Arrancan las declaraciones de los consejos de administración de ADE por el caso de la Perla Negra

¿Es cierto que el proyecto estaba encargado antes de hacerse público? ¿Por qué se adjudicó el mobiliario sin un concurso? ¿Correspondía asumir el pago de ocho millones en facturas? Son algunos de los muchos interrogantes que están encima de la mesa del Juzgado de Instrucción número dos de Valladolid, que investiga los avatares que rodearon a la «Perla Negra» desde que en 2005 salió en el Bocyl una convocatoria que, inicialmente, buscaba el alquiler de un edificio, hasta la compra en 2009 del mismo a un precio anunciado de 52 millones (60 con IVA), que se elevó finalmente por encima de los setenta. Todos los citados ahora formaron parte de los consejos de administración de Gesturcal, después ADE Parques, durante la operación urbanística.

La sospecha de irregularidades empieza desde el inicio del procedimiento . Un representante del Estudio Lamelas de arquitectos, que se encargó del edificio, ya se sometió al interrogatorio ante el juez y señaló que el borrador del pliego del proyecto estaba en su despacho antes de que se publicara el concurso. Esto ocurriría en diciembre de 2005 y Urban Proyecta fue la adjudicataria del contrato de alquiler con derecho a compra como la única empresa que se presentó. Renunció meses más tarde -alegando «dificultades técnicas y económicas» y después de que se incluyera en el pliego la condición de una tasación tras la construcción del edificio-, a este acuerdo, que había suscrito con ADE Parques Tecnológicos. No obstante, la Agencia de Desarrollo Económico delegaría después el asunto en Gestión Urbanística de Castilla y León (Gesturcal), que adjudicó de nuevo el proyecto a la misma empresa. En este caso sin concurso mediante. A finales de 2006 comenzaron las obras del edificio.

El segundo principal escollo se refiere a cuando la «Perla Negra» ya estaba acabada. Pese a que el acuerdo inicial era de un arrendamiento por 76 millones en 15 años, finalmente se optó por la compra pagando un total de 52 millones de euros, según se explicó en su momento, en 2009. El montante se estableció de acuerdo a un informe de valoración encargado que elevaba el precio en torno a un treinta por ciento frente a lo inicialmente cifrado. La tasación es uno de los puntos más borrosos de esta investigación , ya que los múltiples informes existentes ofrecen valoraciones distintas. La diferencia es evidente entre los primeros informes, los que evaluaron la compra y los encargados ahora por el juez instructor.

Además, se investiga que el precio de 60 millones, incluidos impuestos , podría haberse elevado en otros ocho millones y medio en facturas por costes de actuaciones en el edificio, como obras de acondicionamiento. En estas, destacan 4,5 millones en concepto de la carga financiera.

Para explicar el complejo procedimiento, este miércoles arrancan las declaraciones de altos cargos relacionados con Gesturcal, ADE Parques Tecnológicos y ADE Parques (en la que se fusionaron en 2008 las dos anteriores). A José Rodríguez-Sanz Pastor le seguirán a lo largo de las próximas cuatro semanas el delegado territorial de la Junta en Valladolid, Pablo Trillo; los directores generales de Presupuestos y Estadística, Industria y Calidad y Sostenibilidad Ambiental, José Armando Baeta, Carlos Martín Tobalina y José Manuel Jiménez; y Francisco Javier de Andrés Guijarro, secretario general de la Consejería de Economía. Los seis fueron en algún momento vocales de los consejos de administración o cargos de Gesturcal o ADE Parques ya fuera antes o después de su fusión.Por el momento, este lunes pasarán por la sala de vistas número 1 de los Juzgados de la calle Angustias Benedicto González Vereda, quien fuera director gerente de la Agencia de Inversiones y Servicios de Castilla y León, y Salvador Molina Martín, cuya que fue director general de Gesturcal desde 2005 hasta 2008, cuando se produjo la fusión con ADE Parques.

En un siguiente bloque de declaraciones queda pendiente que pasen por el juez otra tanda de ex altos cargos, tales como el ex viceconsejero de Economía, Rafael Delgado, o Alberto Esgueva, ex director de Creación de Empresas, Internacionalización y Servicios de la ADE, en el que se detectaron posibles vínculos societarios con quien entonces era consejero delegado de Urban. Quedaría por saber si la exviceconsejera de Economía y Empleo, Begoña Hernández, es citada a declarar como investigada, tal y como ha solicitado la Fiscalía.

La investigación ahonda no sólo en presuntas irregularidades en torno a la «Perla Negra», sino también en la compra de los terrenos del Parque Empresarial del Portillo (Valladolid), donde se estudia si hubo pelotazo urbanístico tras trascender que las empresas a las que Gesturcal se los compró por 35 millones los habrían adquirido por diez, según un informe policial.