Velasco advierte de posibles «responsabilidades personales» a los concejales que rechazan la Zona de Bajas Emisiones de Toledo

La normativa estatal impone a todas las ciudades de más de 50.000 habitantes la creación de una ZBE, con el objetivo de mejorar la calidad del aire y reducir emisiones. Velasco subrayó que la negativa a aprobar la ordenanza podría generar «daños patrimoniales» al Ayuntamiento al dificultar el acceso a subvenciones y fondos europeos, y llegó a advertir que las responsabilidades podrían exigirse «en persona» a los concejales que voten en contra.

En primer lugar, el portavoz de IU, Txema Fernández, ha justificado su voto contrario por considerar que el proyecto no se integra en un modelo global de movilidad sostenible ni está respaldado por una actualización previa de otras ordenanzas necesarias. Fernández ha afirmó que el texto llega «en un momento que no es el adecuado» y que la propuesta «no va a ser eficaz para combatir el cambio climático ni mejorar la salud». Criticó también que la ordenanza apenas contempla una sanción —una multa por acceder indebidamente al Casco Histórico— y que las numerosas moratorias hacen que el sistema no restrinja realmente el tráfico contaminante hasta 2031. «Hemos hecho una ordenanza que no va a servir», concluyó.

Desde Vox, su portavoz, Juan Marín, ha reiterado su oposición frontal a las ZBE, que calificó como una imposición derivada de la Agenda 2030. Ha afirmado que el cambio climático «existe desde que el mundo es mundo» y ha defendido que no está causado por la acción humana, sino por procesos naturales.

Juan Marín ha mantenido además que el Casco Histórico «no es una zona contaminada» y que la ordenanza pretende «limitar la libertad de los ciudadanos para moverse». Por principios y convicción, ha dicho, su grupo no apoyará ninguna Zona de Bajas Emisiones.

El concejal del PP José Manuel Velasco ha defendido que la ordenanza llega avalada por «todos los informes técnicos favorables» y ha recalcado que la obligación de aprobarla no obedece a criterios ideológicos, sino legales. Advirtió que no sacar adelante el texto podría obligar al Ayuntamiento a devolver ayudas ya recibidas y bloquear el acceso a otras futuras, especialmente las destinadas a transporte público. «Gobernar es tener responsabilidad. Una cosa es gobernar y otra hacer populismo. Estamos decidiendo si cumplir la ley o no», ha afirmado, señalando que incluso la tramitación actual tan solo abre un periodo de información pública para que los toledanos presenten alegaciones.

El portavoz socialista, Francisco Rueda, ha criticado que la ordenanza se presente por urgencia —segunda vez en pocas semanas— sin convocar previamente una Junta de Portavoces. Rueda ha mostrado su preocupación por lo que interpretó como una «amenaza» velada de Velasco sobre posibles responsabilidades económicas personales: «Independientemente de eso, y aun arriesgando mi patrimonio y el de mis hijos, voy a explicar nuestro voto». El PSOE ha reprochado al PP no haber defendido nunca la ordenanza «por convicción», sino solo como obligación legal. Cuestionó además que se limite al Casco Histórico, «una de las zonas con menos tráfico de la ciudad», y criticó que el estudio técnico no incorpore alternativas de movilidad, transición justa ni mejoras en transporte público, peatonalización o carriles bici. Rueda ha recordado que todas las enmiendas socialistas fueron rechazadas salvo una de carácter menor, y señaló que la ordenanza «no va a mejorar nada», sino que solo impondrá restricciones y aumentará la recaudación municipal.

De esta forma, el Pleno ratifica del rechazo al proyecto, dejando nuevamente en el aire la implantación de la Zona de Bajas Emisiones en Toledo y abriendo un nuevo capítulo de tensión política sobre una obligación legal que la ciudad debe afrontar antes de final de año.