Villanueva declarará en calidad de investigado en el caso de la «Perla Negra»

La declaración de Villanueva, según un escrito notificado este viernes a las partes por el titular del Juzgado, César Gil Margareto, está prevista para el próximo 27 de noviembre, a partir de las 9.30 horas.

El titular del Juzgado de Instrucción 2 de Valladolid estima que «con apoyo en los datos de la investigación y en los cargos sustentados en la cúpula de la Consejería de Economía, incluso de las declaraciones de varios de los testigos e investigados, se desprenden indicios de participación y responsabilidades criminales y civiles por parte de Tomás Villanueva», entendiendo así que procede solicitar también su declaración como investigado, tal y como había solicitado la fiscal, que alegó que la vinculación del ex consejero con el caso podría ser constitutiva de delitos de revelación de secretos, tráfico de influencias, prevaricación, fraude y malversación de caudales públicos, «sin que sea descartable» la posible comisión de delito de cohecho y posible blanqueo de capitales.

Asimismo, el juez ha ordenado que se libren los oficios reclamados por la fiscal para una investigación patrimonial de Villanueva y su entorno, recabándose para ello información de la de la Consejería de Hacienda, la Policía Judicial, el Servicio de Vigilancia Aduanera, la DEA de Castilla y León y la Dependencia Regional de Inspección de la DEA de Castilla y León, de acuerdo con el auto trasladado esta mañana a las partes, según han informado fuentes cercanas al caso.

La Fiscalía solicitó al juzgado de Instrucción 2 de Valladolid que entrar en la lista de investigados de la mencionada trama Tomas Villanueva. De acuerdo con el auto del Ministerio Público al que ha tuvo acceso ABC , la Fiscal Jefe de Valladolid describe todos los hitos de la operación de compra de la «Perla Negra», de la que se investiga si hubo pelotazo urbanístico y en los que participó de una u otra forma el exconsejero de Economía. Se remontan a 2005, cuando Villanueva firmó el acuerdo para autorizar la iniciación del expediente de concurso público para lo que entonces se previa como un arrendamiento con opción a compra de un edificio. De él «parte la primera decisión», sostiene el Ministerio Público.