Cs no aclara el pucherazo de Clemente tras dar carpetazo al resto de primarias

El informe no señala ningún responsable por el «pucherazo» perpetrado en Castilla y León ni ninguna sanción, pero sí se detiene a comparar el caso de Igea con el del resto de denunciantes. Así, subraya que el candidato castellano y leonés sí realizó la «denuncia pertinente» en tiempo y forma y «utilizando la herramienta normativa del referido precepto reglamentario».

Del resto de candidatos señala que «transcurrido el preceptivo plazo de cinco días, computados desde el primer día hábil siguiente a la votación» no interpusieron ninguna impugnación de las primarias, por lo que en su caso no se detuvo de forma provisional el nombramiento del vencedor -como ocurrió con Clemente-. Aun así, este órgano asevera que atendió a todas las peticiones de información de los demandantes y certificó que todos los demás procesos habían sido limpios.

Eso sí, sigue sin aclarar cómo se produjo la manipulación en la votación telemática de las primarias en Castilla y León ni quién o quiénes estuvieron detrás del «pucherazo» que otorgó en el recuento 82 votos irregulares a Silvia Clemente y proclamó inicialmente a la expopular y apuesta del aparato como ganadora. Diez días después de que la Comisión de Garantías y Valores del partido forzase al Comité Ejecutivo a corregir la «incidencia» en las primarias de Castilla y León, continúa sin conocerse quién estuvo detrás ni a qué posibles sanciones se enfrenta.

Eso sí, a la vez que la Comisión de Garantías del partido da por zanjadas todas esas denuncias posteriores, también va un paso más allá, y alerta de que puede castigarse antes la proyección de la desconfianza interna que la ejecución de un fraude electoral. En un informe al que ha tenido acceso ABC y que está fechado el martes 19 de marzo, advierte de que ha trasladado las actuaciones de ciertos denunciantes a la Comisión del Régimen Disciplinario de la formación para que estudie posibles sanciones por «crear una situación anómala y perjudicial» para los intereses de Cs. Así que ahora las denuncias pueden volverse en su contra. En un partido que promueve en el Congreso de los Diputados para proteger a los denunciantes de corrupción puede salir muy caro acudir a los medios de comunicación a lanzar piedras sobre el propio tejado. Todo después de la denuncia de presuntas irregularidades lanzada por Francisco Igea -rival de Clemente y finalmente proclamado candidato de Cs en Castilla y León- y que terminó con la anulación de 82 votos fraudulentos que no correspondían a afiliado alguno y concentrados a altas horas de la madrugada.

En las conclusiones que recoge la Comisión de Garantías se contempla la posible vulneración del artículo 12 de los Estatutos de Cs por la «publicidad externa en grupos de redes sociales y/o medios de comunicación» que haya podido dañar la imagen del partido. Una norma que señala como falta «muy grave» aquellas «manifestaciones públicas que menoscaben el buen nombre del partido o de sus afiliados, así como la creación o participación en grupos organizados que sean contrarios a los intereses del partido». Curiosamente, los Estatutos ven solo falta «grave» en «la utilización de los medios del partido a los que tenga acceso por razón de sus funciones para influir en procesos electorales internos, sea a favor o en contra de alguna candidatura». Es decir, hablar mal del partido tiene un castigo mayor que tratar de manipular unas primarias internas.

Con esa advertencia sobre la mesa, ningún informe que haya salido a la luz hace referencia al culpable de la manipulación de la votación ni a su posible castigo. Ayer, el propio Igea incidió en que tiene «absoluta confianza de que se va a llegar hasta el final» en la investigación abierta.

Mientras, desde la Junta de Castilla y León, su portavoz, Milagros Marcos, censuró que Cs en vez del partido de la «regeneración» parece el de la «degeneración», a la vez instó a la formación de Rivera a llegar «al fondo».