o caceroladas, para clamar por el fin de una convocatoria residual que llevan sufriendo desde hace dos años y para la que no existe fecha final, pese a las afectaciones que genera y ser minoritaria.