«Sorpresa» y enfado entre sindicatos y patronal ante el recorte de subvenciones anunciado por Vox

Los dirigentes empresariales se mostraron algo más expresivos ante el anuncio del plan de recorte s. El propio presidente de la patronal, Santiago Aparicio, aunque sin entrar a valorarlo a la espera de un movimiento conjunto, al menos reconoció que «nos ha pillado por sorpresa» y agregó que hasta a compañeros del propio Gobierno regional también les habría sorprendido.

Quién sí habló largo y tendido fue el presidente de la Federación Empresarial Segoviana (FES) y responsable de la comisión de Internacionalización de CEOE Castilla y León, Andrés Ortega, quien aseguró que los recortes «no son una decisión del Consejo de Gobierno» sino «un anuncio provocado por una parte de la Junta», y confió en que Alfonso Fernández Mañueco, «como presidente del Diálogo Social», devuelva «esto a la normalidad que, por otro lado, todavía no ha abandonado». El responsable de la patronal segoviana manifestó que el anuncio les ha dejado «un tanto preocupado».

Además, desde FES remarcarcon que cualquier reducción es importante pero, en este caso, la importancia no radica en el dinero sino en los servicios que se prestan. «No son gratuitos, no son servicios que se hicieran porque no se necesitaban sino que se están prestando y se prestan a día de hoy», declaró. «Seguramente esta parte del Gobierno no ha sido muy consciente, a la hora de hacer estas manifestaciones, de que está afectando directamente a las personas que mas lo necesitan», sentenció. Para Ortega, el siguiente paso es que «el Consejo de Gobierno, cuando se reúna, pase pagina directamente», informa Ical.

Tampoco en la Junta, en la parte PP (siete de diez consejerías) estaba ayer muy por la labor de valorar el polémico anuncio de Gallardo. Dos consejeras, la de Educación, Rocío Lucas, y la de Familia, Isabel Blanco, también evitaron pronunciarse sobre el asunto, a pesar de que afectaría a sus departamentos a través de las cátedras universitarias y de la formación de inmigrantes, respectivamente.

Quien sí habló y volvió a desempeñar el papel de ‘pacificador’ fue el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo , para quien «hay que distinguir entre la necesidad de concentrar recursos donde son imprescindibles y la voluntad de llegar a acuerdos en el diálogo social». Por ello, reclamó «la generosidad de todos los actores y participantes» para «entender que el mayor esfuerzo del gasto público tiene que ser dirigido a los servicios públicos sociales y la cohesión social y al ámbito del desarrollo económico», que es donde aseguró que «hay que hacer el esfuerzo por no hacer recortes». El titular de Economía puntualizó que esta decisión «no debe entenderse» como «un riesgo para alcanzar acuerdos en el ámbito del diálogo social», ya que afirmó que «que siguen siendo imprescindibles para Castilla y León».

No lo ve así la secretaria de Organización del PSCL, Ana Sánchez, ya que cree que «Mañueco tiene que decir si ratifica o desautoriza el ataque sin precedentes al Diálogo Social y a los representantes de trabajadores y empresarios y si se suma al ataque a las mujeres y a los discapacitados que se viven en los últimos días, porque el único responsable es él, que es quien metió a la ultraderecha en la toma de decisiones de un Gobierno».

A su juicio, el plan de recortes supone «un hecho gravísimo» que implica «un ataque sin precedentes al Diálogo Social y a la calidad democrática en Castilla y León», ya que «cercena derechos democráticos». «Se trata de una enmienda al legado de los Gobiernos de Juan Vicente Herrera y del autonomismo útil». Recordó que el Diálogo Social ha sido «una seña identitaria de esta tierra» y que se ha «exportado al conjunto del país» como «un signo distintivo de la buena política» y «de lo poco en lo que la Comunidad era referente».

Quien pasó directamente a la acción fue el procurador de Ciudadanos y exvicepresidente de la Junta, Francisco Igea , que presentó en el Registro de las Cortes de Castilla León seis preguntas a la Mesa del Parlamento para conocer si el presidente de la Junta conocía el contenido de lo que iba a anunciar García-Gallardo o si se había debatido en la Comisión Delegada o en el Consejo de Gobierno.

Igea consideró que si Fernández Mañueco no sabía de las medidas que iba presentar el vicepresidente tendrá que cesarlo «inmediatamente», y si lo conocía «significa que participa en la estrategia electoral de Vox en Andalucía. Me temo que eso es muy posible porque tiene mucho interés en no ser la anomalía, ya que eso cuestionaría la pervivencia de su Gobierno de coalición en Castilla y León». «El presidente no puede estar callado ni una hora más y explicar quién está gobernando aquí», aseveró.

Otra de las preguntas hace referencia a si el presidente del Ejecutivo autonómico utiliza los recursos públicos en favor de la campaña electoral de Vox en la comunidad andaluza.