El Tribunal Supremo abre la puerta a las comunidades a recibir 4.150 millones del Estado

Esta sentencia del Alto Tribunal, la primera dictada en España al respecto, supone, además, según explica en un comunicado el director de los Servicios Jurídicos de la Consejería de Presidencia de Castilla y León, Luis Miguel González Gago, que el Estado estaría obligado a devolver a las comunidades un total de 4.150 millones , correspondientes a los efectos del nuevo sistema, que supusieron un traslado de ingresos de 2017 a 2018 por ese valor, lo que a juicio del mismo, presentaría «un serio problema» para las arcas del Estado «si se generalizan las sentencias y reclamaciones en su contra a instancias del resto de Comunidades Autónomas de régimen común igualmente afectadas».

En la demanda judicial presentada el pasado septiembre, la Junta solicitaba al Gobierno de España que se pagaran a la Comunidad las cantidades debidas como consecuencia de la pérdida de ingresos en la mencionada liquidación correspondiente al IVA, que ascienden a 120,49 millones de euros.

Asimismo, se reclamaba el abono de las cantidades correspondientes al nuevo cálculo de la variación de los Ingresos Tributarios del Estado y su repercusión en los fondos del sistema de Financiación Autonómica, que ascendía a otros 61,51 millones de euros. Esta cantidad corresponde a 30,98 millones de euros del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, 21,21 millones de euros del Fondo de Suficiencia Global y 9,32 millones de euros del Fondo de Cooperación.

Sin embargo, el Alto Tribunal no fija la cuantía -el Ejecutivo autonómico estima que se le deben 182 millones de euros- ya que no queda «debidamente acreditado que sea precisamente ese el importe que le debe ser abonado». Quedará fijada en una sentencia posterior.

El recurso precisaba que, al final, los ciudadanos habían ingresado el IVA correspondiente durante ese mes, y sin embargo el Estado se había quedado con toda la recaudación sin repartir la parte correspondiente a las comunidades autónomas, «lo que lógicamente conllevaba un enriquecimiento injusto del Estado» . Así lo reconoció la sentencia de 19 de abril de 2021 al señalar que «produciendo un desequilibrio que es necesario corregir, al haberse producido un quebranto financiero para la Comunidad Autónoma demandante y, correlativamente, un enriquecimiento indebido para la Administración del Estado».

La decisión del Tribunal Supremo viene a reconocer, ha señalado el Gobierno regional en un comunicado, «la importancia de la prueba aportada por los Servicios Jurídicos en el recurso». «Como se ha demostrado, la Junta de Castilla y León, en todo momento, ha intentado llegar a una solución consensuada previa a la judicial , y ha realizado en los últimos dos años numerosos intentos para la reclamación del pago de las cantidades que se adeudan a Castilla y León», continúa el mismo comunicado, en el que se recuerda los varios intentos del Gobierno regional para que el Estado procediera al abono de esta cantidad.