Prorrogada seis meses la investigación a funcionarios de la cárcel de Brieva por tener sexo con Ana Julia Quezada

Así lo ha acordado el juez instructor a través de un auto, con fecha de este lunes, al que ha tenido acceso EP, en el que el magistrado justifica la medida de ampliar las pesquisas durante otro medio año «ante el estado de las actuaciones aún pendientes de practicar por razones objetivas, siendo la misma necesaria para poderse completar la instrucción y poder dictar con plenitud de elementos valorativos la resolución correspondiente de las previstas en el artículo 779.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal».

El referido auto se produce después de las últimas declaraciones celebradas en sede judicial el pasado día 27 de junio, entre ellas la de un educador del penal abulense quien, respecto de Quezada, que cumple allí prisión permanente revisable por el asesinato del niño Gabriel Cruz en Níjar (Almería), aseguró que la reclusa amenazó con «hundir» el centro con la difusión de vídeos sexuales de ella y varios funcionarios si no era trasladada a Barcelona.

El chantaje de Quezada, según el educador, tenía por objeto forzar el traslado a un centro penitenciario en Barcelona, donde reside su novia, que la reclusa ya había solicitado mediante la presentación de una instancia pero que pretendía lograr con la amenaza de destapar los vídeos sexuales en los que ella y varios funcionarios salían practicando sexo. La amenaza se la trasladó la presa durante una entrevista mantenida en julio de 2024.

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Una de las personas que supuestamente habrían mantenido sexo con Quezada, el que fuera cocinero en el centro penitenciario abulense A.M.H, también declaró ese día, en este caso como investigado, para declararse inocente y atribuir la implicación por parte de la reclusa al hecho de que no se plegara a sus insinuaciones. El investigado apunta que Ana Julia se presentó en ocasiones en la cocina de forma insinuante y le llegó a tocar el hombro, y pese a ello rechazó tener sexo con ella.

Sí precisó que en una ocasión la presa le pidió el favor de que se pusiera en contacto telefónico con su novia, M.A.R.Q, al objeto de que le llevara al centro ropa de abrigo, llamada que se habría producido a mediados de 2024, si bien la pareja de la reclusa, que compareció también el 27 de junio ante el juez como testigo, aseguró que fue el cocinero quien facilitó el smartphone a su novia.

En la causa figura como acusación popular Patricia Ramírez, madre del niño asesinado por Quezada y por cuya muerte cumple prisión permanente revisable en el centro penitenciario abulense. Dicha acusación ha vuelto a insistir en la importancia de tomar declaración también a otra reclusa que, supuestamente, tendría pruebas incriminatorias en este caso pero cuyo testimonio ya fue rechazado.

Otro de los funcionarios investigados, S.T, ya declaró en su día en sede judicial, tan solo a preguntas de su abogado, para negar ante el juez que investiga los hechos su implicación en ese supuesto trato de favor a cambio de relaciones sexuales con la reclusa.

El interrogatorio del funcionario se produjo en el marco de la investigación por un presunto delito de cohecho, del artículo 443.2 del Código Penal, que dirige el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Ávila contra varios funcionarios de la prisión--han dejado de prestar servicio en el penal a raíz de estos hechos al haber sido suspendidos de funciones--que habría favorecido a la reclusa la tenencia de un teléfono móvil a cambio de favores sexuales.