La guerra sin fin por el futuro del lobo

Cuando Felipe Silvela y Valle Trincado, ganaderos afincados en Ávila, ven que sus vacas están muy alteradas y mugen desesperadas llamando a sus crías, ellos también tiemblan. Si el lobo anda cerca, el pastor se asusta casi tanto como sus animales. Empieza entonces el recuento de ganado. Si falta algún ejemplar, suele ser un ternero. La madre, con las ubres llenas de leche después de horas sin alimentar a su cría, casi siempre es la primera en encontrarla, por muy grande que sea la finca donde pastan. Aunque en más de una ocasión apenas hallan sus huesos. Este año, relata Silvela, han tenido suerte, porque desde octubre solo han sufrido cuatro ataques. En el más letal perdieron dos terneros: uno murió en el momento, el segundo quedó malherido y tuvieron que sacrificarlo. «Cuando ves que falta un becerro se te queda el ánimo por los suelos. Sufrimos mucho con nuestros animales», explica este joven abulense, ingeniero de formación. Felipe Silvela y Valle Trincado tienen una explotación de ganado vacuno cerca de Ávila. Este año han sufrido cuatro ataques de lobo - MATÍAS NIETO«Nuevamente, la vieja, eterna, implacable guerra entre el hombre y el lobo», resumía a la perfección Félix Rodríguez de la Fuente, el hombre que enseñó a media España a amar a este animal. «Sin grandes presas salvajes en la mayoría de nuestros montes, no tiene más remedio que robar la carne al hombre. Y el hombre defiende su carne». Ahora, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que dirige Teresa Ribera parece decidido a escribir un nuevo capítulo en esta delicada lucha con un proyecto de orden ministerial que incluirá el 'canis lupus' en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), lo que prohibirá de facto su caza en toda la Península antes del 25 de septiembre, incluyendo los territorios al norte del Duero, donde no estaba protegida. Hasta ahora, este cánido está considerado especie cinegética en Galicia, Cantabria, Castilla y León y La Rioja. En Asturias, existen planes de gestión que establecen cuotas anuales de ejemplares a abatir. Y el País Vasco, adelantándose al nuevo estatus que tendrá el lobo, lo incluyó hace un año como figura de «interés especial» dentro del Catálogo Vasco de Especies Amenazadas. Buscando su «blindaje»El origen de la decisión que ha destapado ahora la caja de pandora está en una solicitud realizada por Ascel (Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico) al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. «Nosotros llevamos años estudiando la situación del lobo. En 2017, se publicó una orden ministerial que recogía los criterios para que una especie sea clasificada como 'vulnerable' y entre, por tanto, en el Catálogo Español de Especies Amenazadas –un registro que incluye animales que requieren una protección superior y planes de conservación y recuperación, como el lince ibérico, el oso pardo y la ballena vasca, entre otros–, así que solicitamos la inclusión del lobo en este registro, y subsidiariamente en el Lespre, en octubre de 2019», explica a ABC Ignacio Martínez, presidente de la organización. El comité científico que estudió esta petición concluyó en febrero del año pasado que no se recomienda la inclusión del lobo en el Catálogo, ya que no se considera probado que haya habido una reducción muy importante en su área de distribución, pero sí avala su incorporación en el Lespre, por su «importancia como patrimonio cultural, científico, así como los servicios ambientales que produce la presencia de este carnívoro en los ecosistemas naturales».El Ministerio de Ribera se aferró a este dictamen para sacar adelante su proyecto (en fase de alegaciones hasta hoy), con el apoyo de Cataluña, Aragón, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja y Melilla, pero ha chocado con la oposición, entre otras, de las comunidades con más lobos –Cantabria, Asturias, Galicia y Castilla y León–, que han hecho suyas las reivindicaciones de ganaderos y cazadores y han anunciado la creación de un censo en sus respectivas regiones. Están dispuestas a llegar al Tribunal Supremo.«Ninguna persona que conozca el mundo rural y la problemática del lobo puede estar a favor de esta decisión. Quien mejor defiende un sector es quien vive de él, en él y para él. Nosotros somos los mayores animalistas», argumenta Mercedes Fernández, ganadera y portavoz de la plataforma Covivencia Lobo, que agrupa a más de treinta entidades agrarias que buscan una coexistencia sostenible. El pasado 9 de junio, de hecho, centenares de ganaderos recorrieron el centro de Madrid pidiendo al Ministerio que rectifique una decisión «que ha tomado sin contar con los que viven en el mundo rural». Y, avisan, no piensan dejar de movilizarse.«¿Cómo pueden cambiar el estatus de una especie sin hacer un censo antes? Para nosotros la población de este animal ha aumentado aún con los planes de gestión. Funcionan», reivindica Fernández. Aunque las comunidades autónomas realizan sus propias estimaciones, el último conteo nacional de ejemplares, realizado entre 2012 y 2014, hablaba de 297 manadas: 179 en Castilla y León, 84 en Galicia, 37 en Asturias y 12 en Cantabria. El primer estudio de la especie (1986-1988), realizado tras su recuperación después de la crisis que vivió entre los años cincuenta y los setenta, estimó que quedaban en la Península 294 grupos, cerca de 2.000 animales. Un lobo ibérico - EFE«Para una especie como el lobo, un censo de hace siete años no tiene tampoco mucho tiempo, pero está claro que para tomar esta decisión, abordar otro censo resulta importante, imprescindible si se quisiera ligar realmente esa protección al estatus demográfico, cosa que no ha sucedido», explica el biólogo Mario Sáenz de Buruaga, director científico del censo nacional de lobo en Castilla y León, Cantabria, La Rioja y País Vasco. «El lobo mantiene una distribución continua por todo el cuadrante nororiental peninsular y lo hace con una población saludable en general, esto es, no amenazada. Su consolidado avance hacia el sur a través de Segovia, Ávila y Madrid es una buena noticia para la especie, si bien en esas zonas los daños al ganado son enormes».Los daños, en cifras «Antes era difícil ver al lobo, pero ahora lo complicado es que pase una semana sin que aparezca», cuenta José Castedo, ganadero en Zamora. Según los datos de Convivencia Lobo, en 2019 hubo 10.000 ataques de este cánido, que provocaron pérdidas superiores a 5,5 millones de euros. «Somos los primeros que no queremos que el lobo se extinga. Pero con los daños que ocasiona, los que no vamos a sobrevivir somos nosotros», lamenta la portavoz del grupo. «No queremos que el lobo se extinga. Pero con estas pérdidas, los que no vamos a sobrevivir somos nosotros»La comunidad autónoma más afectada es Castilla y León, con 3.685 reses muertas en 2020, siendo la más perjudicada Ávila (1.594 bajas). De momento no hay datos consolidados de la inversión que tendrán que hacer en indemnizaciones, pero estiman que serán similares a las de 2019: 1,2 millones de euros. En otoño de ese año, la Junta aprobó una resolución que permite abatir 339 lobos hasta 2022.Galicia perdió 2.310 cabezas de ganado en 2020, y la Xunta, que alertó en su informe de un «incremento significativo de los daños» en el territorio, desembolsó 646.000 euros en indemnizaciones. Desde 2014 no capturan a ningún ejemplar de lobo. Cantabria registró 1.518 muertes el pasado año y destinó 428.498 euros para paliar estos daños. Para la campaña 2020-2021 han establecido un cupo de caza de 34 cánidos. Asturias, de momento, ha publicado los datos de 2019, cuando resultaron dañados (muertos y heridos) 2.997 animales. En septiembre de ese mismo año autorizaron la caza legal de 42 ejemplares.En cualquier caso, los ganaderos no quieren indemnizaciones que en muchas ocasiones tardan en cobrar, sino a sus animales, reivindican desde Asaja Asturias y Castilla y León, entre otras. Eso, añaden, si pueden justificar ante las administraciones que los ataques sufridos son de lobo y no de otro animal. Aquellos que gestionan ganado ovino, plantean, pueden proteger a sus animales con perros mastines, pero en el caso de las cabañas de vacuno, es imposible, literalmente, poner puertas al campo, porque entonces la ganadería dejará de ser extensiva. «De ese pastoreo depende también la producción de algunos quesos y la limpieza del monte», defiende María Ángeles González, portavoz de Asaja Asturias. «La realidad es que se legisla desde las ciudades, y no hemos sabido externalizar la importancia del sector rural», defiende Luis Fernando Villanueva (Artemisan). La marca de la convivencia Hay, sin embargo, ejemplos de ganaderos que han logrado contener al lobo incluso viviendo en el corazón de su territorio. Alberto Fernández gestiona una explotación con 900 ovejas en plena Sierra de la Culebra. Han convertido su convivencia en el sello de su ganadería: Pastoreando con lobos. La receta para no sufrir ataques de este superdepredador, es costosa y trabajosa: «Vuelta al pastoreo tradicional, mastines y encerrar al ganado por la noche». Él tiene 17 perros, que comen, eso sí, 30 kilos de pienso diario. «Para mí, aunque quizás soy una rara avis, la protección del lobo al norte del Duero nos viene bien a los ganaderos, porque para cobrar daños tenemos que contratar una póliza de seguro privada, que si la especie pasa a ser protegida nos la ahorramos. Otra cosa es que con la protección que se le quiere dar, la especie se expanda. La extraprotección tampoco es buena», apunta Fernández.Presión ecologista Pero el ministerio de Ribera, que se plantea incluso agilizar la publicación de la orden, no solo tiene enfrente a los ganaderos y las comunidades ‘loberas’, sino también a la propia Ascel, indignada por la incorporación en el proyecto de una disposición que permite «seguir aplicando las medidas que hayan adoptado los órganos competentes de las Comunidades Autónomas (...)». «Esto supone convertir toda la protección en papel mojado», lamenta Martínez, que insiste en que cuidar a este superdepredador no solo es necesario por razones culturales, sino también porque «cumple un papel de prevención de enfermedades y control en el ecosistema». Y la organización está dispuesta a llegar hasta los tribunales para lograr la protección efectiva de la especie: «El consenso está sobrevalorado. El lobo está protegido desde el Convenio de Berna (1979) y es un bien público, no es de los ganaderos ni de los cazadores». Otros grupos ecologistas, como WWF, han aplaudido la decisión de Ribera. «Hay que darle una oportunidad a este modelo. En Castilla y León se prohibió la caza un tiempo por motivos judiciales y no hubo manadas comiéndose a los niños», sostiene Luis Suárez, coordinador de conservación de la ONG, que insiste en que el modelo actual no ha logrado reducir la caza furtiva ni los ataques. «Hay medidas que bien aplicadas pueden reducir los daños un 90 o un cien por cien. Proteger al ganado, también al vacuno, con mastines, cerrarlos por la noche, poner pastores eléctricos, dar apoyos extra a los ganaderos para que manejen al ganado, concentrar los partos de las vacas, usar ahuyentadores, sistemas de teledetección... Y si todo esto falla, crear un sistema de indemnizaciones que se paguen de forma rápida y justa». José Castedo, con su sabiduría castellana, es el que mejor resume el conflicto: «Han desatado una guerra política que vamos a pagar todos, los ganaderos y el lobo».

La guerra sin fin por el futuro del lobo

Antes del 25 de septiembre, se prohibirá su caza en toda la Pensínsula, decisión que ha alarmado a los ganaderos, temerosos de que se multipliquen los ataques, pero que parece insuficiente a algunos ecologistas. La pugna puede acabar en los tribunales

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