PSOE y PP certifican el acuerdo en las Cortes para alcanzar un nuevo y mejor Estatuto

En su intervención en la Cámara, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha destacado que el acuerdo alcanzado entre el PP y el PSOE es «bueno para el conjunto de España» porque puede ser «un ejemplo de que, si queremos, nos podemos entender».

García-Page ha asegurado que este es «un día de los trascendentes» y calificó de «preciosa» la coincidencia en las fechas de este trámite del nuevo Estatuto con el del golpe de Estado de 1936. «Por fin Castilla-La Mancha va a tener algo bueno que celebrar un 18 de julio».

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También ha dado las gracias a los equipos negociadores del Gobierno regional y el PSOE, pero «muy particularmente» al PP y a su presidente, Paco Núñez, sobre el que admitió que «tengo que reconocer y agradecerle su trabajo y su papel al frente del PP».

El presidente regional ha puesto el énfasis en el «valor esencial» de «acordar» para así «estar a la altura de lo que la gente común, la inmensa mayoría, reclama de los políticos. Estamos haciendo algo que reclama la ciudadanía. Siempre, siempre será mejor avanzar con acuerdos que sin ellos», ha afirmado.

Además, García-Page cree que con este acuerdo se consigue enmendar «un borrón en la historia constitucional de España», como es el hecho de que la última modificación del Estatuto se produjera con los únicos votos del PP durante la etapa de gobierno de María Dolores de Cospedal. «Creo que lo que estamos haciendo hoy es bueno para el conjunto de España», aseguró, esperando que esto sirva para «aportar lo que podemos hacer» y que sea «un ejemplo de que, si queremos, nos podemos entender», ha manifestado.

No obstante, ha expresado su deseo de que «ojalá fuera por unanimidad», momento en el que se dirigió a Vox para explicarles que no se les ha llamado a participar en las negociaciones para la reforma «por no hacerles perder el tiempo y, sobre todo, por no perderlo lo demás». Y eso, según Page, porque «para ustedes el Estatuto de Castilla-La Mancha se resumiría en un artículo: Artículo único. Fin de las autonomías y desaparición de Castilla-La Mancha y, de paso, de todo el Título VIII de la Constitución», ha apuntado.

Desde las filas del PSOE, su diputada Ana Isabel Abengózar ha definido el proyecto como «una hermosura de texto», y agradeció la «altura de miras, el compromiso, la responsabilidad y la disposición» del PP para sentarse a trabajar «codo con codo» con el PSOE y el Gobierno regional para sacar adelante esta reforma.

Durante su intervención, el presidente regional del PP, Paco Núñez, ha asegurado que él cree en una región «ambiciosa, ilusionada comprometida y que se marca ambiciosos objetivos que pueden ser alcanzables», algunas de las razones por la que ayer su partido votó a favor de la toma en consideración de esta reforma del Estatuto.

«Votamos porque creemos que es positivo para Castilla-La Mancha y para los castellanomanchegos», ha declarado Núñez, afirmando que «cuando cualquier elemento sea positivo para el conjunto de los castellanomanchegos, el PP va a estar siempre arrimando el hombro y trabajando por el futuro de Castilla-La Mancha y por el bienestar del conjunto de los castellanomanchegos».

También ha aprovechado su intervención para responder a David Moreno, señalando a Vox que «si dedicasen el mismo tiempo que dedican a criticar al PP a trabajar por construir una alternativa al socialismo, quizá les iría mejor a ustedes y al conjunto de los castellanomanchegos».

En este sentido, el diputado de Vox David Moreno ha dedicado buena parte de su intervención sobre todo a cargar contra el PP, al que acusó de convertir a los socialistas en su «socio preferente», en una «gran coalición» para una reforma del Estatuto que, en su opinión, se convertirá en «una estafa más» de ambos partidos.

Dirigiéndose a Paco Núñez, Moreno ha criticado que los 'populares' «dejaron de ser oposición hace ya mucho tiempo. Hace dos días se reunieron en el Palacio de Fuensalida y Núñez volvió a ofrecer seis pactos más. Han elegido como socio preferente al PSOE y con ello están avalando todas sus políticas», ha lamentado.

Las Cortes también debatieron sobre la reforma de su reglamento. Así, el socialista Fernando Mora ha recordado que el reglamento de las Cortes es «básico» y que este nuevo que ahora se propone es «mucho más abierto, mucho más comprometido, mucho más dinámico». De esta manera, el nuevo reglamento va a posibilitar que el Parlamento autonómico «tenga más posibilidades, más capacidad de trabajo» y eso significa «profundizar en nuestra democracia, incrementar el control parlamentario del Gobierno regional».

Del lado del PP, Santiago Serrano ha afirmado que este es un «gran acuerdo» por el que «hay que felicitarse» porque con la reforma del reglamento de la Cámara se da «un paso definitivo» hacia su modernización, así como hacia un mejor funcionamiento y agilidad de debates e iniciativas.

Como parte de su competencia, el vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, ha defendido que la Ley de Integridad de Castilla-La Mancha va a reforzar los controles sobre los altos cargos de la Administración regional, toda vez que, tras las de Transparencia y Participación en las dos legislaturas anteriores, «supone cerrar la estructura jurídica en materia de integridad pública de la Comunidad Autónoma, y situarla al nivel de las más exigentes en la materia».

A lo largo de 26 artículos, la ley establece nuevas obligaciones a los altos cargos, como la obligación de presentar una declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las causas de incompatibilidad que pueda afectar a su dedicación exclusiva a la gestión pública, que se sumará a las declaraciones de Actividades, Bienes y Rentas que ya se están realizando.

Incluye además la obligación de los miembros del Consejo de Gobierno de presentar una declaración de patrimonio en el mismo momento de la convocatoria electoral, que servirá para comprobar que no exista un incremento de patrimonio irregular durante el tiempo que haya ejercido ese cargo público.

En lo relativo de los conflictos de intereses, los altos cargos tendrán que abstenerse en la toma de decisiones que puedan favorecer a empresas o entidades privadas en las que pueda haber un conflicto de intereses, por estar involucrados en las mismas familiares o personas que puedan condicionar la toma de decisión.

Como voz discordante, desde Vox se destacó que esta ley llega tarde y «enmascara un perverso y oscuro motivo», que a su juicio es «una paga VIP, una paguita dorada» para altos cargos y políticos en los dos años posteriores a su cese de actividad, «que podría suponer más de 20 millones de euros a las arcas públicas de la región».