El PP refuerza a los alcaldes y obliga a sus cargos a atenderles y consultarles

Así, el texto contempla expresamente que «reforzaremos el papel de los alcaldes y concejales de los 2.248 municipios de la Comunidad , recogiendo de manera expresa la obligación, en todos los ámbitos de representación institucional y acción política, de atender sus demandas y ser informados de cualquier iniciativa de interés local». Recoge expresamente entre las «obligaciones» de los cargos públicos del PP la de «atender y recibir» a los cargos públicos y orgánicos del partido «cuando les sea requerido» y «con especial atención a las peticiones de atención o información formuladas por alcaldes y concejales». Se ha querido que «todos» los cargos «estén a disposición» de los ediles. «Ya que ellos son los que acercan la administración y el partido a los vecinos, acercarnos a ellos», que su papel y presencia en el partido «no se acaba el día de las elecciones», destaca Alfonso García Vicente, su coordinador.

También en las labores del Grupo Parlamentario en las Cortes se incorporan novedades en este sentido, como la obligación de trabajar «de la mano» con la administración local, «hacerles copartícipes y responsables» de las iniciativas, regulando el «derecho» a «escuchar» a escuchar a los alcaldes y concejales en los asuntos de repercusión local «en lugar de leer después» lo aprobado. Además, se le dota de «más capacidad de iniciativa política» y coordinación con el partido, ahora habrá bicefalia.

Entre las novedades en la parte de reglamento se avanza en «nuevos niveles de exigencia» y requerimientos que «garanticen» que la actuación de los cargos del partido es «conforme» a las exigencias de transparencia, rendición de cuentas, información, ejemplaridad... que la sociedad exige, además de apostar por una mayor «participación». En este sentido se crea la Oficina del Cargo Popular, integrada por personas que no desempeñen cargo público u orgánico, para «realizar un efectivo control interno» del cumplimiento de las obligaciones. Además, entre otros puntos, recoge que el Grupo Parlamentario aprobará un código ético «de obligado cumplimiento para sus miembros» que tendrá como «contenido mínimo» cuestiones que trata la legislación autonómica para los altos cargos de la Junta.

La parte política, que supone una «síntesis» entre el «legado» de Juan Vicente Herrera y su apuesta por el «autonomismo útil» por el que aboga también el texto y los «retos de futuro» se divide en tres partes. Por un lado, hace hincapié en la «igualdad» de derechos y oportunidades de los españoles, y en Castilla y León en particular entre los del medio rural y el urbano -habla del «blindaje» y «acercamiento» de los servicios públicos al territorio-, y reivindica la «labor» de las diputaciones, algo que también defiende en la Ponencia Económica y Administración Territorial, en la que aborda la ordenación del territorio, «instrumento clave -señala- para potenciar la capacidad de generación de riqueza y empleo en las zonas rurales, para mejorar las condiciones de vida de la sociedad en general y para superar los retos demográficos». Por otro, pone el centro y «foco de atención» en el «principal reto» de la Comunidad que son los desafíos demográfico. Por último, aborda lo que defiende como su forma de «hacer política», con la familia como «centro», los impuestos «bajos y justos» o el diálogo social.

En la ponencia económica incide en la «consolidación» del crecimiento económico y la creación de empleo como los «pilares» sobre los que se sustenten el resto de políticas, con las personas como «centro» de atención. Recuerda la necesidad de reformar el sistema de Financiación Autonómica , teniendo en cuenta las «circunstancias reales» de Castilla y León, así como la local. En materia fiscal, señala el «compromiso» del PP de «no implantar en los próximos años ningún nuevo impuesto propio», así como «avanzar» en nuevos beneficios ligados al emprendimiento e incluso apunta la reducción de algunos tipos, como el de Sucesiones y Donaciones y Transmisiones Patrimoniales en el ámbito empresarial. Apuesta por el sector agrario, una política energética diversificada y «defensa» del carbón.

En el texto social, con las personas como «epicentro» y una mirada especial a los servicios públicos, plantea, entre otros puntos, que, tras los años de crisis, «ha llegado el momento de retomar la necesaria inversión en infraestructuras y equipamientos sociales».