Castilla y León se dispone a recurrir la Ley de Amnistía ante el Constitucional tras el visto bueno de su Consejo Consultivo

La citada institución dio ayer a conocer sus conclusiones y con ellas da vía libre al Gobierno castellano y leonés para llevar al tribunal de garantías sus consideraciones contrarias a la ley de Amnistía que se apoyan, fundamentalmente, en considerarla inconstitucional al vulnerar principios elementales como el de igualdad entre todos los españoles. De esta forma, el Consultivo de Castilla y León dictamina que la Junta está legitimada para interponer recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña.

En sus conclusiones, esta institución propia de la Comunidad considera que «hay fundados argumentos» para mantener que dicha norma «no tiene cabida en la vigente Constitución Española». Entiende así que «su aprobación, conforme a los principios y valores constitucionales, requeriría la previa reforma de la Constitución».

El dictamen mantiene, además, que la ley de Amnistía «vulnera el derecho de igualdad (artículo 14) y los principios de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos y de seguridad jurídica, así como los preceptos atinentes al Poder Judicial, en relación con el principio de separación de poderes». En el informe se matiza, no obstante, que no es una cuestión de forma sino de fondo: «no debe entenderse vulnerada la Constitución ni el bloque de la constitucionalidad» por haber sido realizada la norma mediante una proposición de ley, como procedimiento legislativo de urgencia.

Sin embargo, el dictamen contó con un voto particular, el del consejero del PSOE, Francisco Ramos (exparlamentario en las Cortes de Castilla y León), uno de los cuatro que forman el Consultivo. En declaraciones a ABC aseguró que su posición contraria al recurso está «argumentada jurídicamente y en conciencia» y rechazó que tenga que ver con su condición de socialista y con que fuese nombrado consejero a propuesta del PSOE. Los otros tres miembros del Consejo son el presidente, Agustín Sánchez de Vega; el expresidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y la letrada de la Administración autonómica María del Valle Ares González.

Una vez que el Ejecutivo castellano y leonés cuenta con el dictamen del Consejo Consultivo, la presentación del recurso ante el Tribunal Constitucional será inmediata, de forma que sólo precisa ya del acuerdo del Consejo de Gobierno que se reúne cada jueves. Precisamente, lo hará hoy tras el periodo vacacional por lo que todo apunta a que el recurso de Castilla y León se presentará en las próximas semanas. El plazo para llevar a cabo esta medida finaliza a los tres meses de que la ley fuese publicada en el Boletín Oficial del Estado, hecho que se produjo el 11 de junio.

El Consejo Consultivo es una institución propia de Castilla y León cuya misión es la de dictaminar con carácter previo a la toma de decisiones por parte de la Administración consultante con el fin de garantizar su adecuación a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Sus informes son preceptivos, aunque no vinculantes, para todas las normas que emanan del ejecutivo. Con el realizado sobre el recurso de inconstitucionalidad contra la ley de Amnistía elaborado por la Junta de Castilla y León se culmina el trámite necesario para ejecutar esta actuación.

El propio presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha denunciado reiteradamente que se trata de una norma que «atenta gravemente contra España y Castilla y León, contra nuestro marco de convivencia», por lo que anunció que su Gobierno será «firme y tajante» en la defensa de la Constitución, del Estado de derecho y de principios como la libertad, la igualdad, la solidaridad y la cohesión territorial. Durante varios meses, los servicios jurídicos han trabajado en el argumentario necesario para armar un recurso contra una amnistía que, señaló, es «una aberración política que revela una sumisión ante los separatistas».

Son críticas que comparten las once comunidades gobernadas por el PP que se han mostrado dispuestas a emprender la batalla judicial contra la Ley de Amnistía y preparan también sus respectivos recursos. A los populares se ha sumado con la misma medida el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, quien denunció que la ley es «una agresión al concepto de igualdad» y «el perdón no se contrata a cambio de un chantaje». De hecho, su Ejecutivo también ha comenzado ya con los trámites para llevarla al Tribunal Constitucional.