La Junta pide personarse como parte «perjudicada» por fraude a Hacienda

La petición se resolverá en «los próximos días» , cuando se sabrá si se admite o no que la administración sea acusación en la causa, un extremo que no se ha acordado de inicio porque el Ejecutivo no había concretado los motivos por los que quería ser parte de este procedimiento, que ya se ha iniciado sin él. Con la apertura de diligencias, sólo la Abogacía del Estado, en representación de la Agencia Tributaria, figura, de momento, como acusación particular y como perjudicada.

La jueza estimó que la Junta presentó el pasado día 4 no concretaba «ni la condición ni el concepto» , informaron ayer fuentes jurídicas. El Juzgado instó a subsanar estas deficiencias y ya ha recibido el argumentario de la administración en el que el principal motivo para reclamar ser parte del proceso es la posible afección que de forma indirecta haya acarreado a la Comunidad un delito contra Hacienda Pública. Cabe recordar que el Ejecutivo había negado perjuicios a los fondos autonómicos y defendió la personación en un daño al «honor» y en una posible pérdida de «confianza».

Con fecha del 3 de mayo y notificado este martes a las partes, la diligencia de ordenación de la jueza recoge la admisión a trámite de la querella de la Fiscalía Anticorrupción que señalaba a 21 personas de formar parte de un entramado que se nutría de comisiones por de la instalación de parques en Castilla y León - estos pagos llegaron a superar los 80 millones de euros-. Con este trámite se estableció automáticamente el calendario de citaciones que se desarrollarán entre el 2 de junio y el 27 de septiembre y a partir del cual desfilarán por sede judicial todos los investigados, así como siete testigos, para tratar de dilucidar y depurar responsabilidades de una trama en la que se trata de aclarar si hubo delitos de blanqueo, contra la hacienda pública, prevaricación y cohecho.

Dos años después de que un informe de la Agencia Tributaria destapara el caso, el 2 de junio dará inicio las declaraciones previstas por la jueza y que se extenderán en diez sesiones hasta finales de septiembre -siendo agosto inhábil en los juzgados salvo casos de urgencia-. El primero en responder a las preguntas de las partes será el que la Fiscalía Anticorrupción ha situado al frente de la trama, Rafael Delgado, quien desde su puesto de la Junta ordenó traspasarse la potestad para autorizar la instalación de parques eólicos. Con esta capacidad de dar visto bueno o denegar proyectos, la querella señaló que «amenazó» a sus promotores con cerrarles la puerta sino admitían en sus iniciativas la participación de empresas con las que «tenía especial relación» y que se beneficiaban sin aportar capital. Este «modus operandi» derivó, según el Ministerio Público, en un sistema para el pago de comisiones.