Fernández Carriedo ve una «esperanza» en los cambios del sistema de Garantía Juvenil para jóvenes en paro

En ese sentido, Fernández Carriedo remarcó que el acuerdo que permite, por un lado, «flexibilizar» el sistema de Garantía Juvenil a través de una mayor facilidad para inscribirse en el mismo y, por otro, «facilitar mecanismos más sencillos para la certificación de fondos y para ver qué jóvenes pueden recibir las ayudas de la Unión Europea». Todo ello aunque -dijo- Castilla y León «tiene ocho puntos menos de paro que la tasa española en tema de empleo joven» también es verdad «que los jóvenes tienen más dificultades para acceder al mercado de trabajo y han sido los más castigados por la crisis económica».

A su juicio, la posibilidad de que jóvenes inscritos en las listas del paro puedan pasar al registro del Sistema de Garantía Juvenil de una forma «mas sencilla» va a permitir «llegar a más jóvenes que estén en situación de desempleo». Así, explicó que a partir de ahora se elimina la «condición» de haber estado tres meses sin percibir ningún tipo de formación o haber tenido algún empleo para ser beneficiario del Sistema.

A su juicio era una «circunstancia extraordinariamente difícil de entender» que un joven con contrato temporal que pasaba a ser indefinido quedaba fuera del Sistema y «no podía ser ayudado» ya que había tenido un empleo temporal en los últimos tres meses.

Además explicó que, según lo acordado en la Conferencia Sectorial, las ayudas recibidas hasta ahora por jóvenes que no estaban inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil van a ser «computables a efectos de la financiación europea» siempre y cuando se inscriban ahora, lo que es «una buena noticia para los jóvenes y para el sistema público de empleo de Castilla y León».

Con todas estas medidas se aspira a aumentar la cifra de 17.000 jóvenes que ahora están inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil. El potencial máximo, explicó, es de 40.000 personas que es el número de jóvenes menores de 30 años inscritos en las listas del paro en la Comunidad. No obstante, Fernández Carriedo recordó que el objetivo no es «inscribir por inscribir» sino que «lo vayan haciendo aquellos que realmente cumplen las condiciones para recibir una ayuda».

El acuerdo se va a plasmar en un Real Decreto Ley que el Gobierno tiene intención de aprobar este mismo viernes en el Consejo de Ministros y que «es inmediatamente aplicable desde el momento de su aprobació». En este sentido, el consejero se mostró confiado en que no haya dificultades a la hora de convalidarlo en las Cortes ya que «si ha habido un amplio consenso entre todas las comunidades autónomas también lo haya en el ámbito del Parlamento» ya que en la Conferencia Sectorial están representadas regiones de «todo signo político».

Minutos antes de celebrarse la reunión de la Conferencia Sectorial, el consejero de Empleo se reunió en privado con la ministra de Empleo, Fátima Báñez, con la que abordó los «criterios» del impulso del Sistema de Garantía Juvenil para «el caso concreto» de Castilla y León. La creación de empleo para este colectivo «es prioritario para nosotros», apuntó Fernández Carriedo, quien recordó que aunque Castilla y León está mejor que España en desempleo y también en desempleo juvenil todavía tiene un problema que resolver en este aspecto.

Aunque valoró que Castilla y León tenga una tasa de paro media del 13,91 por ciento -cinco puntos menos que la media española- en el caso de los jóvenes «se dispara» al 34 por ciento. Aseguró que se está creando empleo para jóvenes «al doble de ritmo» que para el conjunto de la población. «También es verdad que teniendo ocho puntos menos de paro juvenil que la media nacional tenemos mucho más paro juvenil que la tasa media de paro de la Comunidad».

Por otra parte, el titular de Empleo informó de que finalmente el Real Decreto no contendrá el llamado «cheque de formación» que permite a los jóvenes recibir una dinero para realizar algún curso que ellos mismos elijan dentro de sus preferencias. «Alguna comunidades ha planteado alguna objeción desde el punto de vista de las competencias», explicó.

Por ello, se acordó «abrir un tiempo» en el que el Gobierno y las comunidades «a nivel de directores generales» busquen «la fórmula para hacer compatible la mejora de acceso al Certificado de Profesionalidad» sin invadir competencias de los ejecutivos autonómicos. Eso sí, a su juicio todos deben ser conscientes de que están «ante unas circunstancias excepcionales que requieren soluciones excepcionales».

En todo caso afirmó que la «conclusión» a la que han llegado en la Conferencia Sectorial de Empleo es que «es bueno avanzar hacia un sistema que permita obtener el Certificado de Profesionalidad» que, dijo, «está demostrado» que «facilita» la incorporación de los jóvenes al mercado de trabajo.