El presunto grupo organizado que no se escondía: se instaló a primeros de 2020 y alquiló varios terrenos

El edil también es agricultor y los responsables de la plantación sí le ofrecieron alquilarle un terreno cercano, pero a Julio no le interesó. «Estoy muy sorprendido porque nunca se escondieron; aparentemente, todo era normal porque estaba a la vista de cualquiera» , afirma el regidor municipal. El megacultivo de 135.000 plantas se encontraba a un kilómetro del casco urbano y junto a la carrera de Huerta a La Guardia. «Los dos caminos que están al lado seguro que son los más transitados que tiene el pueblo», recalca Julio.

El alcalde explica que los responsables de la explotación llegaron al pueblo a primeros de 2020 y alquilaron unos terrenos a varios agricultores «para sembrar ellos». «No tengo constancia de que a algún agricultor le hubiesen propuesto sembrar -asegura-. Ellos alquilaron unos terrenos y sembraron lo que ellos llamaban cáñamo medicinal».

La Guardia Civil tiene puesto en el pueblo y, desde el primer día, los agentes «estuvieron muy pendientes», continúa el edil, quien subraya que ningún agricultor tiene que pedir permiso para sembrar. «En principio, toda la documentación que presentaron era legal, sobre el tipo de simiente y el tipo de planta. Entonces, supuestamente, el cultivo era de uso medicinal» en una plantación con vigilancia las 24 horas.

Es cierto que hay empresas que ofrecen por internet comprar este tipo de cultivos para darles salida en el mercado negro. Pero no es el caso descubierto en Huerta de Valdecarábanos, donde la finca supuestamente estaba dedicada a una macroplantación legal de cáñamo, según la documentación aportada para obtener los permisos.

Así lo creían también los vecinos de este pequeño municipio, que se levanta en una de las provincias a la cabeza de las aprehensiones de marihuana en España, gracias a las operaciones de la Guardia Civil y la Policía Nacional. Emplazado en la Mesa de Ocaña, tiene unos 1.700 habitantes. «Hay muchas parcelas agrícolas, pero no muy grandes, sin mucho regadío», cuentan en el pueblo . «El año pasado creo que fue el primer año que lo cosecharon», afirma un paisano. «Vino gente a la recolecta. Personal del pueblo prácticamente no había; casi todas las personas eran de personas. Y, en principio, no ocurrió nada anormal» , recuerda el alcalde.

Los tres detenidos son españoles. La Guardia Civil los considera un grupo criminal: dos serían los jefes, que están en prisión, y otro era el encargado, que se encuentra en libertad con cargos después de declarar en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ocaña. La Guardia Civil les atribuye delitos contra la salud pública, pertenencia a grupo criminal y contra los derechos de los trabajadores por un megacultivo de 135.000 plantas, cada una con casi tres kilogramos de cogollos. Llevan en prisión desde el 8 de octubre, comunicada y sin fianza.

También hay seis trabajadores investigados, pero no arrestados: tres hondureños, dos españoles y un salvadoreño. En esta historia ellos son, a la vez, presuntos autores de un delito y víctimas. Estaban sin contrato laboral y los cuatro extranjeros, en situación irregular en España. Además, vivían en un recinto, a un par de kilómetros de la plantación, que no reunía las más mínimas condiciones de habitabilidad, según la Guardia Civil. Sin embargo, a los jefes de la plantación no les han imputado un delito de trata de seres humanos.

El 'casetucho' donde vivían estaba junto a dos naves acondicionadas con material para ser convertidas en cultivos interiores de marihuana y tener un mayor aumento de producción, según los investigadores. También había una zona de secado de las plantas -una enorme nave sin paredes-, con un sistema cerrado de cámaras de seguridad y vigilancia. En este recinto estaban almacenadas unas 30 toneladas de picadura de marihuana, presumiblemente procedentes de la temporada pasada y a las que no pudieron dar salida; y otros 3.720 kilos de cogollos listos para su distribución.

Eso es una evidencia para la Guardia Civil que se sumaba a otra: el 26 de septiembre, en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, se intervino una importación de 112 kilos de cogollos de marihuana, que habían sido declaradas como plantas, sin especificar de qué tipo, y cuyo destinatario era la empresa responsable de la plantación investigada.

Hay bandas que asaltan este tipo de plantaciones porque saben que hay negocio, y no precisamente por el cultivo del cáñamo con fines industriales. Por eso los responsables y sus trabajadores vigilaban las 24 horas diarias. Ni siquiera el 16 de septiembre y el 6 de octubre -los días que estuvieron los agentes de la Guardia Civil para tomar muestras y para desmantelar las instalaciones-, los empleados dejaron de moverse en coche por los caminos de la macroplantación.

Se da la circunstancia de que, el mismo día que la Guardia Civil realiza una primera inspección -el 16 de septiembre-, la Policía Nacional estaba desmantelando otro megacultivo de 12.600 plantas a 35 kilómetros de distancia, en Borox. Y, como les sucedió a los policías con el tractor que usaron para destruirlas, a los guardias también se les averió la máquina empleada para cortar las plantas, viscosas y pegajosas. «Es habitual que pase», dice un agente. Y más en una provincia, con 204 pueblos, que es puntera en cultivos de ‘maría’.