Intervenidas 135.000 plantas de marihuana, la mayor cantidad en un mismo cultivo en Europa

La Guardia Civil realizó el pasado 16 de septiembre una inspección en una plantación supuestamente dedicada al cáñamo con fines industriales y ubicada en la localidad de Huerta de Valdecarábanos, con el fin de comprobar su situación legal para evitar el tráfico y elaboración de estupefacientes.

En esta inspección, los agentes tomaron una muestra de las plantas para comprobar si sobrepasaba el índice máximo legal del componente psicoactivo de este supuesto cáñamo. El resultado arrojó que estas plantas eran en realidad cannabis sativa, las cuales habían sido modificadas genéticamente para asimilarlas al cáñamo industrial y tener una apariencia legal.

Continuando con la investigación, el pasado 26 de septiembre la Guardia Civil del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas intervino una importación de 112 kilos de cogollos de marihuana, las cuales habían sido declaradas como plantas, sin especificar de qué tipo, y cuyo destinatario era la empresa responsable de la plantación investigada.

Los agentes volvieron a realizar una segunda inspección el día 6 de octubre, donde procedieron a intervenir las 135.000 plantas de marihuana en su totalidad y deteniendo a los principales autores de los hechos. Además, en unas naves cercanas a la plantación, cuya empresa responsable empleaba como secadero, se hallaron e intervinieron 30 toneladas de picadura en seco del resto de la plantación del año anterior y 3,720 kilos más de cogollos listos para su distribución.

La finca donde se hallaba esta macro plantación alcanzaba una superficie de 12 hectáreas, con vigilancia permanente las 24 horas. En las proximidades había dos naves dispuestas con material para ser convertidas en cultivos indoor de marihuana y tener un mayor aumento de producción, así como una zona de secado con un sistema cerrado de cámaras de seguridad y vigilancia.

También en esta última inspección, los agentes observaron que los empleados que se hallaban en dicho cultivo eran en su mayoría extranjeros en situación irregular en España, sin contrato laboral y la vivienda que les había facilitado la empresa no tenía las más mínimas condiciones de habitabilidad.

Esta operación se enmarca dentro de la operación Miller y ha sido desarrollada por el equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil de Toledo y la Compañía Fiscal de la Guardia Civil del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.