Castilla y León lidera el 'no' al perdón de la deuda a Cataluña y a la amnistía

Una actuación que lleva a Castilla y León a encabezar la oposición de las comunidades autónomas sobre las consecuencias que pueden derivar de las negociaciones del PSOE con los independentistas catalanes para formar gobierno y mantener a Pedro Sánchez en la Moncloa. Es el primer gobierno autonómico que mueve ficha tras el acuerdo al que llegó el PSOE con ERC, que supone, entre otras cosas, la condonación a Cataluña del 20 por ciento de su deuda, es decir, 15.000 millones.

Así que este sábado Mañueco escenificó la posición de la Junta «para defender los intereses de la Comunidad que podrían verse menoscabados si se materializan los acuerdos políticos alcanzados sobre la amnistía y medidas de carácter financiero y económico». Y lo hizo con dos decisiones: la primera, para iniciar el procedimiento para la impugnación inmediata mediante un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional de la materialización formal que se produzca de los acuerdos políticos sobre la amnistía. La segunda, para comenzar el proceso de cara a la impugnación a través de un recurso de inconstitucionalidad o al Contencioso-Administrativo contra la materialización formal de las medidas financieras y económicas recogidas en los mismos acuerdos políticos. Se podría ir al TC, al Supremo o la Audiencia Nacional, en función de la institución que adopte la decisión.

Mañueco se armó de argumentos para defender estas dos medidas que impulsará la Consejería de González Gago. Lo primero será pedir informes a los servicios jurídicos y al Consejo Consultivo de Castilla y León como trámite inicial para la impugnación bajo la consideración de que los acuerdos políticos en favor de la amnistía y la condonación de la deuda «atentan gravemente contra España, Castilla y León y nuestro marco de convivencia». «Vamos a ser firmes y tajantes en la defensa de la Constitución, el Estado de Derecho y principios de libertad, igualdad, solidaridad y cohesión», señaló el presidente de la Junta y, para ello, «vamos a actuar con firmeza y determinación. Ni nos vamos a cruzar de brazos, ni vamos a mirar para otro lado». «Frente a los abusos de poder de Sánchez privilegiando a unos socios y agraviando al resto, ejerceremos el liderazgo que nos corresponde para defender a los castellano y leoneses ante la justicia», sentenció.

Mañueco se detuvo expresamente en los dos asuntos que Castilla y León recurrirá. La amnistía, porque «no puede ser por España lo que va contra España; no es un interés general, lo que es un interés personal y particular de Sánchez, y no es por la convivencia porque va contra la convivencia y nos enfrenta a todos».

En el caso de la condonación de la deuda, denunció que «Sánchez paga 15.000 millones a sus socios con los impuestos de todos los españoles para conservar su sillón». En este punto, aprovechó para enumerar todas las actuaciones que tiene pendientes el Gobierno de España y que se podrían hacer con esos 15.000 millones de euros que sí hay para «los socios» Así, denunció que no hay dinero para agricultores y ganaderos que ven morir a sus vacas o que sufren la sequía; para los soterramientos de León, Palencia o Valladolid; para el tren directo de Madrid a Burgos; el Corredor Atlántico; para mejorar la frecuencias de trenes entre Salamanca y Madrid; para la autovía de Soria; para eliminar los peajes de Ávila y Segovia; el campamento militar Montelarreina (Zamora); para mantener las 346 paradas de autobuses que quiere eliminar el Gobierno; para los regadíos, o para conectar por internet todo el territorio.

Mañueco concluyó reclamando la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera para que sea en ese marco donde se negocie cualquier quita de la deuda aunque en este punto no quiso avanzar la propuesta de la Comunidad: «No vamos a entrar en subastas o guerra de cifras porque es una cuestión de principios».