El Ayuntamiento de Valladolid pide 3 años de cárcel para De la Riva por el aval del soterramiento

En el escrito, la Asesoría Jurídica Municipal considera que las tres cartas de conformidad («comfort letter») suscritas por Dela Riva en los años 2008, 2010 y 2011 tenían la naturaleza jurídica de un aval y la última de ellas comprometía cien millones de euros (lo que se corresponde con el 25 por ciento del crédito de 400) de las arcas municipales si la Alta Velocidad incumplía la obligación de devolver el préstamo y los intereses a los seis bancos acreedores, según publica El Norte de Castilla.

Los letrados municipales entienden que el exalcalde cometió un delito de prevaricación porque «sabía» que para poder firmar un aval tenía que haber iniciado un procedimiento que incluía obtener el informe del interventor municipal, haber solicitado la autorización de la Consejería de Hacienda de la Junta y haberlo sometido a un pleno. Asimismo, señala que De la Riva también tenía conocimiento de que la deuda viva que soportaba el Ayuntamiento no podía haber firmado ese aval. Este argumento va en contra de la defensa del exregidor, que en su declaración ante la jueza que instruye el caso señaló que desconocía la naturaleza jurídica de la carta de conformidad.

Respecto al delito de falsedad, señala que en la carta de conformidad de 2011 figura que había sido rubricada con todos los acuerdos y autorizaciones y señalaba que se firmaba en «ejecución de los acuerdos internos suficientes adoptados a este respecto». Según las declaraciones de los altos funcionarios municipales, esas autorizaciones y tramitaciones jamás tuvieron lugar.

El escrito, presentado ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid en el que el Ayuntamiento solicita la apertura de juicio oral, el Consistorio pide para los que fueran concejales de gobierno de De la Riva y en su momento miembros del consejo de administración de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad – Manuel Sánchez y Alfredo Blanco (en activo dentro de bancada municipal del PP )–, una pena de siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un presunto delito de prevaricación pasiva o por omisión.