La Junta de Castilla y León estudia ser acusación particular en la trama de las eólicas

Todo después de que el fin de semana se conociera que en la nómina de acusados por Anticorrupción figuran, entre otros, Rafael Delegado, viceconsejero de Economía , y Alberto Esgueva, antiguo consejero delegado de la empresa pública Excal. Se les acusa, junto a otras personas entre las que también hay empresarios, de prevaricación, blanqueo, delito fiscal y tráfico de influencias a través de una trama en la que Rafael Delgado, tras atribuirse en exclusiva las competencias, decidía si conceder o denegar las autorizaciones de aerogeneradores -hasta entonces en manos de las delegaciones territoriales- con el pago de comisiones de por medio, cifradas en 80 millones de euros.

En el escrito remitido a la Fiscalía, la Junta destaca que la notificación de esa resolución de la querella «resulta esencial para que esta Administración pueda hacer valer sus derechos ante el órgano judicial». Y es que, según dio a conocer a través de un comunicado, la Junta «tiene interés en personarse» en las diligencias -que Anticorrupción derivará a Valladolid- «en caso de que exista un perjuicio para la Hacienda pública de la Comunidad o para los intereses públicos que la misma representa». Desde el Gobierno regional, además, recordaron que ya en abril de 2015 remitieron un escrito al conocer también de forma indirecta que se estaba investigando ese presunto cobro de comisiones, detectado en un informe de la Agencia Tributaria hace dos años. En este sentido, recordaron que desde entonces la Junta «ha participado en el proceso de investigación abierto, colaborando y remitiendo» a esa Fiscalía «cuanta documentación e informes han sido requeridos a fin de facilitar su labor y así poder depurar responsabilidades».

También ayer, a través de diferentes vías, con distintas fórmulas y variadas opiniones, los grupos políticos de la oposición en las Cortes se movilizaron para reclamar que el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, comparezca en el Parlamento autonómico -en pleno o en comisión- para «dar explicaciones» sobre la presunta trama de las eólicas.

Que Rafael Delgado esté entre los acusados llevó al PSOE a preguntar directamente a Herrera por sus «responsabilidades» como presidente «in eligendo», al haber «elegido» por acuerdo de su Consejo de Gobierno al exviceconsejero de Economía, con Tomás Villanueva al frente del departamento, y, por tanto, «con todos los beneplácitos» del jefe del Ejecutivo. Así como «vigilando».

Precisamente sobre esos exaltos cargos implicados en la trama, el presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco , recordó que esas personas «hace mucho tiempo que ya no están en la Junta». Aún así, incidió en que desde la Justicia se deberá intervenir «contra quien sea», Además, hizo hincapié en que «si hay una persona sobre la que se puede poner con tranquilidad la mano en el fuego es el presidente Juan Vicente Herrera». El también alcalde de Salamanca subrayó su confianza en los Tribunales de Justicia, que son «los que deberán actuar e investigar». Eso sí, pidió que ésta opere «a la mayor rapidez posible» y lo haga «independientemente de quien sea o el cargo que desempeñe» si se constata que se han dado hechos penalmente punible.