El PP suaviza las reivindicaciones más polémicas de Vox en Castilla y León

Entre esos asuntos que podrían generar más polémica, destaca especialmente las vinculadas a las mujeres. En este sentido, el acuerdo sí prevé, como quería Vox, la aprobación de una ley denominada de lucha contra la violencia intrafamiliar que promueva «medidas preventivas» y dote de una «protección adecuada» a las víctimas. Sin embargo, frente a la exigencia de la formación ‘verde’ de eliminar «cualquier discriminación» en la atención a los afectados por violencia doméstica -que incluirían a varones-, el texto pactado señala, en cambio, que se actualizara la normativa vigente -Ley de Violencia de género de Castilla y León- «para mejorar la atención a las víctimas, especialmente cuando sean menores, mayores, mujeres, personas con discapacidad o vulnerables y con especial énfasis en el medio rural».

Otro cambio significativo es que no aparece la derogación del Decreto de la Memoria Histórica que exigía Vox. En su lugar, sí se incluye como uno de los ejes el «combatir cualquier intento de quienes tratan de utilizar nuestra historia común para dividir a los españoles».

Tampoco se ha aprobado la demanda de «reducir todas las subvenciones públicas a sindicatos, patronales y organizaciones políticas» que queda en una apuesta por la «reducción significativa del gasto institucional superfluo y la supresión del gasto público ineficaz». Fuera ha quedado del acuerdo la reclamación de «eliminar de todos los documentos oficiales los ataques a la lengua española con el denominado ‘lenguaje inclusivo» admitiendo el PP que hay que «consolidar a Castilla y León como un referente cultural en España y proteger nuestras tradiciones y la riqueza del español».

Otra variación a las peticiones de Vox es la referida a « la reinstalación de centrales de producción de energía en Castilla y León », aunque sí acuerdan la exigencia común de que «se revierta una política energética que ha perjudicado a las familias y reducido la competitividad de las empresas».

En el último punto del acuerdo entre ambas formaciones se recoge que la Junta promoverá «una inmigración ordenada que, desde la integración cultural, económica y social, y en contra de las mafias ilegales, contribuya al futuro de Castilla y León». Frente al contenido definitivo del acuerdo, desaparece la intención de Vox de eliminar en 90 días las partidas que promuevan «el efecto llamada y favorezcan el tráfico de seres humanos». También exigía -sin cabida en el pacto- que la Junta colaborará con la policía en «la identificación de inmigrantes ilegales que puedan ser expulsados».

Pocos cambios en los demás puntos principales con apuestas claras por la familia y la natalidad, con el mundo rural, frente a la despoblación, a favor de una Ebau única y una educación que prime el esfuerzo y permita la libertad en la elección de los centros, la defensa de las víctimas del terrorismo, una financiación autonómica justa, asegurar la integridad territorial de Castilla y León con un equilibrio entre las provincias o aprovechar, además de garantizar unos servicios públicos de calidad y fortalecer a provincias y municipios.