Anticorrupción estudia la denuncia de Trapero por la Operación Cataluña

En junio de 2021, este diario ya publicó que Villarejo y el jefe de la UDEF José Luis Olivera querían destruir a un fiscal Anticorrupción, David Martínez Madero, y a un jefe de los Mossos. Ese responsable del Cuerpo catalán era Trapero, entonces máximo responsable de la Policía judicial. Así consta en un audio, el de la grabación de una comida, celebrada el 3 de noviembre de 2009, en un restaurante de Madrid, a la que asistieron Villarejo, Olivera y un tercero, el inspector jefe Antonio Giménez Raso, destinado en Barcelona y salpicado en ese momento, junto a su hermano Carlos, por un caso de narcotráfico en el puerto de Barcelona –ninguno de los dos fueron condenados, aunque Antonio sí llegó juicio–, de ahí el motivo de la inquina contra el fiscal y, por extensión, contra los Mossos y todos aquellos que colaboraron con él, y que nace por esa investigación y la de los clubes Riviera y Saratoga. En ambas había relaciones entre delincuentes y agentes de las Fuerzas de Seguridad.

En varios momentos de la conversación, tal y como desveló Pablo Muñoz, los comensales se centran en diseñar una estrategia para destruir el prestigio del fiscal que, antes de dar el salto a la Oficina Antifraude, había jugado un papel clave en esas dos causas. La charla avanza, y con ella los preparativos para destruir no ya a Martínez Madero, sino también a Trapero. En el ámbito judicial la excusa sería la supuesta protección que tanto el fiscal como la Policía catalana dispensaban al confidente que colaboró en la operación del Riviera y Saratoga, Manuel Giménez Carbajo, cuyo testimonio fue clave en la sentencia condenatoria dictada años después. Conspiraron así para situarle como narcotraficante y abrirle una investigación con el objetivo, además, de que la llevase a la Audiencia Nacional donde presumían de tener influencia. Eso no llegaron a conseguirlo.

Este pasado enero, después de que 'La Vanguardia' y eldiario.es desvelasen las notas de Villarejo, en las que hacía referencia a que el entonces ministro del Interior Jorge Fernández Díaz era quien se encontraba tras la trama para implicarlo, el ex jefe de la Policía catalana detalló que esas «invenciones y falsedades», de manera espuria, tuvieron consecuencias judiciales graves e injustas en personas a sus órdenes, en referencia a la presunta trama de cobro de comisiones en los burdeles de Castelldefels (Barcelona) Riviera y Saratoga. «Como funcionario, pero especialmente como ciudadano, comprobar que otros funcionarios y cargos públicos me perseguían es indignante, frustrante y decepcionante», apuntó. Por ese motivo, decidió poner el caso en manos de la Justicia. Ahora, Anticorrupción tendrá que decidir si abre o no diligencias de investigación.