La Comunidad de Madrid aconseja llegar a «los acuerdos oportunos» con el aeródromo de Casarrubios

Estre párrafo del informe viene a reconocer la improcedencia técnica de levantar un aeródromo en territorio de Madrid, en los términos municipales de El Álamo y Navalcarnero, ya que habría interferencias claras y evidentes del espacio aéreo y, lo que sería también problemático, interferencias acústicas con núcleos de población, en especial la urbanización Calypo-Fado de Casarrubios.

Este planteamiento favorece la propuesta que desde la empresa que explota el que es el aeródromo civil de mayor tráfico y movimiento de España para que la Comunidad madrileña abandone su proyecto y a cambio se integre en el ya existente de Casarrubios, que tendría dos pistas de cuatro kilómetros, lo que permitiría acoger la máxima capacidad aérea ejecutiva dentro de lo que se cataloga como aeropuerto de uso público. Es decir, que permitiría el aterrizaje de todo tipo de aeronaves, hasta las de mayor envergadura y tonelaje, algo que en el proyecto de Madrid no sería posible puesto que la pista de su aeródromo es de solo dos kilómetros.

En lo que se refiere a la vertiente política, la situación ha dado un gito de 360 grados. Si antes existía cierta colisión entre el Ejecutivo socialista castellano-manchego y la Comunidad que gobierna Esperanza Aguirre, ahora los responsables que deberían ponerse de acuerdo participan en los órganos de dirección del PP: Aguirre y María Dolores de Cospedal. En este sentido, cabe recordar que en la provincia existe un implícito acuerdo político, tanto del PSOE como del PP, de apoyar esta infraestructura.

Otro de los aspectos a tener en cuenta —de gran importancia porque sería seguir un camino opuesto al aeropuerto de Ciudad Real, en el que la inversión pública ha sido un lastre económico— es que en este caso la financiación sería prácticamente privada en su totalidad. Existen accionistas importantes del sector aéreo que ya operan en el aeródromo y grandes empresas interesadas en la conversión de Casarrubios en un aeródromo de gran capacidad.

El Plan de Infraestrucruras Aeroportuarias de la Comunidad de Madrid, definido como «integrador, innovador, ambicioso y con vocación de futuro», tiene como eje fundamental el cierre del aeródromo de Cuatro Vientos —«totalmente absorbido por el entorno urbano, obsoleto y colapsado»— y la construcción de otros dos nuevos, uno en Campo Real y el otro el denominado Aeródromo del Suroeste, como un «elemento dinamizador en términos de desarrollo económico y social».

El aeródromo del Suroeste, que es el que afecta de forma muy directa al de Casarrubios, está situado en una parcela de 230 hectáreas situada por mitad en los términos de El Álmao y Navalcarnero (entre la M-404 y la R-5). El objetivo es que esta infraqestructura absorba las operaciones que se desarrollan actualmente en Cuatro Vientos (unas 65.000 al año), además de las de aviación de negocios que se realizan en Torrejón de Ardoz. Se indica en el plan que este aeródomo Suroeste comenzará a funcionar con una pista de 2.000 metros de longitud —la mitad que la que se pretende construir en Casarrubios—, cuya orientación definitiva dependerá de los resultados del estudio de orientación de vientos.

Precisamente esta cuestión es muy importante, ya que en el estudio preliminar su orientación no es la natural según la «rosa de los vientos», característica que sí cumple Casarrubios. Además,hay que tener en cuenta las inavisones de los espacios aéreos entre dos aeródromos separados por unos centenares de metros.

De ahí que en su plan, la Comunidad de Madrid, al presentar el proyecto del aeródromo del Suroeste, recoja literalmente que «impulsará los acuerdos oportunos con el aeródromo privado de Casarrubios con el fin de evitar cualquier interferencia entre los espacios aéreos de ambas infraestructuras».

No hay que olvidar, además, que ya el aeródromo de Casarrubios tiene una parte pequeña de su infraestrcurura dentro de territorio de la Comunidad de Madrid. Con la ampliación que pretende ese terreno sería mayor, de ahí la oportunidad de conseguir acuerdos entre ambas Comunidades si se decide a impulsar la infraestructura toledana, ya que entre otras cosas son necesarios los permisos para ocupar el territorio.

Responsables del aeródromo de Casarrubios del Monte ya manifestaron en junio pasado que confían en que el cambio político en Castilla-La Mancha beneficie al proyecto de ampliación de la infraestructura, declarado de Interés Regional por el Gobierno de Castilla-La Mancha en julio de 2010. De hecho, el anterior Ejecutivo regional remitió a primeros de este año al Ministerio de Fomento el plan director del aeródromo de Casarrubios, con el fin de obtener la reserva del espacio aéreo para comenzar en el desarrollo del proyecto.

Ignacio Elduayen, portavoz de la empresa gestora del aeródromo de Casarrubios, Aerohobby, confía en que el hecho de que Castilla-La Mancha sea ahora del mismo signo político que la Comunidad de Madrid pueda ayudar al proyecto. De este modo, se muestra partidario de la ejecución de un proyecto conjunto entre Castilla-La Mancha y el Gobierno de Esperanza Aguirre, ya que considera que «es lo más sensato y lo mejor», aunque confiesa que el Ejecutivo madrileño «nunca» se ha puesto en contacto con los responsables del aeródromo. Sin embargo ahora confía en que con el PP en el Gobierno de Castilla-La Mancha se pueda llegar a un entendimiento con la Comunidad de Madrid. «Que sean del mismo signo político siempre ayuda», señaló Elduayen, que añade que los responsables del aeródromo no descartan ponerse en contacto con el Gobierno de María Dolores de Cospedal.

También desea que sendas administraciones consigan ponerse de acuerdo y puedan confeccionar un proyecto «bonito» que satisfaga a las dos regiones y a toda la zona centro.

Elduayen dejó claro que el proyecto de ampliación del aeródromo de Casarrubios del Monote no es un proyecto para «especular», sino que tiene «mucha demanda» y tendrá «éxito». Además, recuerda que Castilla-La Mancha no tendrá que poner «un duro» y que la idea es que otras empresas de la región entren a formar parte del proyecto.

Si finalmente sale adelante el proyecto de ampliación, la infraestructura, que lleva funcionando desde 1996, pasará de 37 a 320 hectáreas y contará con una nueva pista de 1,6 kilómetros de longitud. La inversión estimada es de 8,6 millones de euros, según datos aportados en su día por la entonces Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda.