Vía libre en la Junta a la subida de salarios, paga extra y días de permiso

Este martes, el Consejo de Gobierno ratificaba el acuerdo alcanzado hace unos días entre la Administración regional y los sindicatos CC.OO., UGT y FSES (ANPE y Satse), para mejorar a lo largo de la legislatura las condiciones retributivas y laborales de los empleados públicos. Un acuerdo alcanzado por mayoría del 58% de los representantes de los trabajadores, ya que ni CSI-F ni STE han firmado este convenio al considerar que no se recupera empleo público.

Para explicar el acuerdo, durante un receso del Consejo de Gobierno, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, compareció ante los medios de comunicación; insistió en que su departamento ha intentado compatibilizar la recuperación de derechos de los que tienen trabajo y de los que no lo tienen; de esta forma, el incremento salarial de los funcionarios se irá realizando a lo largo de la legislatura y en función de las posibilidades presupuestarias.

En principio, este año habrá un incremento general de las retribuciones en el 1%, que el porcentaje máximo autorizado por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016.

También se producirá la devolución del 50% restante de la paga extra que suprimió el Gobierno en diciembre de 2012 , de la que un 25% se abonará inmediatamente después de la aprobación de los presupuestos de la región (será en abril o mayo), y el otro 25% en el mes de octubre, «siempre y cuando la situación presupuestaria lo permita», indicó el consejero, aunque aseguró que en todo caso no pasará de enero de 2017 sin que se haya pagado.

También el acuerdo recoge la recuperación de la llamada «tasa Cospedal», es decir, la reducción de un 3% de sueldo que se hizo a los funcionarios de la región. Se abonará un 1,5% en el año 2017, tomando como referencia las retribuciones a 31 de diciembre de 2016; otro 1,5% en el año 2018, sobre las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2017, y se añade un 0,5% adicional en 2019.

También se recuperan los días de permiso por asuntos particulares y los días adicionales de vacaciones por antigüedad, así como los cuatro días de ausencia por enfermedad o accidente sin necesidad de baja médica.

A estas mejoras hay que unir la devolución del 25% de la paga extra en octubre o la recuperación de la jornada laboral de 35 horas semanales.

Sobre este asunto, este martes ha vuelto a producirse un enfrentamiento dialéctico entre Gobierno central y el regional sobre el presunto recurso de inconstitucionalidad que iba a poner en marcha el Gobierno en funciones de Rajoy contra la Ley aprobada en las Cortes de Castilla-La Mancha.

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas insistía en que el Estado ha iniciado un procedimiento para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley para recuperar las 35 horas semanales para los empleados públicos -sólo en Castilla-La Mancha está en vigor-, después de que el delegado del Gobierno, J osé Julián Gregorio , asegurara el lunes que se trataba de una «filtración interesada del Gobierno de Page para ocultar otras cosas».

Según Gregorio, «lo que el Estado ha pedido es una reunión de la comisión mixta, como se pide en otras comunidades, en la que se va a hablar de muchas cosas y nadie ha hablado de que se vayan a recurrir las 35 horas».

De la misma forma se pronunció ayer el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Francisco Cañizares, quien defendió que el abogado del Estado no ha presentado ningún recurso de insconstitucionalidad. «El Gobierno no ha dicho nada de recurso, simplemente se ha llamado a la Junta a una reunión». Según Cañizares , «el único que habla de recurso es el presidente regional, Emiliano García-Page».

El responsable del PP dijo que su grupo «va a estar al lado de los funcionarios de Castilla-La Mancha, sabemos del esfuerzo que han hecho y que es el momento de revertir la situación económica, porque ahora es mejor», dijo.

Aún así, el consejero de Hacienda insistió en que la celeridad con la que el Gobierno de Rajoy quiere reunirse con la Comunidad Autónoma sólo puede tener como objetivo el recurso contra la ley de las 35 horas semanales y se mostró muy crítico con el delegado del Gobierno, asegurando que «está bastante despistado, no está informado ni conoce el funcionamiento de la Administración». Incluso llegó a decir que produce «bochorno y vergüenza ajena tener un delegado del Gobierno de estas características, el de menor nivel en la historia de la democracia».

La teoría de Juan Alfonso Ruiz Molina es que la expresidenta del Gobierno regional, María Dolores Cospedal , está detrás de «las prisas» del Gobierno para celebrar la Comisión Bilateral de Cooperación entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma.

Y desde el PSOE, las críticas se dirigieron al PP por defender ahora las 35 horas semanales. «Hay que tener mucha cara dura», indicaba el diputado José Luis Escudero.