El Senado pide que la Generalitat devuelva «papeles» de Salamanca

La gran polémica del Archivo a la que Rodríguez Zapatero trató de poner coto con dicha norma, ser reavivó con las denuncias de la Asociación Salvar el Archivo de Salamanca , que demostraron que numerosos documentos habían viajado a Barcelona sin tener relación alguna con la Generalitat ni con personas físicas o jurídicas catalanas o sin dejar las copias prometidas. Hay «papeles» de entidades asturianas y familias de diversas ciudades españolas que jamás estuvieron en Cataluña.

La polémica se había mantenido a nivel local y regional, con apoyo de ayuntamientos como Murcia o Salamanca , o los parlamentos regionales de Asturias y Castilla y León. Policárpo Sánchez , presidente de la citada asociación demandó a la Generalitat en un proceso para el que presentó las pruebas que pudo recabar de los envíos erróneos y que ahora mismo está visto para sentencia.

«Son documentos que refieren historias humanas y restos de memoria colectiva que no debieron salir nunca del Archivo», declaró la senadora Rosa Domínguez de Posada , de Foro Asturias . Con las mociones aprobadas ayer, el asunto vuelve a la política nacional. Presentadas por Foro Asturias (Grupo Mixto) y el Grupo Popular, en ellas se insta al Gobierno a dar «su más firme apoyo a la integridad del Archivo de Salamanca, cumpliendo las leyes y las resoluciones judiciales» y exigir a la Generalidad de Cataluña la inmediata restitución al Archivo de los citados, según lo que manda la ley. En el debate el PSOE votó en contra, junto con Podemos y ERC y PNV. Las mociones se aprobaron por mayoría absoluta.

Policarpo Sánchez se mostró «enormemente satisfecho al ver el trabajo de muchos años respaldado por el Senado» y, en declaraciones a ABC, recordó que las mociones «solicitan al Gobierno que exijan a Cataluña lo que llevo tanto tiempo demandando». Después de 2005, el asunto había vuelto al Congreso en 2013 cuando ERC pidió el envío de los restantes legajos comprometidos, algo que el Gobierno del PP realizó en diciembre de 2014.

Ante la votación de ayer en el Senado, Policarpo Sánchez dijo que «es de vital importancia que las instituciones principales de España se unan en la defensa del cumplimiento de la Ley y las Sentencias judiciales». Cataluña mantiene indebidamente en su poder, según Sánchez, «una parte del Patrimonio de todos los españoles que se conservaba en una institución de titularidad estatal». Las irregularidades afectarían a unos 400.000 documentos , según los cálculos de la asociación, una realidad no siempre aceptada por el Ministerio de Cultura.

Las mociones citan las sentencias del Tribunal Constitucional y las resoluciones judiciales en las que se evidencia que «hubo fraude de Ley al entregar documentos a quienes no son sus propietarios o herederos», según dijo la asociación en un comunicado.

La moción del PP exige al Gobierno , desde la Comisión de Cultura del Senado, la inmediata restitución de los documentos en poder de la Generalitat requeridos por el Gobierno de la nación el 12, y 13 de julio de 2013, el 5 de diciembre de 2014 y el 3 de marzo de 2017. Igualmente, urge al Gobierno la obtención de la Generalitat de la información sobre el desarrollo y el resultado del proceso de restitución para su entrega a las personas naturales o jurídicas de carácter privado. Y, por último, pide al Gobierno que exija el inventario de los documentos incautados en Cataluña y transferidos que no han podido ser restituidos y la identidad de las personas físicas o jurídicas de naturaleza privada a quienes han sido restituidos los bienes.

La moción presentada por la senadora Rosa Domínguez de Posada, de Foro Asturias, insta al Gobierno a que apoye la integridad del Archivo cumpliendo las leyes y resoluciones judiciales. Que se comprometa, igualmente, con el Archivo y los fines para los que fue creado. En tercer lugar, «que exija a la Generalidad de Cataluña la inmediata restitución al Archivo General de la Guerra Civil, con sede en Salamanca, de los documentos no restituidos a sus legítimos propietarios», lo que implica la devolución de los documentos no restituidos, los que ha restituido a quienes no son propietarios y los que recibió indebidamente, al proceder de familias de 23 provincias no catalanas . Finalmente, la moción de Foro Asturias, pide al Gobierno central que vele por el cumplimiento, por parte de la Generalitat, de la obligación de realizar copias de los documentos correctamente transferidos.

La Asociación que defiende la unidad del Archivo de Salamanca estima en más de 400.000 los documentos retenidos ilegalmente por el Gobierno de Puigdemont , entre los que encuentran documentos tanto de ciudadanos particulares como de instituciones y organizaciones.